En estos días de violencia hemisférica, recordemos, con el filósofo esloveno Slavoj Žižek, la importancia de no reaccionar con premura. “Hay situaciones en las que lo único verdaderamente ‘práctico’ por hacer es resistir la tentación de intervenir inmediatamente y ‘esperar y ver’ por medio de un paciente análisis crítico”. La jornada de violencia registrada en Culiacán el 17 de octubre debe pensarse con esa cuidadosa calma. Más que intentar explicar con precisión los hechos, me parece crucial comprender el modo en que están siendo significados políticamente en el complejo escenario doméstico y geopolítico en que se enmarcan. En lo que sigue, me aproximo a los acontecimientos de Culiacán como el escenario simbólico en el que se está desafiando la política de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no la viabilidad del estado o su soberanía territorial ante la amenaza de los supuestos cárteles de la droga. Lo que está en juego después de la siniestra espectacularización de la violencia que sufrió la sociedad sinaloense no es la “seguridad nacional”, sino la continuidad de la “guerra contra las drogas” que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón en 2006. La singularidad de este evento supone un golpe mediático que podría realinear el proyecto de gobierno de AMLO en el paradigma neoliberal del discurso hegemónico antidrogas y la violenta ocupación militar del país que implica. Repasemos primero los hechos hasta ahora establecidos. Según versiones oficiales y periodísticas, un coronel del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), sin autorización del mando militar, ordenó un operativo para detener a Ovidio El Ratón Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en su casa en el residencial Tres Ríos, una zona de clase alta en Culiacán. El video y la detallada explicación de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, muestra cómo los soldados sacaron a Guzmán López de su casa y lo pusieron contra una pared. Luego de que supuestos miembros del Cártel de Sinaloa comenzaron una serie de ataques por varios puntos de la ciudad –incluyendo un residencial para las familias de militares–, el operativo se suspendió y los militares dejaron libre a Guzmán López. De acuerdo con un reporte de la BBC, la confrontación continuó con 19 bloqueos con autos incendiados y 14 enfrentamientos con armas de fuego en varios puntos de la ciudad, incluyendo el ataque a una prisión para liberar reos. Se reportó también que unos nueve soldados habrían sido secuestrados por los delincuentes. La violencia se prolongó hasta cerca de la medianoche. Hubo ocho muertos: un soldado de la Guardia Nacional, un civil, un reo y cinco supuestos miembros de la organización criminal. Medios de comunicación dentro y fuera de México cubrieron estos sucesos primordialmente como una derrota del gobierno federal y como una demostración del poder del Cártel de Sinaloa. “Ustedes mandan”, afirmó la revista Proceso en su portada, aludiendo a los supuestos traficantes que perpetraron la violencia. “México fracasa ante el narco”, publicó el diario español El País en su página editorial. Los periodistas y analistas especializados en temas de seguridad avanzaron la misma lectura. El reportero Ricardo Ravelo recordó los enfrentamientos más recientes entre las fuerzas armadas y delincuentes. El 14 de octubre, supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación asesinaron a 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán. Al día siguiente, en Tepochica, Guerrero, otro tiroteo dejó 14 delincuentes y un soldado del Ejército mexicano muertos. “Mientras el crimen hace y deshace en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin rectificar su política de no usar la fuerza contra los cárteles”, escribió Ravelo. “Parece que al presidente no le ha quedado claro que el crimen organizado le disputa el poder y el control territorial”. Otros analistas han ido todavía más lejos. En distintas entrevistas, Edgardo Buscaglia, experto consultor en seguridad afiliado a la Universidad de Columbia, dijo que el Cártel de Sinaloa, según los reportes de inteligencia estadunidense, es la tercera organización criminal más grande del planeta, con presencia en 81 países. Todavía más alarmista, Buscaglia insistió en que el ataque en Culiacán debe calificarse “como acto de terrorismo y no sólo delincuencia organizada”. Estas interpretaciones son representativas de lo que llamo una “crítica securitaria” de la violencia que actualmente se experimenta en México. Como ha ocurrido con mucho del trabajo periodístico y académico más reconocido en torno a la “guerra contra el narco”, esta crítica responde a la era de la “seguridad nacional” que Estados Unidos concibió después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo ese paradigma, la hegemonía estadunidense construyó escenarios de guerra en múltiples regiones del mundo para ventilar sus intereses políticos y económicos más estratégicos. Con el fin de la Guerra Fría, la agenda de seguridad nacional viró hacia la “guerra contra las drogas” a través de campañas militares para “combatir” el narcotráfico directamente en los principales países donde se produce y se trafica la droga. Mediante la Iniciativa Mérida, firmada en diciembre de 2008, Estados Unidos destinó un paquete de mil 600 millones de dólares en equipo militar, tecnologías de vigilancia y comunicaciones y entrenamiento táctico para la “guerra contra el narco” del gobierno de Calderón. Según los investigadores académicos Will Pansters, Benjamin Smith y Peter Watt, especialistas en seguridad, la militarización de los últimos 12 años “totalizó la guerra contra las drogas y la violencia”. Esta totalización de la guerra en 2007 fue constitutiva de la estrategia antidrogas del entonces presidente Calderón, quien nos advirtió: “Costará vidas humanas inocentes, pero vale la pena seguir adelante”. Esa perversa normalización de la violencia ha tenido profundas repercusiones en la comprensión generalizada de la militarización en México. La narrativa de la “guerra contra las drogas” fue adoptada de un modo estandarizado por el periodismo nacional y extranjero con un vocabulario recibido que desde entonces describe conflictos armados inverificables en un Estado que se asume débil y hasta fallido. La mayor contradicción del discurso de la “guerra contra las drogas”, sin embargo, radicó en que la supuesta amenaza de los cárteles acechaba al Estado mexicano durante un descenso histórico de la tasa de homicidios hasta 2007, como demostró el trabajo del sociólogo Fernando Escalante Gonzalo. Al mismo tiempo, el enorme gasto público en seguridad desde mediados de la década de los noventa ya había duplicado el tamaño de las policías, el Ejército y la Marina en el país. Me basta este solo dato: en 2006, el primer año de gobierno de Calderón, se asignaron 26 mil 31 millones 900 mil pesos al Ejército y la Fuerza Aérea. En 2011 ese presupuesto ascendió a 50 mil 39 millones. El gasto en la Secretaría de Marina se incrementó de 9 mil 100 millones a 18 mil 270 millones en el mismo plazo. La militarización de la “guerra contra las drogas”, como ya han demostrado varios estudios académicos serios, ha tenido una correlación directamente proporcional con el alza de la violencia. Recordemos, entre otros, el análisis del CIDE que demostró el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en México, superior al de otras regiones afectadas por el narcotráfico, como Brasil o Colombia. Entre 2007 y 2011, 84% de los enfrentamientos fueron provocados por agentes del Estado. Sólo 7% comenzaron como agresiones contra las fuerzas armadas. Así se entiende la detención “sin un sólo disparo” del Chapo Guzmán en 2014 que “perforó” el “casi mítico estatus” del traficante. En enero de 2016 el traficante se vio obligado a arrastrarse entre mierda para huir por un drenaje la última vez que fue capturado en Sinaloa por policías federales, que lo retuvieron en un motel de paso mientras aguardaban refuerzos de la Marina y con el traficante sentado en la cama de la habitación. Sabemos que El Chapo pasó un año detenido en penales del país hasta que fue finalmente extraditado a Estados Unidos sin que nadie obstaculizara el proceso. El juicio al que fue sometido El Chapo en Nueva York reveló igualmente los límites de las organizaciones de traficantes. Aunque en su momento fue considerado uno de los mayores criminales del planeta, según medios como The New York Times, a la fecha ni las autoridades de Estados Unidos o de México han podido encontrar ninguna cuenta bancaria que justifique los 14 mil millones de dólares que El Chapo supuestamente trasladó en efectivo, en camiones, desde las calles de Estados Unidos hasta la serranía del Triángulo Dorado. Encima, se estima que para finales de 2019 el mercado legal de la mariguana estadunidense producirá ganancias de hasta 16 mil millones de dólares. Según estas cifras, la mariguana legal supera en 12 meses los 25 años del monopolio de la cocaína del Cártel de Sinaloa. Hasta los eventos de Culiacán no se había suscitado una expresión de violencia tan explícita atribuida a un cártel en una ciudad o región del país. Por el contrario, el minúsculo operativo del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que intentó aprehender al hijo del Chapo, detonó una movilización espectacular “como si la intención fuera cercar esa zona”, según informó el sitio Aristegui Noticias. Las balaceras y los bloqueos estuvieron acompañados de información falsa y de imágenes y videos tomados de conflictos armados en Turquía y Brasil que circularon en redes sociales distorsionando la magnitud de la violencia en Culiacán. También apareció en redes sociales un supuesto comunicado del Cártel de Sinaloa agradeciendo a AMLO suspender el operativo y disculpándose con la ciudadanía de Culiacán por la violencia desatada. Junto con las fake news circularon videos reales tomados por ciudadanos con teléfonos celulares. En uno de los más impactantes se muestra a dos personas a bordo de una camionera pick up con una poderosa ametralladora calibre .50 montada en la caja descubierta. La performance de la violencia recuerda aquí al concepto de “violencia organizada”, por medio del cual, según los investigadores Dawn Paley y Simon Granovsky, grupos armados no identificados actúan bajo intereses políticos y empresariales como fuerzas paramilitares subcontratadas. Como ha demostrado el trabajo periodístico de Federico Mastrogiovanni e Ignacio Alvarado, la ocupación militar y el fenómeno de la paramilitarización en México han sido un vehículo para el despojo y apropiación ilegal de tierras que permiten el avance de megaproyectos de extracción de recursos naturales como gas, petróleo y minería. Un dato más exige otro tipo de preguntas: el semanario Río Doce reportó que Uttam Dhillon, director interino de la Drug Enforcement Administration, la DEA, estuvo en Culiacán el 16 de septiembre pasado para reunirse en privado con el gobernador priista de Sinaloa, los comandantes de la Novena Zona Militar y de la Tercera Región Militar, y representantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina. Según el periodista Óscar Balderas, se trató del viaje de toda una delegación de la DEA para presionar al gobierno de México para continuar con el combate al narcotráfico en específico en Sinaloa. Si es así, ¿qué significa el hecho de que AMLO, según reconoció él mismo, no haya sido informado de la planeación del operativo militar en Culiacán? Sumemos a esto que, de acuerdo con varios medios de comunicación, fueron alrededor de 100 delincuentes los que detonaron sus armas y bloquearon calles en la ciudad, mientras que en Culiacán se contaba con aproximadamente 800 militares “con mayor capacidad de fuego”. 230 soldados más fueron enviados al cuartel de la Novena Zona Militar, que se encuentra a unos 11 minutos en coche de la colonia Tres Ríos, donde se llevó a cabo el operativo de captura del hijo del Chapo. Entre las dudas que surgen a partir de esta información, AMLO ha refrendado su rechazo a la militarización antidrogas. En ese sentido resulta verosímil la explicación que ofreció su gabinete de seguridad: El fallido operativo se canceló no por temor a los traficantes, sino “para proteger la vida de las personas”. “La estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio”, dijo AMLO. “No se puede apagar el fuego con el fuego, esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que habían hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, esto les cuesta trabajo entenderlo”. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue todavía más contundente: “En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio y a final de cuentas habríamos ganado, pero ¿a qué costo?” La decisión de no exacerbar la militarización en Culiacán para detener al hijo del Chapo parece reformular la célebre máxima de Confucio: “No uses un cañón para matar a un ratón”. Según una encuesta conducida por El Financiero, AMLO goza de una aprobación de 67% aun después de lo ocurrido en Culiacán. No obstante, 57% de los consultados piensa que el “crimen organizado” ganó la batalla. El riesgo de esta opinión, cada vez más generalizada, es que deliberada o inadvertidamente conduce al regreso de la militarización. Aquí la última pregunta es al mismo tiempo la más importante: ¿qué intereses se beneficiarían de la reactivación de la “guerra contra las drogas”? En primera instancia, la hegemonía estadunidense, que ha instrumentalizado la militarización como un efectivo modo de intervención en nuestra política doméstica, lo que María José Rodríguez Rejas ha llamado la “norteamericanización de la seguridad en América Latina” y que se manifestó en esa extraña visita de la DEA en Culiacán el mes pasado. Con ellos, avanzan las élites político-empresariales, domésticas y trasnacionales, que aprovecharon la guerra con fines políticos y extractivistas. Finalmente, los beneficiados son también las fuerzas armadas, cuya presencia expansiva en la vida democrática de México, como advierte la antropóloga Kristin Norget, “se ha convertido en una formidable fuerza política” que crece junto con las partidas presupuestales en nombre de la “seguridad nacional”. Permítaseme una reflexión extemporánea a modo de conclusión. Al comprender que el presidente Richard Nixon estaba dispuesto a continuar una guerra sin sentido para no pagar el precio político de “perder” en Vietnam, el analista militar Daniel Ellsberg dio a conocer a los medios de comunicación los secretos de ese fracaso con los Pentagon Papers que sacudieron a Estados Unidos en 1971. Al releerlos, el periodista e intelectual Jack Beatty anotó que la advertencia sobre los peligros de la guerra en la historia estadunidense la articuló primero James Madison, quien temía que los presidentes pudieran “hacer la guerra” a conveniencia si esa facultad fuera suya y no del Congreso. “La tentación era demasiado para cualquier hombre”, escribió Beatty. Ciertamente fue demasiado para presidentes como Calderón y Peña Nieto. Ojalá no lo sea para Andrés Manuel López Obrador. Oswaldo Zavala es periodista y profesor investigador en la City University of New York (CUNY). Su más reciente libro es Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (Malpaso, 2018). Twitter: @Oswaldo__Zavala. _______ 1 Slavoj Žižek, Violence. Six Sideways Reflections (New York: Picador, 2008, p. 7). 2 Neldy San Martín, “El responsable del operativo en Culiacán no solicitó autorización, informan”, Proceso, 31 de octubre, 2019. 3 Alberto Nájar, “Culiacán: cómo se vivió el jueves infernal que aterrorizó a la capital de Sinaloa”, BBC News Mundo, 19 de octubre, 2019. 4 Proceso, “Culiacán. Ustedes mandan”, 20 de octubre, 2019. 5 “México fracasa ante el narco”, El País, 18 de octubre, 2019. 6 Ricardo Ravelo, “AMLO: Palabras contra metralla”, Sin Embargo, 18 de octubre, 2019. 7 Cintia Sánchez Aguilar, “Lo ocurrido en Culiacán fue un acto de terrorismo: Edgardo Buscaglia”, Así el Weso, W Radio, 21 de octubre, 2019. 8 Will G. Pansters, Benjamin T. Smith y Peter Watt, eds. Beyond the Drug War in Mexico. Human Rights, the Public Sphere and Justice (New York: Routledge, 2018) 2-3. 9 Redacción, “Mientras AMLO salva vidas inocentes Calderón decía que se perderían pero valdría la pena”, El Heraldo de México, 20 de octubre, 2019. 10 Jesús Aranda, “En la lucha de Calderón contra el narco, Sedena y Semar duplicaron su presupuesto”, La Jornada, 6 de septiembre de 2011. 11 Manuel Hernández Borbolla, “Guerra contra el narco ‘perfeccionó’ letalidad de fuerzas armadas”, Huffington Post, 1 de febrero de 2017. 12 Carrie Kahn, “El Chapo’s Arrest Punctures Drug Lord’s Near-Mythical Status”, NPR, 23 de febrero, 2014. 13 Azam Ahmed, “Los detalles de la gran cacería para capturar al ‘Chapo’ en México”. The New York Times, 16 de enero, 2016. 14 Alberto Nájar, “México: dónde está la fortuna del Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los hombres más ricos del planeta”, BBC Mundo (10 de mayo, 2017). 15 Don Reisinger, “The Legal Marijuana Industry Is Soaring–And 2019 Could Be Its Best Year Yet”, Fortune (27 de diciembre, 2018). Este ensayo se publicó el 10 de noviembre de 2019 en la edición 2245 de la revista Proceso