CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Los integrantes del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), acordaron un incremento de 22% al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021.

Información del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ratificó el anuncio y subrayó que “las representaciones de los sectores patronales, de los trabajadores y del gobierno, como resultado de la colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, la Secretaría del Trabajo y los representantes de los organismos sindicales, acordaron en el seno de la Conasami aumentar en un 22% el salario mínimo para el año 2022: en la Zona Libre de la Frontera Norte el Salario Mínimo General será de $260.34 y en el Resto del País será de $172.87”.

De 2019 a 2021 el salario mínimo se ha incrementado 60.4%, al pasar de 88.36 a 141.70 pesos diarios en el área “Resto del país”; mientras que en el área “Zona Libre de la Frontera Norte”, el aumento ha sido de 141.5% para quedar en 213.39 pesos diarios. Descontando la inflación los incrementos han sido de 43 y 115.3%, respectivamente.

Se estima que los incrementos han beneficiado a casi 4.5 millones de trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La composición del acuerdo tripartito es un 9% de aumento más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) en ambas zonas, destacó el CCE.

 “Este aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la Frontera Norte llegará a cubrir el 112% de la Línea de Bienestar Familiar y el Salario Mínimo General del Resto del País llegará a cubrir el 74% de la misma”.

El CCE indicó que junto con los organismos que integran ese organismo empresarial, “refrendan su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores, y superar, en el corto plazo, la Línea de Bienestar Familiar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Es una prioridad para el sector privado brindar soluciones a los retos que enfrenta nuestro país, de cara a la reactivación económica después de la pandemia del Covid-19, que tanto ha afectado la economía de las familias mexicanas”, señaló el consejo empresarial.