CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia calificadora Fitch Ratings aseguró que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) tendrán un impacto en la entrega de participaciones federales estimadas para el ejercicio fiscal 2021.

En su reporte señala que, para determinar los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) que deberán ser transferidos, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) contempla, además de la población, otras variables como la recaudación federal participable, el producto interno bruto estatal y la recaudación de impuestos y derechos locales.

En un ejercicio de valoración del efecto aproximado para las entidades federativas, a partir de la información publicada en el Censo 2020 y la estimación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2021, Fitch volvió a hacer una estimación, en un escenario ceteris paribus --donde el resto de las variables empleadas en el cálculo se mantienen sin cambios--, de las variaciones porcentuales en los montos a distribuir por concepto del FGP.

En este sentido, la agencia enfatizó que, en lo general, al considerar únicamente el peso de la variable población, el efecto en el monto agregado, que son 671.7 mil millones a distribuirse, sería suma cero, es decir, nulo; no obstante, al analizar el impacto de la nueva composición poblacional en México, en lo individual, para cada entidad federativa, los montos a distribuir por FGP varían con respecto a lo estimado por la SHCP para este año.

De esta forma, las 10 entidades federativas que se beneficiarían con los recursos del FGP son: Querétaro, con un aumento de 6.6%; Nuevo León, con 4.2%; Ciudad de México, 3.2%; Aguascalientes, 2.9%; San Luis Potosí, 2.5%; Yucatán, 2.4; Guanajuato, 2%; Puebla, 1.6%; Hidalgo, 1.4%, y Baja California, con 1.1%.

Por el contrario, las 10 entidades federativas que se verían afectadas son: Baja California Sur, con una caída de 5.1%; Nayarit, de 3.9%; Estado de México, -3.5%; Colima, -3.1%; Sonora y Tamaulipas, 2.9%; Campeche, 2.1%; Chihuahua, -1.7%; Guerrero, -1.5%, y Veracruz, -1.4%.

Para las 12 entidades federativas restantes, el efecto oscila entre -1.3% y 0.8%.

En México, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece a la población o número de habitantes como la variable con mayor peso a considerarse dentro las fórmulas utilizadas para el cálculo de los coeficientes de participación con que se definen los porcentajes de distribución tanto del FGP como del Fondo de Fomento Municipal (FFM).

El 26 de enero del año en curso, la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del FGP y del FFM en 2021.

Para la estimación, la SHCP emplea la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2020, que a su vez utiliza los datos de las Proyecciones de Población de las Entidades Federativas 2016-2050 del Consejo Nacional de Población.

De acuerdo con la LCF, la variable población deberá ser la última información oficial que dé a conocer el Inegi. En este sentido, el pasado 25 de enero publicó los resultados del Censo 2020; entre ellos, no sólo presentó la población total del país (126 millones de personas), sino también su desglose a nivel estatal y municipal.

Al respecto, la agencia observa diferencias entre la nueva información del Censo 2020 y las incorporadas en la estimación de la SHCP que alteran los porcentajes de distribución de las participaciones federales.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios especifica que las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los gobiernos subnacionales deben ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que formula la SHCP para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo anterior, la agencia no descarta que los gobiernos que se beneficien con la nueva distribución poblacional puedan presentar ingresos excedentes de libre disposición al final del ejercicio, mientras las que no, deban hacer ajustes al gasto no etiquetado para mantener un balance presupuestario sostenible.

El análisis del FGP gana particular relevancia porque representa el recurso de libre disposición más importante para los gobiernos subnacionales y, además, éstos lo emplean como el principal activo para servir al pago de la deuda en México.

Fitch dará seguimiento al FGP, al efecto que otras variables puedan tener sobre éste, así como sobre los factores clave de riesgo considerados por la agencia para calificar tanto la calidad crediticia de las entidades subnacionales como sus financiamientos específicos.