CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que Ferromex y Kansas City Southern Mexico (KCSM) operan las dos redes ferroviarias más grandes del país, concentrando 71% de la red total, además de que mueven 82% de la carga del sistema.

De acuerdo con la versión preliminar del ‘Estudio de competencia en el servicio público de transporte ferroviario de carga’, dichas compañías concentran las concesiones de los nodos más importantes en todos los pasos fronterizos del norte del país y puertos con mayor volumen de comercio internacional como Altamira, Guaymas, Manzanillo y Veracruz, entre otros.

El organismo antimonopolios precisó que un diseño de la red más simétrico entre concesionarios podría permitir más competencia, al emparejar el poder de negociación entre competidores para acceder a las otras redes.

En el documento, que identifica obstáculos al funcionamiento eficiente de este servicio y propone 25 recomendaciones para atenderlos, la Cofece concluye que, si bien la privatización del sector ferroviario incrementó el volumen de productos movilizados por kilómetro, la red ferroviaria prácticamente no ha crecido, por lo que la participación del ferrocarril en el transporte total de carga es de 25% en comparación con otros países.

Entre las inconsistencias que encontró la Cofece está el hecho de que la red opera de manera fragmentada. Es decir, los derechos de paso que permiten que los trenes de un concesionario transiten en las vías de otro mediante el cobro de una contraprestación, tienen restricciones para su uso, y su interpretación está a cargo de los mismos concesionarios, quienes en algunos casos condicionan su utilización.

Por otra parte, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (LRSF), así como su reglamento, contemplan prórrogas a la exclusividad bajo ciertos criterios; no obstante, no se especifica cómo se llevará el análisis para otorgarlas. 

Como resultado, se autorizan ampliaciones con efectos en el desarrollo competitivo de la red. Por ejemplo, la ampliación de 15 años otorgada a la exclusividad de la línea Tijuana-Tecate al gobierno de Baja California, y de 36 años a la vigencia del título (esta se otorgó sin la realización de las inversiones que la sustentaran).

Por otra parte, el organismo encabezado por Alejandra Palacios señaló que la Agencia Regulatoria del Transporte Ferroviario (ARTF o Agencia) carece de información suficiente para ejercer su tarea regulatoria.

La LRSF y surReglamento no consideran sanciones por incumplimiento en la entrega de información en tiempo y forma, a pesar de que la Agencia cuenta con facultades para solicitarla. Por otra parte, ésta tampoco ha emitido lineamientos con los criterios claros sobre el nivel de desagregación y la periodicidad con la que le deben proporcionar información, ni existe un formato para su recolección.

Asimismo, persiste la ausencia de regulación para el acceso a las vías en las que vencen las exclusividades de los concesionarios.

El reporte de la Cofece propone que debe reconfigurarse la red conforme las concesiones y exclusividades actuales vayan venciendo. No obstante, advirtió, esta medida no puede llevarse a cabo en el corto plazo y tampoco será suficiente para garantizar el funcionamiento eficiente de la red ferroviaria.

Para que esta funcione de manera articulada, agregó que para el corto plazo hizo 25 recomendaciones sobre tres vertientes:

Eliminar los obstáculos que limitan el uso de los derechos de paso existentes y dificultan la creación de nuevos; establecer un procedimiento más expedito de regulación tarifaria de los derechos de arrastre en la primera y última milla, cuando estos encarecen y/o obstaculizan los servicios interlineales, y fortalecer el diseño institucional de la ARTF para que cuente con la información y facultades suficientes para ejercer su tarea regulatoria.