La segunda vuelta electoral en Perú se realizará la siguiente semana. Los dos candidatos –Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski– defienden proyectos muy similares, pues ambos son fervientes partidarios del neoliberalismo más implacable. Sin embargo, han polarizado a la sociedad entre fujimoristas y sus detractores. Los adherentes de Keiko recuerdan con nostalgia el populismo de su padre, emulado por la hija, y los opositores señalan los frecuentes vínculos de esa familia con el narcotráfico y la brutalidad del otrora presidente y el profundo conservadurismo de la aspirante.

LIMA (Proceso).- El próximo 5 de junio los casi 23 millones de ciudadanos convocados a las urnas para decidir, en segunda vuelta, quién gobernará Perú los próximos cinco años vuelven a enfrentar el dilema de hace un lustro: permitir que otro Fujimori vuelva al Palacio de Gobierno.

Más que decidirse un modelo político –pues las dos opciones en juego suponen una radicalización del modelo neoliberal que se ha mantenido en Perú desde hace más de dos décadas–, la elección parece más bien un plebiscito sobre la dinastía política que inauguró el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y que busca regresar al poder.

En 2000, acorralado por los escándalos de corrupción, Alberto Fujimori aprovechó un viaje oficial para refugiarse en Japón, tierra de sus padres, y poner fin a su régimen autoritario. Renunció vía fax. Ahora, 16 años después y con el exmandatario en una prisión militar de Lima, cumpliendo una condena de 25 años por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, su hija y heredera política, Keiko, aspira a ponerse la banda presidencial el próximo 28 de julio.

Keiko lo intentó en 2011 y perdió en la segunda vuelta electoral ante Ollanta Humala, quien ahora apura sus últimos días al frente del gobierno con bajísimos niveles de aprobación.

Ahora, en su segundo intento, sus principales obstáculos son el antifujimorismo, fuertemente arraigado en buena parte de la sociedad, y una aparente zancadilla de la administración antidrogas estadunidense (DEA), que intervino inesperadamente en la campaña, arrojando sospechas sobre su inagotable financiamiento y poniendo sobre la mesa el tema de la relación entre narcotráfico y política.

Pero esta vez Keiko tiene enfrente un rival, Pedro Pablo Kuczynski, políticamente mucho más débil que la vez anterior, y de quien no la separan muchas diferencias ideológicas.

La primera vuelta fue un paseo para Keiko. Rozó 40% de los votos, casi el doble que el 21% de Kuczynski (conocido popularmente por sus siglas: PPK), y el partido de Keiko, Fuerza Popular, obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso: 73 de 130 curules.

Sin embargo, y pese a la evidente falta de carisma de PPK –un tecnócrata de 77 años y con el aspecto del típico eurodescendiente del que tanto desconfían las clases populares y mestizas de Perú–, desde la semana siguiente a la primera vuelta, el 10 de abril, las encuestas han mostrado una disputa de tú a tú entre ambos aspirantes.

“Ya sabíamos antes de que se conociera el resultado electoral que quien compitiera contra Keiko Fujimori tenía posibilidades de ganar, porque el país está dividido entre fujimoristas y antifujimoristas”, afirma a este semanario el analista político Carlos Basombrío. “El trasvase (de votos hacia Kuczynski) se produce naturalmente”.

Fue el antifujimorismo el que en las elecciones de 2011 hizo que la hija del expresidente fuera derrotada por Humala. El ahora presidente saliente era visto por muchos como un radical que prometía cambios drásticos en el modelo político-económico (que al final no se produjeron) y que iba a llevar a Perú por la senda de la Venezuela de Hugo Chávez. Aun así, los votantes lo prefirieron, aunque por un estrecho margen –menos de tres puntos porcentuales–, porque la mayoría veía a Keiko como testaferro política de su padre.

Desde entonces, Keiko se dedicó a preparar su nuevo asalto al poder.

En primer lugar, durante cinco años ha hecho lo que pocos políticos hacen en Perú: recorrer el país armando una plataforma con movimientos regionales y organizaciones ciudadanas que gravitan en torno a su partido.

“Keiko es quizás la única candidata que ha tenido una visión de largo plazo y, a diferencia de otros, pensó en qué iba a ofrecer”, afirma Adriana Urrutia, politóloga que ha estudiado el fenómeno del fujimorismo.

Urrutia define esa oferta como continuista y neoliberal aunque con el reclamo de más presencia del Estado. “Es muy parecida a lo que pudo ofrecer Mauricio Macri en Argentina, Juan Manuel Santos en Colombia o incluso el PRI en México” con “la seguridad por encima de todo, seguido de la generación de desarrollo con inversión en infraestructura”.

Por otro lado, Keiko ha intentado reducir el antifujimorismo distanciándose del legado de su padre, aunque sin llegar a romper con él. Una tarea complicada, que la ha obligado a un ejercicio de funambulismo.

Entre dos fuegos

Todos los analistas coinciden en que la herencia política recibida de su padre es a la vez su fortaleza y su debilidad. Su fortaleza, porque le supone un voto duro que no tiene ningún otro partido, y su debilidad, porque para ganar una elección necesita ampliar ese voto duro y atraer a sectores reacios al fujimorismo.

Ese núcleo duro está formado por el sector de la población que todavía añora a Alberto Fujimori.

El analista y bloguero Alejandro Godoy destaca que durante su mandato, Alberto Fujimori, “construyó una relación con la población con base en pequeña obra en pueblos: el colegio, la posta médica…” La gente, agrega, “todavía se acuerda de que era el único presidente que iba directamente a atender las cosas. A pesar de que la relación directa duraba únicamente las horas que se encontraba en ese pueblo y que nunca lo volvía a visitar, para muchos el hecho de que el presidente mismo vaya allá supone una relación de confianza”.

Basombrío señala que “el gobierno de Fujimori fue como el de Maduro: una dictadura que, usando las formas de la democracia, las pervirtió y las convirtió en una farsa. Pero, a diferencia del gobierno de Maduro, fue exitoso en los dos temas que más le importaban a la población: economía y seguridad”.

Cuando Fujimori llegó al poder en 1990, el país atravesaba una grave crisis económica tras el desastroso primer gobierno de Alan García (1985-1990), con una hiperinflación que ahogaba a los peruanos. Él consiguió sacar al país de esa situación con unas duras medidas de ajuste y aprobó una Constitución ultraneoliberal que nadie ha tocado hasta ahora.

También heredó un conflicto armado interno con la guerrilla de Sendero Luminoso, que había destrozado el país. Aunque la mayoría de los expertos asegura que para ese entonces los cimientos para la derrota de Sendero ya estaban puestos, ésta se produjo durante su gobierno, escenificada con la detención de su líder, Abimael Guzmán.

La inseguridad ciudadana es hoy la principal preocupación de la mayoría de los peruanos y muchos creen que Keiko Fujimori puede emular el supuesto éxito de su padre en este ámbito. No obstante, otros recuerdan que la lucha contra Sendero Luminoso estuvo acompañada de graves violaciones de los derechos humanos.

Además, el fin de la guerra no supuso el cese de estas violaciones, ni de la represión y la persecución de opositores políticos y periodistas.

Fujimori también disolvió el Congreso con un autogolpe en 1992 (aunque luego lo restableció), torció las leyes para poder ser reelegido dos veces y convirtió a su gobierno en uno de los 10 más corruptos de la historia moderna, según una clasificación de Transparencia Internacional. Se ha calculado que durante su gestión desaparecieron 6 mil millones de dólares.

Todos estos reclamos están en la base del antifujimorismo, que ya salió a manifestarse contra Keiko hace cinco años y que se volvió a activar durante la primera vuelta de estas elecciones. Está liderado por el colectivo Keiko No Va, una alianza de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, entre otras, que ha convocado varias marchas contra la candidata, acusándola de representar el autoritarismo y la corrupción.

Keiko asegura que ella no es su padre… pero fue su primera dama durante cinco años, después de que su madre fuera expulsada del Palacio de Gobierno tras haber denunciado el robo –por parte de dos hermanas de su esposo– de donativos hechos desde Japón, y acusado al mandatario de haberla torturado.

Por ello ha hecho un esfuerzo para distanciarse de su padre, pero ha sido un distanciamiento a medias. Ha asegurado que él tuvo algunos “errores”, pero nunca ha admitido que cometiera ningún crimen y apoya el argumento de su progenitor de que fue traicionado por su hombre de confianza, el entonces jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos (también preso), a quien atribuye los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

Aun así, hizo alguna concesión hacia los sectores más progresistas cuando antes de la campaña se mostró a favor del aborto terapéutico (cuando corre peligro la vida de la madre) y de la unión civil de parejas homosexuales con fines patrimoniales, y reconoció el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que hizo un informe –muy duro– sobre la violencia política que vivió Perú entre 1980 y 2000, durante el gobierno de Fujimori.

También “lamentó” que se hubieran realizado esterilizaciones forzadas –unas 300 mil– a campesinas pobres en un programa de planificación familiar durante el gobierno de su padre, y se comprometió a indemnizarlas. No obstante, nunca ha admitido más de una treintena de casos, a pesar de que hay más de 2 mil denuncias, ni ha dicho nada de llevar ante la justicia a los supuestos responsables, entre los que estaría el propio expresidente.

Además, justo antes de la primera vuelta, firmó un “compromiso de honor” en el que aseguró que respetará “el orden democrático”, los derechos humanos y la libertad de prensa, que no buscará la reelección ni utilizará el poder político para beneficiar a ningún miembro de su familia (en referencia a un posible indulto a su padre), que reparará a las víctimas de la violencia y que luchará contra la corrupción.

Durante la primera parte de la campaña, Keiko ofreció una cara amable. Con las encuestas dándole el pase seguro a la segunda vuelta y los demás candidatos pelándose entre ellos, se mostró siempre sonriente y atendió pacientemente a los medios (aunque eludiendo entrevistas en profundidad que pudieran ponerla en apuros).

Sin embargo, tras los primeros sondeos para la votación del 5 de junio, que la situaban empatada o ligeramente por debajo de PPK, parece haber cambiado de estrategia, su expresión se ha endurecido y ha vuelto a asumir posiciones conservadoras.

Todos esos compromisos de la primera vuelta “se han terminado de diluir en la segunda, ya que nadie le creyó, nadie le dio el beneficio de la duda” y no tuvo un impacto en las encuestas, sostiene Godoy. Ahora, “busca apelar al voto más conservador”, añade.

Así, en las últimas semanas se ha manifestado a favor de la pena de muerte a los violadores de niños y ha asumido un compromiso contra la unión civil y el aborto con sectores evangélicos ultraconservadores que defienden cosas como que la homosexualidad es una “aberración” y que el hombre puede “infectarse” a través de una mujer si ésta no es virgen.

Igualmente, se ha reunido con un representante sindical del sector de la construcción acusado de extorsión y firmó un acuerdo con la minería ilegal, responsable de la devastación de amplias zonas de la Amazonia peruana –donde levanta campamentos en los que la policía no puede entrar y cientos de mujeres son obligadas a prostituirse– para derogar los decretos legislativos contra su actividad.

En contra

Al rechazo que despierta la líder fujimorista por el legado de su padre se han sumado dos nuevas rémoras a su campaña. La primera es la mayoría absoluta de su partido en el Congreso. Esta situación, con la que los políticos latinoamericanos sueñan, hace que muchos peruanos se cuestionen los riesgos de sumar a eso el Poder Ejecutivo, concentrando tanto control en tan pocas manos, sobre todo con los antecedentes autoritarios de la candidata.

El otro lastre son las sospechas sobre el financiamiento de la campaña fujimorista. Fuerza Popular ha hecho un ostentoso despliegue de medios durante toda la campaña que choca con las dificultades para obtener dinero por el resto de partidos. Investigaciones periodísticas han arrojado dudas sobre el origen de este dinero.

Se ha sabido que ha recibido fondos de una empresa con sede en el paraíso fiscal estadunidense de Delaware o que una familia tradicionalmente fujimorista, cuyos miembros han aportado grandes sumas, aparecía mencionada en los PanamaPapers.

Pero el golpe más fuerte llegó cuando en una investigación de Univisión, la DEA reconoció, contra su habitual política de comunicación de no afirmar ni desmentir informaciones relativas a investigaciones en curso, que estaba indagando a Joaquín Ramírez, el hasta hace unos días secretario general de Fuerza Popular y principal aportante de la campaña de Keiko.

La agencia antidrogas confirmó escuetamente que estaba investigando la información aportada por un colaborador que aseguraba haber grabado subrepticiamente conversaciones con Ramírez para ellos y en una de las cuales, según él, éste le había dicho que Keiko le pidió en 2011 que le lavara 15 millones de dólares.

Además, la conexión con el narcotráfico despierta viejos fantasmas en el fujimorismo: la supuesta financiación de Pablo Escobar a la campaña de Alberto Fujimori, aportes que Keiko debió devolver a un acusado por narcotráfico, el hallazgo de droga en el avión presidencial peruano en los noventa, las denuncias de un importante capo de esos años de que le pagaba una cuota al gobierno o el alijo encontrado en el depósito de una empresa en la cual Kenji Fujimori, hermano pequeño de Keiko, tenía participación.