CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que debido a la reforma en materia de subcontratación, 3.1 millones de trabajadores están “en el limbo y en estado de indefensión”.

En su mensaje semanal, el organismo encabezado por José Medina Mora explicó dicha cifra, podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios, y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Según la Coparmex, de un análisis legal de la reforma se desprende que el artículo primero transitorio al contener diferentes momentos para que entre en vigor el decreto transgrede los derechos y garantías consignadas en los artículos 1° y 4° constitucionales.

“Ya que prevé que para el sector privado surtirán efectos dichas disposiciones a partir del día siguiente de su publicación, en tanto que a las entidades de gobierno dichas obligaciones se les harán efectivas a partir del 01 de enero de 2022. Esto es a todas luces un trato diferenciado, discriminatorio y difícil de cumplir por parte de las empresas”, reprochó el organismo patronal.

El pasado 24 de mayo de 2021 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la STPS dio a conocer los lineamientos que regulan el Registro de las Personas Físicas y Empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas que deseen obtener la Constancia de Aviso de Registro ante la plataforma conocido como Registro de Prestadores de Servicio Especializados u Obras Especializadas (REPSE), quienes necesariamente deben de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social a la fecha en que se realice la solicitud.

Asimismo, se estableció la afirmativa ficta para el caso de que la autoridad sea omisa en pronunciarse una vez transcurridos 20 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

De situarse en este supuesto, aclaró la Coparmex, el solicitante podrá requerir la emisión del aviso de registro y de no obtenerse respuesta alguna por parte de dicha autoridad dentro de los tres días subsecuentes a la presentación del requerimiento, se tendrá por efectuado el registro.  

La problemática

El organismo empresarial detectó la siguiente problemática:

La falta de coordinación entre las autoridades administrativas por cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.

En segundo lugar, si bien es cierto que se han emitido resoluciones de carácter temporal, como lo es el caso de Infonavit, con la finalidad de no obstaculizar el proceso de registro e inclusive brindando la posibilidad al solicitante para que dentro del plazo de 60 días pueda regularizar sus adeudos, esto ha provocado un retraso significativo para que las empresas obtengan su  constancia en tiempo y forma.

En tercer lugar, no se distinguen aquellos servicios u obras especializadas de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo corporativo.

Y por último, no han sido emitidos criterios definitivos que permitan a las empresas diferenciar aquellos servicios que son sujetos de registro ante el REPSE de aquellos que pueden considerarse de naturaleza mercantil o civil, provocando con ello una saturación en la plataforma y, por ende, una dilación en su operatividad.

Eso no es todo.

La Coparmex, señaló que al considerar que el 40% de los patrones registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) utilizan este esquema, se estima que cerca de 400 mil empresas inscritas al IMSS utilizan el esquema de outsourcing.

Esto implica que a menos dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón quedan 387 mil 500 empresas por registrarse. Lo cual hace que la tasa diaria de crecimiento de las empresas inscritas tendría que aumentar en 17.9 puntos porcentuales (para lograr una tasa diaria de 20%).

El organismo patronal hizo un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 1 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y/o contratos de servicios especializados con sus proveedores y así cumplir cabalmente con la normatividad vigente.

“Esto puede brindar a las autoridades el tiempo para hacer aquellos ajustes operativos y tecnológicos para la implementación total de la reforma, ante las claras deficiencias que al día de hoy han quedado patentes para la obtención de las Constancias de Aviso de Registro ante el REPSE”, explicó.

Y remató:

“Ampliar y homologar los plazos concedidos en los transitorios de la reforma permitirá contar con la flexibilidad suficiente para que desde el sector empresarial sigamos poniendo nuestro granito de arena para salir adelante”.