Lima (apro).- Cipriana Huamaní se ha preguntado algunas veces si todo el esfuerzo realizado durante más de tres décadas para buscar a su marido Rigoberto Tenorio, desaparecido en 1984, cuando efectivos de la Marina lo sacaron de un autobús cuando cruzaba un retén en los Andes peruanos, ha valido la pena. Siente que quizás, en vez de empeñarse en averiguar qué pasó con él, debió dedicar más tiempo a sus ocho hijos, la menor de las cuales tenía ocho meses cuando se quedó sin padre. Después de que interceptaran a Rigoberto –en esa época con 32 años y miembro del Ejército– cuando se dirigía a la ciudad de Ayacucho para presentarse a sus superiores jerárquicos, luego de ganar un puesto como instructor militar, Cipriana comenzó una búsqueda que hasta ahora no ha terminado. Presentó la denuncia correspondiente. Se plantó casi a diario en la puerta del cuartel y, pese a las amenazas de que le darían un disparo, exigía a gritos a los marinos que le dijeran qué habían hecho con su esposo y por qué se lo habían llevado. Recorrió todos los lugares de los alrededores de Huanta, donde los militares se deshacían de los cadáveres de sus víctimas, porque en aquellos años, cuando un conflicto armado interno desangraba al Perú con masivas violaciones a los derechos humanos por parte de las guerrillas de izquierdas y de la Fuerzas Armadas, “Huanta era un lugar donde no valía la vida”, dice. Añade: “Se veían muertos todos los días en las calles, en los zanjones. Había muchas fosas donde los enterraban con apenas un poco de tierra y ramas”. Incluso excavó con sus manos una de esas fosas clandestinas y sacó un cuerpo en descomposición, pero no era el de Rigoberto. Junto con otras mujeres desenterró entre 25 y 30 cadáveres de otra fosa, hasta que un día dos jóvenes vestidos de civil con aspecto militar llegaron a la tienda que Cipriana tenía en Huanta a tomarse unas cervezas, y a escondidas escuchó que pretendían matarla. “¿Tu presa o mi presa?”, le dijo uno al otro. “Déjame a mí. Es mi presa”, fue la respuesta. Salió corriendo y de milagro se salvó, pero tuvo que huir con sus ocho hijos a Lima. Allí se encontró con otros desplazados que también buscaban a sus desaparecidos y comenzaron a organizarse. Cipriana asegura que aunque no siempre fue así, ahora sus hijos la apoyan en su búsqueda. Sin embargo, 15 años después del fin del conflicto armado sigue sin saber dónde dejaron los militares el cuerpo de Rigoberto. Y, como ella, miles de familias más. La búsqueda En 2001 se creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que dos años después emitió un informe donde indicó que la guerra interna le había costado a la vida a más de 69 mil personas, entre muertos y desaparecidos. Hizo además una serie de recomendaciones, entre ellas la implementación de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Pero han pasado 12 años (el 28 de julio pasado tuvo lugar el aniversario de la publicación de ese informe) y hasta ahora no hay ningún plan. Ni siquiera se sabe el número exacto de desaparecidos durante los años de la guerra. Existe un registro de víctimas con unos 10 mil nombres, pero la organización no gubernamental Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), que se dedica a investigar graves violaciones a los derechos humanos, hizo en 2007 un cruce de distintas listas para la Cruz Roja y sumó un total de 13 mil 271 casos. Hace dos años el gobierno peruano envió un informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que hablaba de 15 mil 731 casos, pero nadie sabe de dónde sacó esta cifra. Hay identificados casi 6 mil 500 sitios de entierro clandestinos, pero desde el informe de la CVR, apenas se han recuperado poco más de 2 mil cuerpos y no todos ellos han sido identificados y entregados a sus familiares. Muchos restos aguardan en cajas de cartón en el instituto forense, esperando a que se defina a quién pertenecen. “El tema del drama que viven los familiares de desaparecidos es en el que menos se ha avanzado”, afirma Miluska Rojas, del Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita. Por ello, ésta y otras organizaciones de derechos humanos han lanzado una campaña de sensibilización y de presión al gobierno para que envié al Congreso una Ley de Búsqueda de Desaparecidos cuyos términos acordaron hace dos años con el Ejecutivo. Conforme a ese acuerdo, el Ministerio de Justicia debe encargarse de la búsqueda de los miles de desaparecidos durante el conflicto interno. Además, tiene que centralizar y actualizar el registro de personas desaparecidas, identificar y proteger los sitios de enterramiento, establecer acciones de acompañamiento psicológico a los familiares y crear un banco de datos de ADN para la identificación de restos. En la actualidad, explica Rojas, el único recurso que tienen los familiares para recuperar los restos de sus familiares es a través de una denuncia ante el Ministerio Público (Fiscalía). “El tema de búsqueda como tal en el Perú no existe. Lo que se hace acá son intervenciones judiciales en casos con expedientes abiertos”, critica el director del EPAF, José Pablo Baraybar. Además, para que el caso sea aceptado, agrega, “tiene que haber alguien a quien imputarle el crimen”. Un primer problema a esto, señala, es que “hay casos que no son judicializables porque no se sabe quién es el autor material”. Incluso, aunque se acepte la denuncia, esto implica un largo e incierto proceso. “Los familiares tienen que esperar entre cuatro y seis años sólo para que, una vez que hayan recuperado el cuerpo, le hagan una prueba de ADN e identifiquen si es su familiar”, dice Rojas. Pero “la paradoja más horrible y perversa es que el Ministerio Público lo que hace es pedirle al familiar que investigue, que lleve la prueba para que investigue”, añade Baryabar. Además, “si la información sobre una fosa no le parece confiable, no hace nada”. Si alguien que no sea la Fiscalía intenta recuperar el cuerpo de un familiar, puede ser acusado, ya que es ilegal. Al EPAF, que pese a sus reducidos recursos ha llevado a cabo algunas exhumaciones exitosas desde su creación en 2001 y que es requerido en distintos países para llevar a cabo exhumaciones, no se le permite desde 2008 hacer ninguna intervención en Perú. En los últimos años sus integrantes se han limitado a ser peritos de familiares de desaparecidos. Incluso han hecho varias identificaciones de restos recuperados y éstos llevan años sin ser entregados a sus familias. “Ellos no van a entregar algo que ellos no puedan firmar como que ellos lo hicieron”, lamenta Baraybar. El presidente de la Coordinadora Nacional de Víctimas y Afectados por la Violencia Política en el Perú (Conavip), Luis Aronés, considera que “con esta ley se estaría acelerando y favoreciendo el trabajo de los fiscales para que sea ágil y no tarde tantos años”. Subraya: “Estaría apoyándonos bastante porque estaría exigiéndoles que cumplan con todos los trabajos de exhumaciones y verificar los sitios de entierro”. La espera de la justicia La Fiscalía Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos, creada por recomendación de la CVR, se encarga de investigar todos los casos relacionados con el conflicto interno. Sin embargo, apenas se da abasto para abarcar la ingente cantidad de casos pendientes. Además, se le han asignado otros casos que no tienen que ver con la guerra, lo que ha agravado la saturación de esta institución. La coordinadora de Fiscalías Superiores de Perú, Luz del Carmen Ibáñez, apunta que pese a la falta de recursos, en el marco de las investigaciones ellos se esfuerzan por realizar todo el proceso, “desde la búsqueda, la prospección de fosas, la exhumación y finalmente la identificación, incluso atender, con enfoque humanitario, a los familiares”. No obstante, advierte que “ese en sí no es el trabajo de la Fiscalía”, sino el de “investigar, acusar y conseguir sentencias”. “El rol de tener una política general de búsqueda de personas desaparecidas como producto de este conflicto es del poder Ejecutivo”, sostiene. De hecho, la ley que se está reclamando no es más que una parte de un plan integral de búsqueda más amplio que el movimiento de derechos humanos ha exigido desde hace años. Para Baraybar, “la estrategia de búsqueda va más allá de una ley. La estrategia de búsqueda es: ¿cuántas personas desaparecidas hay en el Perú? ¿Cómo desapareció esta gente? ¿Hay algún tipo de lógica de cómo operaban las bases militares? ¿A la gente se la llevaban de aquí para acá? El tema va más allá del tema exhumatorio, de cuántas fosas tengo”. El gobierno tiene listo el proyecto de ley desde diciembre, pero todavía no lo ha enviado al Congreso para su aprobación. El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, lo tiene desde entonces en su despacho, en espera de una supuesta revisión para luego enviarlo a la Presidencia del Consejo de Ministros y de ahí al Congreso. El proyecto de ley, que fue entregado el mes pasado a la Conavid, establece que el Ministerio de Justicia tiene que diseñar e implementar un Plan de Búsqueda de cuerpos. Pero no implica cambios a nivel de la búsqueda de la verdad y la justicia, otra de las deudas pendientes con las víctimas. Jo-Marie Burt, representante de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), dice que una de las recomendaciones de la CVR era la reforma del Poder Judicial, que en un primer momento arrancó bien e incluso logró un hito internacional al juzgar y condenar al exdictador Alberto Fujimori. No obstante, “en los últimos años hemos visto que el Poder Judicial deja muchísimo que desear”, reclama. “La mitad de las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno han sido archivadas por el Ministerio Público”, critica. Prosigue: “Sólo hay 68 sentencias en más de 10 años de procesos de judicialización, que representan a 325 víctimas de las 69 mil 280” identificadas por la CVR, y más de la mitad de estas sentencias, en concreto 37, han sido absolutorias, continúa. En el tema de las reparaciones, también la respuesta del Estado ha estado lejos de ser satisfactoria. El gobierno del actual presidente, Ollanta Humala, estableció una compensación de 10 mil soles (poco más de 3 mil dólares al cambio actual) por familia (independientemente del número de miembros fallecidos o desaparecidos en cada una). “A nosotros nos dolió mucho porque yo creo que eso no es reparar sino un insulto, un maltrato más de nuestro gobierno”, asegura Cipriana Huamaní, que tuvo que repartirse esa cantidad con sus ocho hijos. La indiferencia de los sucesivos gobiernos, e incluso de buena parte de la sociedad peruana, ha hecho perder a los familiares de las víctimas la esperanza de una reparación plena. La Cruz Roja sondeó la opinión de varios familiares y muchos de estos dicen que después de tantos años ya no esperan justicia. A lo que aspiran es “que les entreguen los restos de nuestros familiares y se acabó”, subraya Miluska Rojas. Un lugar donde llorar El tiempo apremia. Muchos de los familiares que han buscado a sus seres queridos durante décadas están muriendo. Por otro lado, “8% de los desaparecidos son niños y sus restos óseos son más frágiles, por lo que cada vez van a ser más difíciles de recuperar”, alerta Rojas. Uno de estos casos podría ser el de Erlinda Roca, secuestrada por Sendero Luminoso con apenas un año de edad en 1983, en el distrito andino de Los Morocuchos. Una partida de esa guerrilla maoísta fue a buscar a su casa al padre de Erlinda, Víctor Roca, porque se había negado a entregarles una vaca. Julia Sulca, la esposa, reconoció a uno de ellos y se la llevaron junto con la pequeña. Horas después hallaron ahorcado al matrimonio al borde de una carretera. Sus cuerpos habían sido apedreados y sus cabezas destrozadas con un hacha. Y ni rastro de Erlinda. Su hermano, Daniel Roca, que en esa época tenía apenas dos años, lleva mucho tiempo tratando de averiguar si Erlinda está viva o muerta. A veces ve a una mujer que se parece a una de sus otras hermanas y piensa que puede ser ella, y en caso de que hubiera fallecido quiere darle una sepultura digna. “Algunos tienen un lugar donde llevar una flor o donde prender una vela. Yo conozco la sepultura de mis padres y cada año voy, les lloro y me encuentro bien. Sin embargo, en el caso de mi hermana no tengo dónde ir”, dice. “En mi región hay muchas fosas comunes, pero el Ministerio Público tiene pocos recursos para exhumar, y 100 o mil restos amontonados en laboratorios o en la Fiscalía. Sus familiares van muriendo y ni siquiera van a tener la oportunidad de darles un entierro digno”, lamenta. Y aunque se apruebe la ley, su efectividad dependerá de su implementación y de que se destine un presupuesto adecuado para la búsqueda, y para ello es necesaria la voluntad política del gobierno de turno, algo de lo que parece carecer el actual. El ministro de Justicia se ha comprometido varias veces a enviar el proyecto para su trámite, pero ha ido retrasando la fecha. En su más reciente declaración pública al respecto, dijo que sería a finales de año. Para ese entonces el país ya estará en plena ebullición preelectoral por los comicios presidenciales de abril, y todo el mundo prevé un ‘parón’ legislativo a partir de esas fechas. “Todos los familiares tuvimos un poco de confianza en que Humala podía hacer algo por nosotros”, recuerda Cipriana Huamaní. “Él dijo que el tema el de los desaparecidos sería el primero en su agenda, pero ha sido peor que los gobiernos anteriores, porque ni ha hablado sobre el asunto”, concluye.