CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Por enésima vez en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Coordinador Empresarial repudió las expresiones del presidente que van en contra de las empresas generadoras de energías renovables; de las mineras; así como de la intención del Ejecutivo de restarle fuerza a los organismos autónomos.

A decir del organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín, “en momentos tan difíciles para nuestro país, en que todos deberíamos estar buscando alternativas para impulsar la actividad económica, en poco abona el ataque a sectores productivos importantes y el demérito al trabajo del sector privado formal, que ha tenido que sobrellevar una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos sosteniendo las plantillas laborales”.

El empresariado se refirió al discurso de López Obrador utilizado en su habitual conferencia mañanera en la que de plano dijo ir contra dichas compañías, las cuales han “saqueado al país” en el “periodo neoliberal”.

“Es lo mismo que sucedió con la minería, entregaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera a empresas particulares, el 60 por ciento del territorio nacional lo concesionaron, ni Porfirio Díaz entregó tanto suelo patrio”, reprochó el tabasqueño en la conferencia del pasado siete de enero.

Por si fuera poco, el Ejecutivo sostuvo que seguirá apoyando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra los privados.

El CCE se dijo “preocupado” por algunas expresiones recientes de las autoridades, que estigmatizan a sectores económicos formales, que “son generadores de empleo, invierten en el país y pagan impuestos que financian el gasto público en salud, educación y seguridad”.

En particular, en lo que se refiere a las empresas de energías renovables y a la actividad minera.

“Las empresas generadoras de energías renovables, lo hacen dentro del marco legal y aportan energía barata, limpia y eficiente para los consumidores mexicanos, permitiéndonos también avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia medio ambiental”, defendió.

 A su vez, acotó, las concesiones mineras son autorizaciones legales, donde empresas invierten capital, asumen riesgos, generan empleo formal de calidad y bien remunerado y aportan enormes cantidades de impuestos y regalías de las que el gobierno dispone como gasto público.

Según la cúpula empresarial, las declaraciones también generan, por su parte,  incertidumbre los proyectos para debilitar o eliminar a los organismos autónomos, que han sido pilares de la democracia reciente y orgullo de México frente al mundo.

“La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma”, advirtió.

El CCE aclaró que cualquier empresa o actividad que esté fuera de la ley deber ser  castigada, sin embargo, “no podemos generalizar estos señalamientos”.

“Por todo ello, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades a continuar en el diálogo franco con los sectores sociales y productivos del país, sin ideologías ni prejuicios, buscando en conjunto el bienestar de todas las familias mexicanas”, pidió al gobierno de López Obrador.