CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta electa Claudia Sheinbaum descartó el miércoles que vaya a recurrir a una reforma fiscal para financiar el gasto de su gobierno, que arrancará el 1 de octubre, y ratificó que entre sus prioridades estará la reducción del déficit fiscal.

Durante un primer encuentro con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial — el máximo órgano de representación del sector privado en México— tras su victoria del 2 de junio, Sheinbaum afirmó que entre los objetivos de su gobierno estará la reducción del déficit fiscal a un máximo de 3.5% del Producto Interno Bruto en 2025. Este año se prevé que el déficit cerrará alrededor de 5% del PIB, que será el nivel más alto en más de dos décadas.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien se mantendrá en el cargo durante el gobierno de Sheinbaum, había adelantado a inicios de mes que entre las prioridades de la próxima mandataria estará la reducción del endeudamiento en torno del 3% del PIB y del déficit fiscal, además de llevar una disciplina financiera, apegarse al Estado de derecho y respetar la autonomía del Banco de México.

Ramírez de la O hizo la declaración en un intento por calmar los mercados tras el nerviosismo que se desató luego de la victoria de Sheinbaum por amplia mayoría y del partido gobernante Morena, que tendrá el control del Congreso. Entre los inversionistas hay preocupación de que el nuevo Congreso lleve adelante una reforma constitucional del poder judicial que prevé que los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces sean electos por voto popular.

Pese a las declaraciones del secretario la volatilidad en los mercados ha persistido por más de dos semanas ocasionando una depreciación de más del 5% del peso mexicano. Al inicio de la jornada la moneda reportó una leve depreciación que llevó la cotización a 18.41 pesos por dólar.

Sheinbaum descartó ante los empresarios que vaya a impulsar una reforma fiscal para financiar el gasto público, y anunció que promoverá un ambicioso plan de digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las aduanas para lograr nuevos recursos.

Ante las preocupaciones que le expresaron algunos empresarios por la reforma judicial, la próxima presidenta negó que sea una medida autoritaria y que busque la concentración del poder.