CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de otros cambios en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) para el próximo año.

Tras una sesión de alrededor de 15 horas continuas en las que se discutieron 700 reservas, la madrugada de este viernes, con 260 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones, los legisladores redujeron la carga fiscal de Pemex del 40% al 30% por el derecho de utilidad compartida (DUC).

En lo que va de la actual administración, el DUC ha bajado de 66% al 30%. De hecho, la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al congreso contemplaba un 35%, sin embargo, la propuesta provino de la diputada del Lilia Aguiar Gil, del Partido del Trabajo (PT).

La diputada indicó que ello significa quitar carga a la empresa productiva del Estado para que pueda reinvertir y crecer la capacidad energética del país.

“Permitiría fortalecer a Pemex en su posición financiera, que exista un mejor perfil de su deuda, estabilizar la caída de la producción observada en años previos, mejorar las perspectivas de producción futura y que haya mayor producción y mayores ingresos a la actividad petrolera”, explicó.

La reducción de este derecho, enfatizó, no es un costo, será una inversión que genere rendimientos positivos a Pemex, a la soberanía energética del país y al pueblo de México.

Mueven la tasa para ahorradores

Otro ajuste de la Ley de Ingresos fue el aplicado al artículo 21 de la Ley del impuesto sobre la renta (ISR) para que la tasa de retención a los intereses por ahorro se ubique en 0.5% en lugar del 1.48% propuesto inicialmente (actualmente la tasa se encuentra en 0.15%).

Asimismo, se modifican las fracciones I, II, III y V, relativas a la metodología para calcular dicha tasa, y determinar un periodo comprendido de agosto de 2020 a julio de 2023, y no de noviembre de 2022 a julio de 2023, como lo establecía el dictamen.

El diputado Carol Antonio Altamirano explicó que se busca evitar un golpe a la economía de miles de ahorradores y mejorar las finanzas públicas a favor de la población, por lo que convocó a las y los diputados a apoyar la propuesta.

Señaló que “la esencia de la reserva es que, en lugar de que se les cobre a los ahorradores un impuesto de 1.48 por ciento, se les aplicará una tasa de 0.5 por ciento; eso significa que por cada mil pesos de rendimiento no se cobrarán 14.8 pesos, sino solamente cinco pesos”.

“Esto representa un beneficio tangible para la gente y un avance respecto del proyecto inicial, por lo que votar a favor de la reserva demuestra que sí nos preocupan las familias que están recuperándose de la pérdida de ingresos y ahorros que dejó la pandemia del covid-19”, resaltó el legislador.

Evitan carga fiscal en CFE

Por último, otra de las reservas aceptadas y aprobadas fue la respectiva a la enajenación de activos en materia de suministro y transmisión de energía eléctrica de la CFE, que establece que en caso de que se realice una reorganización interna de la empresa, no se interpretaría como una venta, evitando que se genere una carga fiscal.

Al presentar la propuesta, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) dijo que evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias paguen un dividendo estatal a favor del Gobierno Federal, robustece su capital e incrementa su capacidad para cubrir sus compromisos e inversiones en proyectos productivos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, “lo que contribuye a la consolidación de la rectoría estatal en dicho sector”.

Asimismo, consideró que es vital esta adición, pues “es irracional que la empresa pública no pueda manejar libremente sus activos entre las subsidiarias sin que le signifique un costo”.

Además, el agregado contribuye a corregir las decisiones que antes del 2018 afectaron seriamente el funcionamiento de la CFE para debilitarla, disminuir su productividad y eficiencia, con el objetivo de justificar su privatización.

El dictamen será remitido al Senado que tendrá como fecha límite el 31 de octubre para su revisión y aprobación.