LIMA (apro).- Las miles de peruanas, en su mayoría campesinas pobres e indígenas, que denuncian haber sido esterilizadas mediante engaños, coacciones o incluso a la fuerza durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) se sienten una vez más burladas por la justicia de su país. El pasado 27 de julio la fiscal que investigaba la demanda contra el expresidente y tres de sus ministros de Salud decidió archivar nuevamente el caso. Pese a que el Estado peruano se comprometió en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y sancionar a los responsables de esta masiva violación a los derechos humanos, esta es la cuarta vez desde entonces que una resolución del Ministerio Público elude presentar una denuncia formal contra Fujimori, que ya está cumpliendo una pena de prisión de 25 años por otros crímenes de lesa humanidad y por corrupción. En esta ocasión, la fiscal a la que se le encargó la revisión del caso después del último intento de archivamiento, Marcelita Gutiérrez, no sólo consideró que el exmandatario, sus ministros y otros tres altos cargos de la cartera de Salud no tenían responsabilidad en los abusos cometidos en la aplicación de un programa de planificación familiar en los últimos cinco años de su lustro. Además, aseguró en su resolución que la cifra de mujeres que fue realmente obligada a ligarse las trompas fue mínimo y que la responsabilidad en todo caso es únicamente de los médicos que las operaron. De hecho, sólo reconoció a siete víctimas y presentó una acusación ante el Poder Judicial contra cinco galenos por estos casos. Gutiérrez redujo el número de presuntas víctimas porque éstas suscribieron, con sus firmas o simplemente con sus huellas digitales, documentos de consentimiento. No les dio crédito cuando dijeron que no sabían lo que firmaban porque no lo entendían o creían estar autorizando otra cosa. La fiscal “se burla de todas nosotras”, critica la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Esperanza Huayama. “Hemos dicho que nos han esterilizado a la fuerza en tiempos del presidente Fujimori. Decimos la verdad. Tenemos el dolor en nuestro cuerpo. No estamos mintiendo. Somos campesinas humildes que no sabíamos leer”. El engaño como método Esperanza fue esterilizada con engaños cuando estaba embarazada de tres meses. Su caso es similar al de la mayoría de las víctimas: fue intervenida en unas condiciones deplorables. No le llegó a hacer efecto del todo la anestesia y después de la ligadura fue dejada en una habitación con varias mujeres recién esterilizadas compartiendo camas de dos en dos y quejándose por el dolor. Al igual que muchas otras mujeres sometidas a esterilización forzada, ha sufrido las secuelas de esa cirugía desde entonces: “No puedo hacer fuerza, no puedo trabajar. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de barriga, me duele la espalda”, se queja. En 1996 el gobierno de Fujimori comenzó a implementar un programa de planificación familiar a nivel nacional que sobre el papel era voluntario. El objetivo era reducir las altas tasas de natalidad que se registraban particularmente en las zonas de mayor pobreza, habitadas por indígenas andinos y amazónicos, lacerados por una pobreza crónica desde tiempos de la colonia. Sin embargo, en la práctica, los puestos de salud de esas zonas fueron por una parte estimulados para cumplir unas altas cuotas de esterilizaciones y por otra presionados para alcanzar los objetivos establecidos, según han denunciado muchos médicos y enfermeros. Como consecuencia, el personal de salud terminó captando por todos los medios a hombres y, principalmente mujeres, para someterlos a la “anticoncepción quirúrgica voluntaria”. Estos medios, según multitud de testimonios de víctimas, incluían engaños como que era obligatorio esterilizarse cuando se alcanzaba cierto número de hijos y que no hacerlo equivalía a ser excluidos de los programas sociales o de la atención sanitaria pública; falsas promesas de apoyos en forma de alimentación o de cuidados médicos y medicinas de por vida; coacciones como la amenaza de cárcel, e incluso la violencia física, que significó que algunas mujeres fueron operadas atadas a la camilla. Se hacían campañas de esterilización de unos pocos días en los que incluso intervenían policías para evitar que las mujeres captadas escapasen. Las afectadas eran principalmente campesinas quechuahablantes, muchas de ellas analfabetas y habitantes en lugares remotos donde rara vez o casi nunca llegaba el Estado. En total, 265 mil 824 mujeres y 21 mil 737 hombres fueron esterilizados en Perú en el último lustro del siglo pasado (principalmente entre 1996 y 1997, pues el ritmo bajó tras empezar a generalizarse las denuncias), según cifras oficiales recogidas en la resolución de la fiscal. La investigación incluye dos mil 74 víctimas, aunque existe la certeza de que la cifra es mucho mayor, ya que muchas de ellas nunca han denunciado por temor, vergüenza o, simplemente, porque no son conscientes de sus derechos y no saben que pueden hacerlo. Las investigaciones comenzaron en 2001, un año después de la caída del régimen de Fujimori, quien es acusado, junto con los tres ministros de Salud que ocuparon el cargo mientras duró el programa de planificación familiar, de delitos de lesa humanidad por las esterilizaciones. Pero el caso ha sido archivado por la fiscalía en cuatro ocasiones: en 2004, 2009, 2014 y, ahora, 2016. En las tres anteriores fue reabierto. Entre otras razones porque el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo llegó en 2003 a un acuerdo amistoso ante la CIDH por el caso de una mujer, Mamérita Mestanza, quien murió durante la operación para esterilizarla. El Estado peruano se comprometió a investigar exhaustivamente el caso. Ahora, las denunciantes van a pedir que un fiscal superior lo revise y en aproximadamente un mes éste decidirá si ratifica la decisión de Gutiérrez o si le ordena que haga una acusación formal contra alguno o algunos de los altos funcionarios denunciados. Si esta instancia tampoco les resulta favorable, han adelantado que recurrirán nuevamente a instancias internacionales, como la CIDH. En su resolución, la fiscal descarta que el programa de planificación familiar estuviera destinado a la esterilización forzosa de “todas las personas de un grupo étnico o social” ni a la vulneración de derechos fundamentales. Aunque admite que se produjeron “actos individuales de vulneración de los derechos de muchas personas”, culpa por estos al personal sanitario y niega que se traten de delitos de lesa humanidad. Esta argumentación coincide punto por punto con la respuesta que da el fujimorismo cada vez que se le recuerda este suceso de su gobierno. El año pasado, Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente, reconoció y lamentó los casos de esterilizaciones forzadas pero las achacó exclusivamente a los médicos que las ejecutaron. Las organizaciones de derechos humanos que apoyan las víctimas recuerdan que el fujimorismo todavía tiene muchas influencias en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Gutiérrez ya había sido criticada por las denunciantes por las continuas ampliaciones del plazo para la investigación de la denuncia y sospechaban que lo que quería era demorar su decisión hasta después de la elección presidencial del pasado mes de junio, en la que estuvo a punto de ganar Keiko Fujimori. Fujimori busca el indulto Por otra parte, pese a que el plazo para presentar su resolución se había vencido hace tres semanas, la fiscal esperó, al más puro estilo del régimen fujimorista, hasta la última hora hábil de la víspera de la fiesta de la Independencia –que Perú celebra el 28 de agosto y que este año incluyó cuatro días festivos- para hacerlo. Justo unos días antes, Fujimori había presentado una nueva solicitud de indulto que deberá resolver el nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Aunque éste ha negado que lo vaya a conceder, algunos fujimoristas han insinuado que sería una buena señal para tener una convivencia pacífica con el nuevo Congreso, en el que ellos tienen una mayoría absoluta con 73 congresistas de un total de 130. La apertura de un nuevo juicio en contra del expresidente por las esterilizaciones forzadas haría más improbable su indulto. Como prueba de que no se trató de una política de esterilizaciones forzosas masivas, la fiscal Gutiérrez alega que la intervención quirúrgica ocupó en esos años el último lugar entre los métodos anticonceptivos aplicados. No obstante, su número pasó de menos de 33 mil ligaduras de trompas y mil 400 vasectomías en 1995 a casi 82 mil y seis mil 300 respectivamente en el primer año del programa y a 109 mil y 10 mil 300 en el segundo. La funcionaria del Ministerio Público asegura que su equipo, que se desplazó a distintas capitales regionales del país donde, citó a declarar a un total de cinco mil 590 presuntas víctimas, pero acudieron menos de dos mil, “evidenciándose un claro desinterés por parte de aquellas personas que no concurrieron”. Sin embargo, Milton Campos, abogado de Demus, replica que Gutiérrez no explica “qué diligencias hizo que permitiera agotar hasta el máximo la posibilidad de que ellas concurrieran”. La ONG, agrega, ha recibido testimonios de varias mujeres que fueron convocadas con dos días de antelación en zonas poco accesibles del país. Otras “incluso recibieron la comunicación después del día de la citación”. Además, añade Nilda Guerrero, una maestra líder de la organización de víctima de la región de Huancabamba, en el norte del país, “hay mujeres que no tienen medios suficientes. Viven en caseríos bien lejanos y no tienen plata para pagarse el pasaje y la comida” que les implica desplazarse a la ciudad para prestar su declaración. Por otro lado, Gutiérrez asegura que de las casi dos mil mujeres a las que sí tomaron testimonio, sólo mil 780 dijeron haber sido esterilizadas y que más de mil de éstas indicaron que habían otorgado su consentimiento. Pero Campos también pone en duda esta afirmación y cuestiona la forma en que se les preguntó a las mujeres por ese consentimiento, que no viene detallada en la resolución. “Hay muchos testimonios de mujeres que han mencionado que ellas suponían que la intervención que le estaban haciendo no generaba las consecuencias que realmente tenía. Eso de ninguna manera puede considerarse como un consentimiento informado”, sostiene el letrado. Ya durante la investigación, algunos de los miembros del equipo fiscal que recogieron los testimonios de mujeres fueron acusados de maltratarlas. La fiscal también descartó como agraviadas a 84 mujeres que dijeron haber sido engañadas o forzadas para ser esterilizadas, porque se cuenta con la firma de consentimiento, a otras 164 por no existir un registro de sus operaciones y a 513 más que alegaron haber sido captadas mediante engaños porque “no existe ningún elemento objetivo que permita corroborar la incriminación de convencimiento y/o engaño más allá de sus propios dichos. “Se cuestiona la versión de las víctimas. Si ellas dicen claramente que ha habido personas que les han ofrecido dinero, víveres y muchas cosas, simplemente para la fiscalía ese extremo no vale porque es la versión de las víctimas contra la versión de los denunciados”, critica Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), otra de las organizaciones que acompañan a las mujeres en su denuncia. La funcionaria del Ministerio Público considera insuficiente “la sola alegación de que por ser analfabetas y/o quechuahablantes y que por ello podrían encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad” para considerar inválida su firma de consentimiento. Por si fuera poco INRI les recrimina el no haber “actuado con la mínima diligencia para superar” el engaño, preguntando, por ejemplo, al párroco de su pueblo o al maestro de la escuela. Campos le recuerda a la fiscal que “en esta etapa (del proceso) en Perú solo se necesitan indicios porque no se está en la etapa de sancionar a alguien, y que las mujeres digan que fueron engañadas es más que suficiente como indicio”. El caso de Nilda Nilda Guerrero recuerda bien el día de octubre de 1997 en que llegaron dos enfermeros a su casa y le dijeron que existía un mandato del presidente que hacía obligatoria la esterilización de todas aquellas peruanas que tengan dos hijos. “Era una orden de Fujimori: todos los hogares deben tener sólo dos hijos porque si no, no hay alimento, medicina, ropa… para atender a tantos niños”. Ella les dijo que tenía tres hijos pero que estaba usando una T o DIU de cobre (un anticonceptivo femenino). “Me dijeron: ‘Te vamos a sacar la T de cobre porque se te está encarnando y te va a dar un cáncer. Luego te vamos a esterilizar porque ahora tienes tres hijos, hasta los 50 años vas a tener seis o siete. ¿Con qué plata vas a alimentarlos y vestirlos? ¿Cómo les vas a dar estudio?”, rememora. Guerrero todavía se lamenta de que, siendo profesora, se dejó engañar así y llevar a operar, aunque asegura que no firmó ningún documento de consentimiento. “Me dijeron que era pequeño pinchazo y que más tarde ya iba a estar cocinando de vuelta. Pero no fue así. Todo era mentira, todo era convencernos. Me hicieron la esterilización en esa tarde en el hospital junto a otras tres mujeres con inmenso dolor”. “La señora fiscal no ha escuchado los testimonios de todas las mujeres esterilizadas. Debe escucharnos a todas”, reclama. Mediante el descarte de presuntas víctimas por parte de la fiscal, “de un megaproceso con dos mil 74 víctimas pasamos a un caso con siete agraviadas individuales”, subraya el director de IDL, Carlos Rivera. Incluso, advierte, las denuncias contra los cinco médicos que presenta la fiscal acabarán siendo archivadas, porque al no considerarse delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, empezarán a prescribir a partir de este mismo año. “Después de 15 años de investigación el sistema de justicia de nuevo les da la espalda a las expectativas de miles de mujeres que han estado esperando que se haga justicia”, lamenta Rivera.