Revista Proceso
Incorporación de pequeñas empresas: Una ingeniería de desvíos
Naufragó el intento de incorporar a más de 15 mil pequeñas empresas a la formalidad mediante 154 proyectos con recursos del Instituto del Emprendedor. Los 294 mdp destinados a ello tuvieron un destino incierto.Naufragó el intento de incorporar a más de 15 mil pequeñas empresas a la formalidad mediante 154 proyectos con recursos del Instituto Nacional del Emprendedor. Y los 294 millones 577 mil pesos destinados a ello entre 2014 y 2016, a través de Concanaco-Servytur, tuvieron un destino incierto. Cuando la Auditoría Superior de la Federación intentó saber dónde estaban, la confederación, que en ese periodo presidió el empresario poblano Enrique Solana Sentíes, no le proporcionó las relaciones de gastos ni los comprobantes fiscales que acreditaran la aplicación y ejercicio de esos recursos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Lo que fue diseñado como un modelo encaminado a que más de 15 mil pequeñas empresas se incorporaran a la formalidad y “actualizaran” sus transacciones mediante el uso de nuevas tecnologías (tabletas), terminó con 294 millones 577 mil pesos aplicados de forma “irregular” y en manos de empresas fachada.
Esos recursos fueron destinados por el extinto Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), por conducto de Nacional Financiera, a la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) entre 2014 y 2016, según el documento de 254 páginas elaborado por la Auditoría de Cumplimiento Forense: 2016-5-10E00-23-0001-DN-2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esos 294 millones 577 mil pesos fueron “destinados” a 154 proyectos. Dos de ellos fueron denominados “proyectos estratégicos” bajo adjudicación directa, que implicó que el Inadem dirigiera 84 millones 995 mil pesos, mediante el Consejo Coordinador Empresarial, en calidad de “organismo intermedio”, a la Concanaco-Servytur, como “organismo operador”.
Como proveedores de la confederación figuró en 2014 y 2015 la empresa Celular Milenium SA de CV, de la cual es socio el entonces vicepresidente de tecnologías de la confederación, Juan Carlos Martínez Domínguez; también EMCO Soluciones en Software, SA de CV, la cual no fue localizada por la ASF en su domicilio fiscal registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y carece de registro patronal ante el IMSS.
De EMCO Soluciones de Software son socios Maricruz Alejandra y Erick Pérez Rauda, este último exyerno de Ernesto Pérez Astorga, actual senador de Morena y exvicepresidente de la Concanaco. Dicho sea de paso, Pérez Rauda es también socio de Rauda Global Consulting Services, una de las empresas que trianguló recursos.
La ASF detectó, por ejemplo, que en uno de los dos “proyectos estratégicos” 914 mil pesos no fueron autorizados por el Consejo Directivo del Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) para incluirlos en una partida de “gastos varios” en los que la Concanaco-Servytur se dio el lujo de gastarlos en los siguientes productos: verduras, cortes de carne, tintes de cabello, utensilios de cocina, vasos de vidrio, servicios de lavandería y tintorería, bebidas alcohólicas, utensilios de limpieza (guantes, escoba), focos ahorradores, clavos, vasos de café, pan, un árbol natural, camas, bolsas de lujo, artículos de plata, una chamarra, un abrigo, un suéter, un cobertor y una frazada.
Gravosas omisiones
El resto de los 294 millones 577 mil pesos, es decir, 209 millones 581 mil pesos, para los otros 152 proyectos fueron asignados por el Inadem –presidido en esos años por el ahora diputado local mexiquense Enrique Jacob Rocha– mediante convocatoria pública en el lapso de 2014 a 2016.
Sin embargo, 11 fueron desistidos por la misma confederación y representaban un valor de 3 millones 290 mil pesos. Los restantes 141 proyectos, ejecutados por la máxima representación del comercio organizado del país, manejaron en total 206 millones 290 mil pesos.
Eso sí, sobre ese dinero la Concanaco-Servytur no proporcionó a la ASF las relaciones de gastos ni los comprobantes fiscales correspondientes que acreditaran la aplicación y ejercicio de los recursos públicos federales en los conceptos, montos y porcentajes aprobados. Tampoco acreditó la obtención, aplicación y ejercicio de las aportaciones privadas de los beneficiarios a los proyectos autorizados.
De hecho, la auditoría observó que el Consejo Directivo del FNE omitió solicitar a la Concanaco el reintegro de los 206 millones 290 mil pesos, los cuales fueron manejados por 10 proveedores que a su vez triangularon los recursos a otras 16 empresas, las que posteriormente redirigieron los recursos a la confederación, entonces presidida por el empresario poblano Enrique Solana Sentíes.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2344 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.