CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A raíz de la contingencia sanitaria, 11 millones 478 mil mexicanos perdieron su empleo y 61% de las personas que lo conservaron no pueden pagar una canasta básica, advirtió Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 

Al presentar el reporte final 2020 de su Observatorio de Trabajo Digno, el organismo detalló que al cumplirse el primer año del primer caso de contagio por covid-19 en el país, el desempleo aumentó 17.7% y el nivel de ocupación del país regresó a los niveles que se presentaron en 2014. 

Indicó que el ingreso laboral promedio al mes se encuentra 784 pesos por debajo del costo de dos canastas básicas, pero en el caso de las mujeres éste se redujo, por lo que ellas requieren de mil 577 pesos al mes para cubrir el costo de dos canastas básicas.

El desempleo afectó más a las mujeres (23.2%) y a los jóvenes (21.3%), incrementando la desigualdad de género y edad. En tanto, la brecha salarial entre mujeres y hombres creció 66% al pasar de 646 pesos al mes a finales de 2019 a mil 072 pesos a finales de 2020. 

El organismo resaltó que actualmente dos de cada tres mexicanos que trabajan (66.1%) no tienen un ingreso suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas, un equivalente a casi 31 millones de personas, y el 41% de los asalariados no cuentan con seguridad social.

En el caso de las personas que trabajan por su cuenta, 79% carece de ingreso suficiente y 99.9% no tienen seguridad social, mientras que 51% de las personas con trabajo asalariado carecen de contrato estable y 86% no tienen afiliación sindical.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hizo un llamado urgente a gobiernos y empleadores a realizar cambios estructurales que mejoren el salario y el respeto a los derechos laborales. En ese sentido, hizo una serie de propuestas para lograr un trabajo digno y una recuperación económica incluyente. 

Entre ellas incluyó avanzar en la recuperación gradual de los salarios, el incremento al salario mínimo hasta que cubra el costo de dos canastas básicas, así como avanzar en la creación de una reforma legal contra el outsourcing.

También exigió acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, la elección democrática de dirigentes sindicales y de mecanismos de inspección, así como la autorregulación para el cumplimiento de derechos laborales.

Por otra parte, solicitó al Senado de la República aprobar la reforma constitucional para la creación de un sistema nacional de cuidados, que permita una mayor participación económica de las mujeres con recursos suficientes para abarcar a la población infantil, las personas mayores o con discapacidad. 

Asimismo, hizo un llamado a crear oportunidades de trabajo para jóvenes, sobre todo para los que han sido afectados por el rezago educativo, la pobreza y las condiciones de violencia del país. 

Finalmente, llamó a romper el “cordón umbilical” entre salud, seguridad social y trabajo, reconociendo que la salud es un derecho humano y no una prestación laboral, así como trazar una ruta para sustituir el modelo de seguro social por otro que tenga cobertura universal con una reforma hacendaria progresiva que sea financiada con impuestos generales.