CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró que si bien México no ha estado exento de las profundas consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia de covid-19, el esquema de institucionalidad macrofiscal “no sufrió mayores modificaciones ante la necesidad de implementar respuestas de política para atenuar sus impactos”.

En el reporte Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, presentado lunes, el organismo regional señaló que de hecho, con medidas enmarcadas en un plan de austeridad fiscal, no se suspendió la regla fiscal consagrada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, introducida en 2006 y reformada en 2014.

Tampoco, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recurrió a la creación de fondos extrapresupuestarios, sino que se aprovecharon los espacios fiscales existentes en el presupuesto ordinario.

“Ejemplo de ello ha sido la creación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias en marzo de 2020, a través del cual el Poder Ejecutivo obtuvo montos adicionales de financiamiento utilizando los remanentes no ejercidos de las prerrogativas ordinarias de los partidos políticos que se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación, para destinarlos a mitigar el impacto de la pandemia en la salud, la economía, el consumo o el empleo”, explicó el estudio.

También en este caso, agregó, se debe mencionar la utilización de recursos ahorrados provenientes de los fondos soberanos preexistentes, como el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), lo que permitió compensar los faltantes de ingresos observados durante el primer semestre de 2020.

En consecuencia, agregó la Cepal, México ha logrado incorporar algún incremento en el gasto durante la pandemia sin afectar el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

No obstante, acotó, al igual que en otros casos donde las reglas fiscales no se modificaron, la pandemia ha propiciado un creciente interés por revisar y perfeccionar el diseño y funcionamiento de las reglas vigentes, así como su capacidad de respuesta ante eventos extraordinarios de ese calibre.

En ese sentido, desde la presentación de los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2020, el Gobierno ha iniciado un proceso de revisión de los elementos fundamentales de las reglas fiscales vigentes para fortalecerlas y generar mayor certidumbre sobre la viabilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.

De acuerdo con la información oficial, la revisión incluiría, entre otras cosas, definir un umbral de deuda bruta máxima y medidas correctivas para los casos en que se rebase ese umbral, techos anuales de endeudamiento público, mayor flexibilidad en el uso de los activos para financiar al sector público, una trayectoria de largo plazo del gasto estructural del gobierno federal, que se complementará con un fondo de estabilización del ciclo de la economía, y el fortalecimiento de la transparencia fiscal.

De hecho, en la versión más reciente de los CGPE para 2022 se estima que la deuda se mantenga en un valor equivalente al 51.0% del PIB hasta 2027, ubicándose en un nivel algo inferior al máximo histórico del 52.4% alcanzado en 2020.