Para los inversionistas extranjeros y representantes de corporaciones trasnacionales, el gobierno de la 4T sólo manda señales encontradas y advierten que con las elecciones presidenciales de 2024 acercándose rápidamente, es poco probable que el deseo de mejorar el clima para la inversión privada se materialice.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienza su segunda mitad con grandes interrogantes sobre el futuro de la inversión nacional y extranjera. Los cambios en las reglas de juego y la retórica merman la percepción que hacen de México una tierra de incertidumbre, donde es mejor no arriesgar los capitales.

La alerta la encendió el presidente y director general de General Motors (GM), Francisco Garza Rodríguez, quien en la Convención XLIX del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió: “Si no existe un marco jurídico y estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión… Si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipuladas las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones a largo plazo”.

El líder de la compañía número uno en producción y exportación de vehículos en el país dio la puntilla: “Estamos alzando la voz y lo vamos a cumplir. Si las condiciones no están en la mesa, México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazos, y como las inversiones se tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que las condiciones no están. Ese dólar que se iba a invertir en México se va a Canadá, Estados Unidos, a Brasil, se va a China, a Europa; y México deja de ser ese destino importante”.

No es para menos. En medio de la crisis que dejó la pandemia, la automotriz estadunidense decidió invertir mil millones de dólares en su planta de Ramos Arizpe para agregar a la instalación capacidades vinculadas a la fabricación de vehículos eléctricos y a paquetes de baterías y otros componentes electrónicos, como motores eléctricos.

De acuerdo con el reporte La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “esta inversión forma parte del plan de la multinacional para construir o convertir plantas en instalaciones de vehículos eléctricos a nivel mundial a medida que avanza con miras a convertirse, hacia 2035, en un fabricante de automóviles que ofrezca exclusivamente vehículos eléctricos”.

En la Convención del IMEF, Francisco Garza fue claro sobre dicha decisión: “Decidimos invertir más de mil millones de dólares en el estado de Coahuila, y para la toma de esta decisión el sector automotriz se toma entre cinco y siete años, con anticipación, para la apertura de una planta de fabricación de vehículos eléctricos. A mediano y largo plazos requerimos el marco legal, las normas adecuadas para generar la electrificación de vehículos en México”.

El empresario también agregó a la lista de condiciones que se proteja la legalidad y el estado de derecho: “Es muy importante que en un país como México se mantengan estos temas. Nosotros, como industria automotriz, hemos sido impactados con temas de vandalismo, cierre de vías férreas; también estamos totalmente en contra de legalizar lo ilegal. Hemos estado en contra de la legalización de los autos chocolate, que sólo sirven para generar chatarra, la delincuencia organizada utiliza estos vehículos para sus funciones”.

Las dudas de General Motors

La inversión de GM forma parte de los 24 mil 831 millones de dólares que captó México por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) entre enero y septiembre de 2021; de manera desagregada, 9 mil 544 millones corresponden a nuevas inversiones; 9 mil 999 a reinversión de utilidades, y 5 mil 287 a cuentas entre compañías, según las cifras preliminares de la Secretaría de Economía.

Los 24 mil 831 millones de dólares de IED registrados en los primeros nueve meses de 2021 significan un incremento de 5.7% respecto a los 23 mil 482 millones captados en el mismo periodo de 2020, año del gran confinamiento a causa del covid-19. Entre un año y otro la reinversión de utilidades se desplomó 20.7%, las cuentas entre compañías cayeron 9.5% y las nuevas inversiones se elevaron 90%.

La última cifra fue porque Mercado Libre, Santander y Sempra Energy decidieron realizar inversiones.

La mala noticia es que, de acuerdo con la Cepal, el número de anuncios de proyectos en México tuvo una caída de más de 50%: de 652 en 2019 a 301 en 2020… Y de 2021 hacia adelante existe gran incertidumbre.

“Estamos estancados, no nada más la inversión extranjera, sino en la inversión privada. Estamos en un nivel de 6.7% debajo de como cerró el sexenio pasado. Una de las principales razones por las que no ha crecido la inversión en México es por la incertidumbre generada por las políticas públicas y un mensaje federal que hace alejar a las inversiones extranjeras y nacionales. Mientras que la segunda causa son las iniciativas de ley que han ocasionado un ruido innecesario en un país con estabilidad macroeconómica ejemplar”, señaló la expresidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales en México, Claudia Jañez Sánchez en la Convención del IMEF.

De acuerdo con una nota de investigación titulada Flujos de IED a México. Una oportunidad perdida, elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex, “la administración (de López Obrador) continúa enviando mensajes que socavan la confianza del sector privado, como las propuestas del presidente para reformar el sector energético”.

Por lo tanto, apunta, necesitaríamos ver señales más claras del gobierno, pero con las elecciones presidenciales de 2024 acercándose rápidamente, opinamos que es poco probable que su deseo por mejorar el clima para la inversión privada se materialice.

El clima para la inversión en México, combinado con las condiciones de los mercados financieros extranjeros, también ha mermado a los valores gubernamentales en manos de extranjeros o inversiones de portafolio a lo largo del sexenio de López Obrador.

En 2019, primer año de gobierno del tabasqueño, la tenencia total de valores en manos de extranjeros rondaba los 2.27 billones en su punto máximo de ese año. Mientras que para agosto la cifra se aproxima a 1.67 billones.

El saldo neto en lo que va de 2021 (septiembre) es negativo por un total de 220 mil 754 millones de pesos y la tenencia de extranjeros se encuentra 11.67% por debajo de los niveles vistos al cierre de 2020.

“Si bien los ingresos de capitales en septiembre son una noticia positiva que pone final a una larga racha de salidas, seguimos sin ver un reingreso importante de los capitales extranjeros al mercado de deuda mexicano, a pesar de que México goza de estabilidad política, la deuda soberana aun cuenta con grado de inversión y que la política fiscal es sumamente conservadora”, señaló el análisis del Grupo Financiero Intercam.

Difusa perspectiva

Según el análisis de Intercam, la perspectiva hacia los siguientes meses no es halagüeña en cuanto a la salida de capitales: “Sin embargo hacia adelante, es muy probable estimar nuevas salidas en los meses subsecuentes, al tiempo que se espera una normalización monetaria en economías avanzadas, particularmente en Estados Unidos, que le restará atractivo a los instrumentos de deuda en países emergentes. Además, los temores de inflación global han jugado en contra de instrumentos de deuda soberana de largo plazo en cualquier economía del mundo”.

En el caso de la IED el impacto es mayor, ya que en teoría permite la generación de empleo, incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones.

Las proyecciones de Citibanamex apuntan a que los flujos de IED seguirán una tendencia de crecimiento gradual, pero “muy moderada”, alcanzando 31.8 mil millones de dólares en 2021; 33.7 mil millones en 2022, y será hasta 2023 cuando vuelva a su nivel anterior a la pandemia, con 34.2 mil millones.

Eso sí, México tendrá que profundizar su integración regional con América del Norte en diferentes sectores; fomentar mayores vínculos con China, la región de Asia y el Pacífico; mejorar el clima de inversión, ya que “la incertidumbre en torno a las políticas de AMLO continúa obstaculizando las perspectivas para la inversión, especialmente dada la cancelación de proyectos privados basados en consultas públicas poco transparentes y los ataques a instituciones autónomas y reguladores”, apunta el reporte de Citibanamex sobre IED.

La institución financiera coincide con las demandas del director general de GM en que varios fabricantes de la industria automotriz están estableciendo metas para producir automóviles de combustibles no fósiles, y el presidente Biden ha establecido que para 2030, al menos 50% de los autos vendidos en Estados Unidos deben ser eléctricos.

Con la reforma eléctrica en la congeladora, pero con fecha para su discusión y aprobación en abril de 2022, Gabriela Álvarez, presidenta de la Comisión de Arbitraje de la International Chamber of Commerce (ICC) México, vislumbra dos escenarios.

Por una parte, explica a Proceso, el riesgo país en el sentido de “reputación” de México, es decir, el hecho de que algunas compañías decidan poner en pausa ciertos planes de inversión que tenían o ver exactamente cuál es la reacción del gobierno de México, antes de invertir.

“Eso podría hacer más lenta la inversión en México o inclusive disminuirla o reducirla drásticamente”, advierte.

Por otra parte, está el riesgo de costosos litigios: “Los inversionistas no sólo demandan por el monto invertido, sino por el monto que no pudieron ganar y que tenían previsto ganar. Y al hacer eso los nuevos montos se disparan mucho”, acota.

Múltiples desafíos

Un mapeo de la ICC indica que alrededor de 44 mil millones de dólares son inversiones que están en juego y al demandar a un Estado o gobierno por el cambio de reglas el monto se puede disparar al doble.

“Dependen mucho de cada proyecto, pero de una manera conservadora podemos decir que por lo menos se duplicarían. Cuando demandan a un Estado, los montos son significativamente más grandes que lo invertido.”

Álvarez abunda: “El hecho de que la propuesta de reforma eléctrica tenga incluida la terminación de contratos entre privados, por ejemplo, podría considerarse como una expropiación indirecta. De igual manera, el cambiar el derecho del marco regulatorio de manera drástica y las reglas sobre las cuales invirtieron éstos es de diferentes compañías extranjeras en México.

“Los inversionistas podrían argumentar que se violó el trato justo y equitativo porque ellos tenían una expectativa legítima de que el marco regulatorio no iba a cambiar de manera drástica.”

Mientras tanto, a punto de iniciarse la segunda mitad del sexenio, en el aire de las inversiones sólo hay incertidumbre y México dejó sin rumbo el escenario ideal para atraer inversiones, como lo proyectaba la Cepal para 2021:

En primer lugar, el crecimiento de la economía de Estados Unidos impulsaría las exportaciones mexicanas, sobre todo las del sector manufacturero. En este escenario, las grandes empresas tendrán mejor acceso a financiamiento, lo que les permitirá desplegar planes de inversión más ambiciosos.

En segundo lugar, la reconfiguración de las cadenas globales de valor resultante de las tensiones producidas por la pandemia de covid-19 colocaría a México en una mejor posición para emprender procesos de deslocalización de proximidad (nearshoring) y de reubicación de los centros de producción en países más afines a los polos de inversión y consumo, lo que es conveniente para aquellas empresas que estén procurando acortar sus redes de abastecimiento y acercarse al mercado de Estados Unidos.

Por último, la ratificación del T-MEC entrañaría un marco más propicio para aprovechar las iniciativas desplegadas por la actual administración estadunidense con miras a una recuperación económica basada en una política industrial que aproveche las tecnologías avanzadas para abordar los grandes desafíos contemporáneos.