LIMA (apro).- El relevo presidencial en Perú, este jueves 28, cuando el empresario y economista de 78 años Pedro Pablo Kuczynski reemplace para los próximos cinco años al exmilitar Ollanta Humala, tiene más visos de ser un cambio de administrador que un cambio de gobernante. A pesar de que ambos personajes tienen personalidades diametralmente opuestas y llegan al poder con programas totalmente distintos y en un contexto económico completamente diferente, nadie parece tener expectativas de que Kuczynski implemente un gran cambio en las políticas de gobierno. Más bien se espera que mantenga el piloto automático y gestione con más eficacia que su predecesor una economía que, a pesar estar centrada casi exclusivamente en la explotación de recursos mineros y en la inversión extranjera, ha resistido hasta ahora el choque por la drástica caída de los precios internacionales de los minerales y se ha mantenido un ritmo aceptable de crecimiento. Eso sí, enfrenta la urgencia de mejoras rápidas en el tema de la deteriorada seguridad ciudadana, la principal preocupación de los peruanos, seguida por la corrupción. Hace cinco años el país andino apostaba por un cambio del modelo neoliberal que dejó el régimen autoritario de Alberto Fujimori en la década de los noventa, y que se ha mantenido imperturbable, al apostar por Humala. No obstante, éste acabó olvidando sus promesas y mantuvo el rumbo marcado por sus predecesores en materia económica, pero a la vez tuvo un desastroso manejo político y una carencia absoluta de liderazgo, lo que mitigó las ansias reformistas. Más de lo mismo Sobre el legado que desea dejar a su paso por el gobierno, Kuczynski ha dicho que quiere ser recordado como el presidente que modernizó a Perú, un país que, pese a dos décadas de crecimiento continuado, presenta todavía graves déficits en infraestructura, institucionalidad, educación, servicios públicos, inclusión social y funcionamiento de la justicia, entre otros aspectos. “Kuczynski no tiene metas ambiciosas. Lo que quiere es reparar aquello que está malogrado, que no está funcionando”, asegura el analista político Mirko Lauer. “En eso viene implícita la idea de que en realidad el orden nacional se puede arreglar, pero no hay ninguna necesidad de cambiarlo”. En los últimos 20 años, añade, un buen crecimiento económico ha reducido la pobreza de casi 50% a 20%. “Se ha formado una clase media y la gente ha duplicado sus ingresos. Entonces, la idea de Kuczynski es que más crecimiento producirá más reducción de la pobreza y ha ofrecido bajarla al 10%”. Lauer destaca que en las últimas semanas el nuevo presidente ha puesto el acento en conceptos como “desbloquear” o “destrabar”. “Esas palabras son alternativas a reformar, porque las reformas son políticamente costosas, difíciles, de futuro impredecible”. Y es que una de las características del mandato de Kuczynski va a ser su debilidad política. Desde la restauración de la democracia, con la caída del régimen de Fujimori en el año 2000, ningún presidente había contado con una fuerza tan mermada en el Poder Legislativo. Su partido, Peruanos Por el Kambio (PPK), apenas tiene 18 curules de un total de 150 de un Congreso unicameral, mientras el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, suma 73 parlamentarios. Esto se debe al sistema electoral peruano, con segunda vuelta y voto obligatorio, y a la peculiar división política de la sociedad peruana entre fujimoristas y antifujimoristas. En la primera vuelta pasaron Keiko con casi 40% de los votos válidos y Kuczynski con 21%. En la segunda, el empresario obtuvo una ajustadísima victoria con apenas 0.24 puntos porcentuales de diferencia. Pese a que se enfrentaban dos proyectos muy similares en sus programas, fue el temor a las prácticas autoritarias y los antecedentes de corrupción del fujimorismo lo que terminó decantando la balanza a favor del empresario. Y para ello contó con el decisivo apoyo de la izquierda. Juego parlamentario La derrota de Fuerza Popular por la mínima diferencia ha dejado resquemores en ese partido. Hasta ahora no queda claro si la mayoría fujimorista en el Congreso jugará un papel de oposición obstruccionista al gobierno o si adoptará un rol constructivo y de colaboración. Por el momento ha optado por la línea dura y planteado exigencias a Kuczynski, como el ofrecimiento de disculpas por los ataques durante la campaña o el indulto a Alberto Fujimori, que cumple una pena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y de corrupción durante su gobierno. Sin embargo, nadie tiene claro cómo se va a comportar la bancada de Fuerza Popular, un partido dividido entre el sector moderado que encabeza Keiko y el más duro que lidera el propio expresidente por medio de otro de sus hijos, Kenji. Además, existe la interrogante de qué harán la mayoría de congresistas del fujimorismo que no son miembros de Fuerza Popular, sino aliados de las regiones que pueden tener un mayor interés en llevarse bien con el gobierno que en mantener fidelidad a la formación política. Lauer subraya que “el juego parlamentario en Perú no es tan rígido como un simple cálculo aritmético. Por el camino aparecen alianzas y enemistades insospechadas”. Además recuerda que Perú “es un país presidencialista y que el Ejecutivo tiene muchísimos recursos, más que el Legislativo, para ir a una guerra política si fuera necesario”. Entre otras atribuciones, el presidente puede disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas si éste le rechaza dos gabinetes seguidos. Y puede hacer aprobar el presupuesto si el Congreso no lo vota en un determinado plazo de tiempo. En todo caso, Kuczynski está ante la paradoja de encontrarse ante una bancada mayoritaria de un partido con el que tiene muchas afinidades políticas que de momento se le muestra esquiva, y ante una izquierda con la que tiene poco en común pero que le ayudó a ganar las elecciones. Y esta izquierda sí va a pedirle cambios de fondo, pues considera que seguir apostándole todo a un modelo extractivista es insostenible a largo plazo, deja importantes problemas medioambientales y sociales y, de hecho, ya está dando muestras de agotamiento. Con una previsión de crecimiento del PIB para este año de 3.8%, mejor que la mayoría de países de la región, “Perú no es un país que esté en una situación crítica, pero ciertamente estamos en una encrucijada en la que tienen que tomarse decisiones no puramente cosméticas o superficiales. Tenemos que ir a cambios y reformas de fondo con decisión”, afirma Armando Mendoza, economista e investigador de la ONG de lucha contra la pobreza, Oxfam. “Esa es la gran pregunta: si Kuczynski lo hará”. “Receta para el desastre” El nuevo presidente, señala Mendoza, “tiene dos opciones: puede escoger ser alguien que no se va a pelear por nada y va a seguir administrando lo que ya hay, lo cual es una receta para el desastre en el mediano y largo plazo, o puede decidir pelear para dejar un legado y poner orden en algunas cosas”. Entre los grandes problemas que debería enfrentar señala la ineficiente y regresiva recaudación tributaria, que termina perjudicando a los más pobres con impuestos indirectos, la ampliación de la cobertura de los servicios públicos o la mejora de las condiciones laborales (el salario mínimo en Perú es equivalente a unos 225 dólares, uno de los más bajos de Sudamérica). Para Mendoza, Kuczynski representa “la continuidad del modelo”, y aunque reconoce que este “tiene limitaciones, lo que él propone es en principio algunos cambios cosméticos”. No obstante, recuerda que para lograr sumar los votos de la izquierda en la segunda vuelta electoral, tuvo que “tender puentes” hacia ésta y “suscribió una serie de compromisos y concesiones en el sentido de ir a un esquema más dialogado de su propuesta de gobierno”. Por otro lado, el economista reconoce que Kuczynski “no va a tener el margen de maniobra que tenían los gobiernos anteriores” en materia presupuestal. A la caída de los precios de los minerales se suma una rápida reducción de las exportaciones mineras –más de la mitad de las ventas al exterior-- desde hace dos años. En 2015, por primera vez en más de una década, las devoluciones a las empresas del sector han superado a lo recaudado por éstas. Y aunque este año han entrado en funcionamiento importantes proyectos mineros, éstos tardarán un tiempo en aportar ingresos a las arcas públicas debido al sistema de exenciones fiscales. El nuevo gobernante se ha comprometido a mantener los programas sociales introducidos por el actual gobierno, erradicar la anemia y la desnutrición infantil --que afectan a un millón y a 40 mil menores, respectivamente-- y proporcionar agua potable a 10 millones de personas que actualmente carecen de ese servicio, un tercio de la población del país. También prometió un paquete de obras públicas y un aumento de las pensiones y de los sueldos de maestros y policías, entre otros. Al mismo tiempo, anunció beneficios fiscales para las grandes empresas que reinviertan sus utilidades en Perú y la reducción progresiva del Impuesto General a las Ventas de 18% a 15%, en un intento de reducir la informalidad laboral, que se estima alcanza al 70% de la fuerza de trabajo del país, y es otro de los objetivos prioritarios de Kuczynski en ese intento de “modernizar” Perú. El problema, según Mendoza, es cómo va a aumentar el gasto corriente si se reducen los ingresos y se reduce la carga tributaria a las empresas. En lo que todos coinciden es en que el ámbito en el que el nuevo gobierno va a estar más urgido de resultados es en materia de lucha contra la delincuencia. Perú, señala Sofía Vergara, investigadora del Laboratorio de Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no está entre los países más violentos de América Latina. Incluso, la tasa de victimización ha bajado ligeramente los últimos cinco años hasta situarse en torno al 30%. No obstante, “la percepción de inseguridad ha tenido un aumento sostenido en ese tiempo”, destaca. Esto se debe a factores “como el desorden social, el caos vehicular, la informalidad…”, explica Vizcarra, quien añade que además se han dado en los últimos tiempos nuevos fenómenos como “el uso de armas para robo, la extorsión, la violencia urbana relacionada a crimen organizado”, incluido el sicariato. Contrario a otros partidos como Fuerza Popular, PPK evitó en su campaña la tentación populista de prometer mano dura y apostó más bien por soluciones menos efectistas y más efectivas, como la reforma de la policía y el fortalecimiento de la labor de inteligencia. Sin embargo, apunta Vizcarra, “sigue habiendo un pedido de mano dura y el nuevo gobierno va a tener que responder con resultados efectivos probablemente en el primer año”. De lo contrario, “la ciudadanía y la oposición en el Congreso se le van a venir encima” y “lo que va a volver es el tema de mano dura, que en otras experiencias no ha funcionado”, advierte. Proyectos mineros, conflictos latentes Lauer asegura que el de la seguridad es uno de los dos temas en los que el gobierno de Kuczynski se va a poner a prueba y va a demostrar su capacidad. El otro, añade, es cómo gestiona “la resistencia de numerosas comunidades en el país a los proyectos mineros”. Estas resistencias están detrás de la mayoría de los conflictos sociales que ha habido en el país en la última década y que han dejado unos 250 muertos y cientos de heridos en choques con las fuerzas de seguridad. La Defensoría del Pueblo, el ombudsman peruano, reporta que el gobierno de Kuczynski hereda dos centenares de conflictos sociales activos o latentes, de los que casi las dos terceras partes son causados por la minería. Las organizaciones de derechos humanos y defensa del medio ambiente temen que el nuevo gobierno siga insistiendo en la política de imponer proyectos extractivos, pese al eventual rechazo de las poblaciones locales, lo que mantendría la conflictividad. José de Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, una plataforma impulsada por tres de estas ONG, opina que “la propuesta de PPK está basada principalmente en priorizar el factor económico como elemento determinante que va a bajar la conflictividad social”, ofreciendo más dinero a las comunidades afectadas. Esto, critica, “es no entender el carácter multidimensional de los conflictos,” que incluye aspectos sociales, ambientales y culturales. Otro desafío para el próximo gobierno son los altos niveles de corrupción que hay en Perú. Los dos presidentes anteriores a Humala están siendo investigados por sospechas de corrupción y posiblemente el mandatario saliente corra la misma suerte, ya que su esposa, Nadine Heredia, también es objeto de una indagación relacionada con el origen dudoso de fondos de campaña. Según datos de Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, un total de 19 exgobernadores de las 26 regiones que tiene el país estaban procesados el año pasado y tres están detenidos. El Congreso es uno de los organismos más desprestigiados del país por temas de corrupción y hay una desconfianza total hacia la policía y el Poder Judicial por el mismo motivo. “Este gobierno tendrá que preparar sobre el terreno un plan anticorrupción”, reclama Wálter Albán, director ejecutivo de Proética. No obstante, aunque reconoce que su programa electoral al respecto era de los más avanzados y que Kuczynski ha anunciado dicho plan y se ha comprometido a luchar la corrupción, lamenta que hasta el momento “no pasan de expresiones de buena voluntad”. “Las medidas que se han anunciado son fórmulas que se han venido repitiendo como muletillas –muerte civil para condenados por corrupción, imprescriptibilidad para estos delitos– que no son nada de fondo”, alerta Albán.