CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)  calificó como “preocupante” el acuerdo firmado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cual declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura en diversos sectores y aquellos que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.

En un comunicado, el organismo presidido por Ángel García-Lascurain Valero señaló que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes.

“No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social”, agregó.

Para el IMEF, el desarrollo de proyectos de infraestructura que estén diseñados para promover la actividad económica y el desarrollo regional o nacional, requiere de evaluaciones de impacto ambiental, de demanda de uso, de estudios de ingeniería de proyectos, de análisis y evaluación de riesgos y de viabilidad financiera y económica, además de otros aspectos que garanticen su efectividad y sostenibilidad. 

Por ello, consideró,  se debe tomar el tiempo necesario para su correcta realización antes de iniciar las obras, para evitar sobre costos y sobre plazos.

De acuerdo con el IMEF, el acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos, eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo.

“Ello podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, abundó.

Adicionalmente, señaló el instituto, la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas.

“Ello eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país”, advirtió.