LIMA (apro).-- Hasta hace un par de años, la madera procedente de la tala ilegal en la Amazonía peruana, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, salía prácticamente sin ningún control del país sudamericano y se regaba por el mundo. En 2015, dos organismos autónomos del Estado encargados de las aduanas y de la supervisión de los recursos forestales comenzaron a intensificar los controles y encontraron una ruta de madera ilegal hacia Estados Unidos por la que cada años salen miles de metros cúbicos, una buena parte de los cuales recalan en México, concretamente en el puerto de Tampico. Tras muchos años de inacción, algunos funcionarios del gobierno de Perú decidieron hacer bien las cosas y poco a poco han ido tomando medidas para empezar a cercar este comercio ilícito. Sin embargo, este proceso está en peligro a causa de una carta de protesta de los importadores mexicanos al gobierno peruano que, ante el temor de ver afectado este lucrativo negocio, parecen dispuestos a cortarles las alas a quienes se han tomado en serio la lucha contra este crimen ambiental. Durante varios años, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), un ente autónomo del Estado, advirtió del problema de la madera ilegal. Sin embargo, nadie hacía nada. Según la legislación peruana, antes de talar un árbol, éste debe ser identificado y autorizado por las autoridades. Las empresas madereras requieren de concesiones de explotación que otorga el Estado, el cual les permiten talar en áreas bien circunscritas. Estos permisos tienen una duración de 40 años, para los que el concesionario debe presentar un plan de operación con la especificación de qué partes de esa área explotará cada año, además de un inventario con los árboles que aprovechará y los que dejará en pie. Estos planes, que deben ser autorizados luego por las autoridades, los pueden elaborar tan sólo ingenieros forestales autorizados por el Estado y tienen que georreferenciar mediante GPS cada árbol a cortar. Es decir, en teoría, antes de talar un árbol éste debe estar identificado con sus coordenadas exactas. Luego, la madera talada debe ser transportada siempre acompañada por los documentos que certifiquen de dónde proviene. Esa misma documentación hay que enviarla al Osinfor para que haga supervisiones aleatorias en campo y compruebe si lo que reportan las empresas madereras es cierto. Pero a menudo se encontraba con que los árboles identificados en los reportes de las empresas no han sido cortados. O, incluso, ni siquiera existen, lo que quiere decir que los inventarios hechos por los ingenieros forestales autorizados por el Estado son falsos. Han sido elaborados desde una oficina. “Las concesiones normalmente están en zonas muy alejadas. No tienen ríos para poder transportar luego la madera fácilmente. Entonces los madereros van a lugares más cerca de las carreteras o de los ríos, normalmente áreas protegidas”, donde el coste de la extracción es más bajo, explica Julia Urrunaga, directora de programas en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), una ONG internacional que lucha contra el comercio ilegal de recursos forestales y especies amenazadas. “Lavar” madera Pero “la madera no es como la droga. La madera es volumen, no la puedes esconder y no puedes sacarla del país sin papeles”, asegura Urrunaga. Por ello, existe un tráfico de documentos de origen para justificar esa madera ilegal. Es una manera de ‘lavarla’: por un lado está la extraída de zonas no autorizadas para la tala --por tratarse de áreas protegidas o de territorios pertenecientes a comunidades indígenas-- y por otro, existe un mercado negro de documentación falsificada de árboles supuestamente talados en espacios concesionados por el Estado, pero que en realidad nunca fueron cortados. En la frontera, esta madera ‘lavada’ no encontraba problemas. Sólo en caso de que sea una de las dos especies protegidas, la caoba y el cedro, se debe indicar el origen en el expediente de exportación. Pero incluso en estos casos ha estado pasando sin que nadie la detenga. La EIA publicó en 2012 una investigación en la que cruzó la información de origen de estos dos tipos de árboles exportados a Estados Unidos con los datos de la Osinfor y encontró que “por lo menos el 40% de lo que se está exportando es falso”, afirma su directora de programas en Perú. Para las demás especies, las no protegidas, es peor, asegura. Además, tampoco había forma de saber si la madera que salía reportada como de especies no protegidas era o no cedro o caoba, pues en las aduanas no había personal capacitado para diferenciarla. A pesar de esto, el gobierno peruano desdeñó el informe: “Nos dijeron que ya estaban controlando el 100% de la caoba y que eso ya no era problema”. La EIA también presentó sus hallazgos al United States Trade Representative (USTR), la autoridad estadunidense de comercio exterior. Le solicitó implementar un mecanismo contemplado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú, en vigor desde 2009, por el que le podía solicitar a su contraparte peruana, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que verificara el origen legal de la madera importada. El organismo del país norteamericano no se dio por aludido. Pero precisamente para esas fechas Osinfor cambió de jefatura y empezó a incrementar las comprobaciones sobre el terreno en la selva peruana. Esto le permitió detectar la dimensión del lavado de madera y trató de averiguar a dónde iba a parar esa mercancía ilegal; preguntó a otros organismos del Estado sin obtener respuesta. En 2014, después de recibir capacitación de Interpol, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) firmó un acuerdo de colaboración con Osinfor y comenzó a hacer intervenciones en los puestos de control de la Amazonía y en el puerto de Iquitos, de donde parte madera directamente para exportación. En Iquitos encontró embarques con documentación de origen que no fue reportada al organismo supervisor de los recursos forestales. Al no poder comprobar el origen legal de la mercancía, la dejó partir y posteriormente pudo comprobar su irregularidad. El “Yacu Kallpa” En esta situación estaba el barco Yacu Kallpa, de la naviera Yacu Taski, que desde hace una década ha llevado hasta cinco veces al año miles de metros cúbicos de madera de varias empresas exportadoras en una ruta a través del río Amazonas y el Atlántico con destino al puerto estadunidense de Houston (Texas), con escalas en República Dominicana y Tampico, Tamaulipas. En el puerto mexicano desembarcaba la mayor parte de su carga, aunque la Agencia de Investigación Ambiental sospecha que sólo un poco se queda en el país y el resto entra por tierra a Estados Unidos, donde hay menos controles que en los puertos. Tras hacer las comprobaciones en campo, la Osinfor detectó que buena parte de la madera cargada por el Yacu Kallpa tenía origen ilegal, pero para entonces la madera ya estaba fuera de su jurisdicción. Por otra parte, en los puestos de control el personal de Aduanas encontró madera sin documentación, por lo que la decomisaba y la entregaba a los gobiernos de las regiones amazónicas. Y aquí entraba la corrupción local, porque al cabo de unos días de los aseguramientos, ‘aparecía’ documentación que la respaldaba para su posterior liberación. Osinfor corroboraba sobre el terreno si la madera provenía de donde decían sus papeles y encontró que casi 80% del material comercializado dentro y fuera del país tenía documentos falsos. La explicación a este fenómeno la encontró en agosto del año pasado la cadena de televisión catarí Al Jazeera, que en un reportaje de investigación mostró mediante cámara oculta la compra de documentación para ‘lavar’ la madera a funcionarios regionales corruptos. “Estos saben qué concesiones y comunidades indígenas tienen volumen disponible y lo venden”, señala Urrunaga. “Toda esta comercialización pasa bajo los ojos de todo el mundo. Todo el mundo sabe en el puerto de Pucallpa (una de las ciudades amazónicas de donde más madera sale) que la mayoría de madera que llega es ilegal”, añade. Estas revelaciones pusieron en evidencia a Estados Unidos, así que las autoridades de ese país se vieron obligadas a tomar acciones y pusieron la mira en el Yacu Kallpa, del que ya había antecedentes de transporte ilegal. En septiembre del año pasado estaba prevista la llegada de la embarcación a Houston, así que la Sunat alertó tanto a Estados Unidos como a México del origen ilegal de más de 77% de la madera embarcada, corroborado una vez más cuando ya estaba fuera de territorio peruano. Para el 21 de septiembre, el barco llegó a Tampico y antes de seguir su viaje a Houston desembarcó la mayor parte de su carga. Pero esta fue retenida por las autoridades aduaneras mexicanas, que la revisaron durante varios días ante la alerta de su contraparte peruana. La acción provocó la inconformidad de los importadores, que tuvieron que correr con los gastos de almacenaje mientras duraba la revisión. La Cámara de Comercio Mexicano-Peruana (CCMP) y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (Imexfor) comenzaron a hacer gestiones para recuperar la mercancía. Entre otros, recurrieron a la embajada peruana en el país, que intermedió para lograr que el área de Aduanas liberara la mercancía. “Los importadores mexicanos se llevaron la madera porque en México para importar madera lo que se necesita es mostrar un certificado fitosanitario y la madera cuenta con ese certificado. Pero la ley mexicana no dice nada sobre el origen de la madera”, lamenta Urrunaga. No obstante, la activista advierte que cuando entre en vigor el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que han firmado 12 países de la cuenca del Pacífico, incluidos Perú y México, éste estará comprometido por una cláusula del tratado a no importar productos de origen ilegal y a bloquear su acceso a su mercado. En Estados Unidos la situación actual es diferente, pues desde el año 2008 la legislación establece que el importador es responsable de que la madera que compre tenga origen legal e impone la pérdida del producto para quien incumpla esta disposición. Incluso, puede imponer penas de hasta cinco años de prisión. Por ello, la carga que llevó el Yacu Kallpa a Houston quedó retenida en la Aduana, pues Estados Unidos recurrió al mecanismo del TLC con Perú para verificar si la madera importada de este país es legal. Ahí sigue, sin autorización para entrar en el país, desde septiembre del año pasado. Entretanto, la embarcación regresó a Iquitos para recoger más madera, pero esta vez la Osinfor sí pudo corroborar antes de que partiera que al menos 13.7% de su carga era de origen ilícito. Por problemas logísticos no pudo descargarla, así que el barco volvió a partir en noviembre con el compromiso del capitán del navío de traer de vuelta la mercancía ilegal. Tras hacer escala en República Dominicana, llegó a principios de febrero al puerto de Tampico, donde quedó retenida al haberse comprobado en Perú que el porcentaje de producto de origen ilícito ascendía a más de 70%. Cartas desde México Justo en el momento en que la Osinfor comenzaba a recoger frutos de varios años de intento de hacer efectiva la lucha contra la exportación de madera ilegal, en Perú ha visto crecer las presiones en su contra desde el mismo gobierno. En tal situación han jugado un papel fundamental la Imexfor y la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana. Después del incidente de la retención de madera en Tampico, estos organismos empresariales enviaron cartas a la ministra de Comercio Exterior Peruana, Magali Silva, para expresar su malestar con lo sucedido. “Hubo reuniones internas con (el ministerio de) Comercio e incluso cancillería, y a Osinfor y Sunat los han acusado de estar destrozando la imagen del país, de que van a traer sanciones en el TLC con Estados Unidos”, asegura Urrunaga. Después de esas reprimendas, el pasado 15 de enero fue destituido el jefe del Osinfor, Rolando Navarro, alegando que cumplió su ciclo de cuatro años al frente del organismo. En realidad le quedaban dos meses todavía, pero en su lugar no fue nombrado nadie. El puesto fue asumido por un funcionario interino. “Eso obviamente es un intento por debilitar y bajar el perfil a Osinfor”, denuncia la representante de la EIA. Y es que la exportación de madera es una importante fuente de ingresos para Perú. Según datos oficiales, entre 2010 y 2014, el país exportó más de 650 millones de dólares en este rubro. Pero el descontrol del sector, que ha permitido durante años la tala ilegal, ha contribuido a la deforestación de la Amazonía peruana. Perú es el segundo país de Sudamérica en superficie boscosa después de Brasil, con 78 millones de hectáreas, la inmensa mayoría de las cuales son selva amazónica. Ésta ocupa 60% del territorio nacional. De acuerdo con la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, entre el 2000 y el 2014 se perdieron 1.3 millones de hectáreas por factores como la minería, la tala ilegal, la colonización desordenada de pequeños agricultores, el desarrollo de infraestructura o proyectos energéticos o los cultivos agroindustriales. Tal situación tiene, no sólo repercusiones ambientales sobre el que es considerado el pulmón del planeta y una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, sino también sobre las comunidades indígenas que habitan la Amazonía. “Entran con motosierra y espantan a toda la fauna y las comunidades, cuya proteína normalmente viene de la caza o de la pesca. Los animales se van más lejos y cada vez es más difícil para ellos obtener la proteína que necesitan para sus dietas”, explica Urrunaga. Además, agrega, está el tema de la corrupción y de las organizaciones criminales que practican esta actividad. Según la organización ambientalista internacional Global Witness, entre2002 y 2014 fueron asesinados 57 defensores del medio ambiente que se enfrentaron a las mafias de la minería y la tala ilegal principalmente, 60% de ellos a partir de 2010, lo que ha convertido a Perú en el cuarto país más peligroso del mundo para activistas ambientales.