LIMA (apro).- Cuando la periodista peruana Carol Villavicencio publicó el año pasado en la revista El Huacón, de la región de Junín, una lista de los 50 principales morosos del fisco de esta región del centro del país andino, no imaginó que iba a terminar envuelta en una pesadilla judicial. Y ello se debió, sobre todo, a que la fuente de su información era un documento oficial de la administración tributaria regional. Para su desgracia, entre los evasores se encontraba un congresista nacional que consideró vulnerado su honor, pese a adeudar una cantidad equivalente a unos 26 mil dólares, y presentó una demanda contra Villavicencio por difamación. En junio pasado un juez la condenó a una pena de dos años de cárcel suspendida y al pago de una indemnización de cerca de 15 mil dólares. “Mi información se difundió con base en un documento emitido por una entidad del Estado y era un tema de interés público porque se trataba de un congresista”, pero “el juez dice que yo informé de un tema de la vida privada de éste y que tenía que ver con la reserva tributaria”, explica la reportera, que ahora es directora de la revista. Este caso está lejos de ser excepcional en Perú. Por el contrario, cada vez más autoridades recurren a la querella por difamación para contraatacar a los periodistas que hacen denuncias de corrupción y de otras actitudes que les comprometen. Y han hallado en el Poder Judicial, que es una de las instituciones peor valoradas por los peruanos y, por lo tanto, una de las más reprobadas por la prensa, un aliado perfecto para tomar represalias contra ellos. “En los últimos tiempos parece que las autoridades judiciales han encontrado la mejor forma de intentar acallar a la prensa a través de las denuncias”, lamenta el decano del Colegio de Periodistas de Perú, Max Obregón. La maniobra de los jueces “suplentes” En los últimos cinco años, en coincidencia con el periodo del mandato recién terminado del presidente Ollanta Humala, este organismo ha contabilizado “más de 80 casos judicializados provenientes de autoridades locales, regionales y congresistas”, revela Obregón. “Son casos que tienen que ver con fiscalización y denuncias de corrupción” denunciadas por los trabajadores de la prensa querellados, detalla. “Por un lado están las autoridades (políticas), a las que no les gusta que les denuncien por actos de corrupción, y por otro el Poder Judicial, que da la impresión de que se frota las manos cada vez que llega un caso de un periodista querellado porque dos de las principales instituciones a las que criticamos es al Poder Judicial y al Ministerio Público por no hacer bien su trabajo”, añade Obregón. El problema es agravado por la situación precaria del sistema de justicia en Perú, añade el asesor de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) Pedro Yaranga, quien destaca que “la mayoría de estos casos no los están viendo jueces titulares, sino suplentes”. Los titulares, explica Yaranga, son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura y, en caso de ser demandados por mala práctica, pueden ser inhabilitados por éste. “Eso es un limitante para su ejercicio y se cuidan más. En cambio, un juez suplente es simplemente nombrado por el presidente de una o del distrito judicial y, si tiene alguna denuncia, simplemente lo retira”, relata. Por falta de presupuesto, el Poder Judicial apenas puede cubrir el 40% de las plazas con jueces titulares, subraya Yaranga. Para colmo en Perú, como en otros países latinoamericanos, las querellas por difamación no se enjuician por la vía civil, sino por la penal. Y conllevan condenas de hasta tres años de privación de la libertad, que en este país no implican una prisión efectiva sino una pena suspendida. Aunque este incremento del acoso judicial a los medios ya llevaba tiempo produciéndose, se había dado en las provincias del interior de un país excesivamente centralista, por lo que había pasado desapercibido a nivel nacional. Hasta que en abril pasado dos casos alertaron al gremio y a las organizaciones peruanas e internacionales de defensa de la libertad de prensa. En el primer caso, el exdirector del ya desaparecido Diario 16 Fernando Valencia fue condenado a 20 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación de 100 soles a raíz de una demanda del expresidente y líder del Partido Aprista Alan García (1985-1990 y 2006-2011). Éste había llevado a juicio a Valencia por una información en la que simplemente se reproducían unas declaraciones del hasta esta semana mandatario Ollanta Humala (“Ladrones a la cárcel y no en el poder”) y aseguraba que se refería a García. Aunque Humala no había citado a su antecesor explícitamente, el destino de sus palabras había quedado claro a todos, pues durante su mandato mantuvo un incesante enfrentamiento con García a raíz de varias investigaciones por corrupción en contra de éste. Después llegó la condena al escritor y periodista Rafo León, quien fue demandado por la exeditora del periódico El Comercio Martha Meier por una columna de opinión que le había dedicado en la revista Caretas. En ella, León criticó a Meier por la agresividad de sus artículos de opinión y por lo que consideraba una “campaña de bullying muy injusta” contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Entre otras cosas, decía que mientras Meier defendía causas ambientalistas salía constantemente en las páginas de sociales “envuelta en zorros”, junto a amigas de clase alta limeña y que El Comercio debería “desembarazarse” de ella por hacer “periodismo irresponsable”. Meier lo acusó de difamación al asegurar que la había llamado “zorra” y por achacarle la responsabilidad de su despido de El Comercio. Este se produjo unos meses después del artículo de León, aunque el propio diario lo achacó a unas columnas en las que ella acusaba sin pruebas a una empresa minera de pagar sobornos y al financista y filántropo estadounidense George Soros de ser “promotor” del narcotráfico. La querellante pedía la pena máxima por el delito de difamación de tres años y uno más por considerar el delito muy grave, lo que significaría ya prisión efectiva. Pese al revuelo que causó el anuncio anticipado de que León iba a ser condenado, en una causa que había estado congelada durante meses, una jueza acabó sentenciándolo a pagar seis mil soles de multa y a una pena privativa de libertad que se reservó y cuya no aplicación condicionó a que el periodista mantenga un “comportamiento adecuado” durante un año. “Todo el mundo sintió que esto era una salida feliz, pero yo me dí cuenta de inmediato de que era la peor de todas: ponerme una espada de Damocles durante un año”, señala León, que apeló la sentencia. “Clima de autocensura” Estos casos motivaron varios pronunciamientos de alerta de actores internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Reporteros Sin Fronteras los consideró “un verdadero ataque al principio fundamental de la libertad de expresión”. Incluso, como estas sentencias se produjeron en el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales del pasado mes de junio, la misión de observadores de la Unión Europea advirtió en su informe electoral que “pueden haber contribuido a un clima de autocensura” y destacó que se basaron “en la expresión de opiniones o interpretaciones y no en informaciones falsas”. Sin embargo, esto no parece haber preocupado a las autoridades peruanas, que han seguido denunciando a periodistas; ni a los jueces peruanos, que han continuado emitiendo polémicas sentencias contra éstos. El caso más reciente provino nada menos que del gobierno de Ollanta Humala, que unas semanas antes de dejar el poder, acusó por medio del Ministerio de Defensa al programa televisivo de investigación Panorama de “traición a la patria”. El motivo de la acción judicial fue un reportaje, difundido en abril pasado, en el que se reveló que miembros del Ejército falsificaron las firmas de supuestos informantes en una zona selvática en que quedan remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso para quedarse con el dinero de las recompensas. Según el gobierno, el programa mostró como prueba unos documentos calificados como secretos, en referencia a los justificantes falsos de esos pagos. No obstante, la opinión mayoritaria de los analistas es que se trata de una venganza. Ese mismo programa reveló unas agendas que habían pertenecido a la primera dama, Nadine Heredia, en las que figuraban grandes sumas de dinero recibidas y gastadas durante la campaña electoral de 2011 y que han motivado una investigación judicial en contra de la esposa del ya expresidente. Este incremento de las querellas por difamación está afectando al trabajo de la prensa peruana, según las organizaciones de periodistas. Por una parte, los denunciados tienen que dedicar a su defensa una buena suma de tiempo y una cantidad de dinero que muchas veces no pueden permitirse. Rafo León logró el apoyo de la asociación Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que le proporcionó un abogado, pero asegura que, si lo hubiera tenido que pagar él, “ya debería andar a estas alturas por los 40 mil dólares”. Pero lo peor es que la mayoría de las demandas por difamación van dirigidas a periodistas del interior del país, mucho más vulnerables que los de la capital. “La mayoría de ellos no tiene trabajo fijo, son concesionarios (de espacios informativos en radio o televisión). Y los corresponsales de los medios nacionales tampoco están en planilla”, indica Pedro Yaranga. “Son poquísimas las empresas periodísticas que apoyan al periodista y normalmente, cuando hay una denuncia los abandonan y queda totalmente desprotegido”. “Ellos mismos deben asumir el costo del abogado y éste muchas veces no conoce del tema y no hace una buena defensa”, apunta el asesor de la ANP. En muchos casos, ni siquiera apelan cuando hay una condena en primera instancia porque no pueden pagar las costas judiciales ni a su abogado, agrega. Libertad “entre comillas” Incluso las empresas periodísticas, a menudo familiares o unipersonales, sufren financieramente por estos litigios. Da fe de ello Esther Valenzuela, que es propietaria y directora de una emisora de radio, Estación Wari, en Ayacucho, y que tenía también un periódico que se vio obligada a cerrar, entre otros motivos por los costos de las 12 querellas a las que se ha enfrentado en el último lustro. Tres de ellas siguen activas. Una está en apelación después de que fuera condenada en primera instancia a dos años de prisión suspendida y a una reparación de siete mil 500 dólaresen un caso que muestra a la perfección la connivencia entre el poder político y el judicial en su pinza contra la prensa. La demanda fue presentada por el antiguo gobernador de Ayacucho Ernesto Molina en 2010 después de que Valenzuela informó de las irregularidades en la concesión para la construcción de un hospital que finalmente no se llevó a cabo y que supuso la pérdida para las arcas públicas de 12 millones de dólares que se habían dado como adelanto. Molina, relata la periodista, “presentó su denuncia como para tapar su proceso irregular y no mueve ni un dedo, demora incluso en darle trámite”. Pero cuando Valenzuela comenzó a criticar la gestión de su sucesor, Wilfredo Oscorima, y al presidente de la Corte Superior de Justicia regional, Tony Changaray, “se empieza a acelerar el proceso que había estado durmiendo el sueño de los justos y me sentencian”. “Para nosotros es un riesgo porque la libertad de prensa está entre comillas. Cumplimos con informar, denunciar irregularidades, pero el Poder Judicial acepta las querellas y prácticamente funciona en razón al poder político y económico de los litigantes”, critica la periodista. Todo esto, advierte Max Obregón, busca que los periodistas se autocensuren a la hora de denunciar la corrupción. Rafo León reconoce que ahora es más cuidadoso a la hora de escribir sus columnas, a pesar de que la sentencia que le exige un “comportamiento adecuado” todavía no está en vigor porque ha sido apelada: “Sentí lo que es la autocensura, sentí que tenía que pesar cada palabra que ponía, hasta que dije que no iba a caer en ese juego y seguí escribiendo como siempre lo he hecho”. También Villavicencio dice que, aunque sigue investigando casos de corrupción, vive “con el temor de que cualquier información me va a significar otro proceso y que ese proceso se podría convertir, si es que hay otra sentencia, en pena efectiva (…) Es como si los periodistas viviéramos en libertad condicional en todo momento”, lamenta. El gremio periodístico peruano exige que los casos de difamación pasen del fueron penal al civil, como marca la tendencia internacional en los países democráticos. “No se puede meter a alguien a la cárcel por una información”, asevera Obregón. Sin embargo, recientemente las autoridades peruanas han intentado ir en el camino contrario. Este año se presentó un proyecto de reforma del código penal que incluía un aumento de la pena máxima por difamación de tres a cinco años, lo que implicaría prisión efectiva. Esta modificación fue frenada en el Legislativo, pero todavía está pendiente de ser debatida y, eventualmente, votada. Obregón alerta que quieren meter “de contrabando la prisión efectiva para el periodismo: es un artículo que va dirigido a periodistas”.