CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La empresa Elvag Central Impulsora, SA de CV, debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mil 300 millones de pesos por incumplimientos en pagos del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2014, más multas y recargos, confirmó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Elvag Central Impulsora, empresa de outsourcing, ha sido utilizada por diversas firmas para subcontratar personal, entre otras la polémica Libertad Servicios Financieros durante la presidencia en su consejo de administración de Martín Díaz Álvarez, exdirector de Oceanografía, empresa envuelta en escándalos de corrupción con Pemex.

Instalada en Querétaro y presidida entre 2009 y 2012 por el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, Libertad Servicios Financieros se encuentra en medio de una investigación por lavado de dinero, a raíz de una denuncia que el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa presentó en 2019 contra Collado Mocelo, quien lleva cuatro años preso.

Bustamante Figueroa acusó a Collado Mocelo de utilizar la Caja Libertad para lavar enormes cantidades de dinero a favor de poderosos aliados suyos, incluidos entre éstos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Después de Collado, la presidencia de la empresa pasó a manos de Martín Díaz Álvarez, socio de la naviera Oceanografía, una de las más beneficiadas por contratos públicos durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Durante la gestión de Díaz Álvarez, Libertad Servicios Financieros utilizó a Elvag Central Impulsora para subcontratar a su personal, a quien le recortó las prestaciones de ley al mínimo. Los trabajadores que se negaron a firmar con Elvag fueron despedidos de manera injustificada, lo que los obligó a emplazar a huelga a la empresa.

En 2014, mientras ofrecía sus servicios a Libertad Servicios Financieros, Elvag incurrió en incumplimientos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le impuso una serie de pagos que sumaron mil 300 millones de pesos.

La empresa impugnó los pagos en una carta que envío por Correos de México apenas ocho horas antes de que venciera el plazo para refutar la resolución, razón por la cual los magistrados del TFJA invalidaron el procedimiento y aprobaron los pagos multimillonarios.