CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un desencuentro más con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cúpula empresarial del país repudió la iniciativa en contra del outsourcing ilegal, presentada esta mañana en Palacio Nacional.

Mediante un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se dijo “sorprendido” y manifestó su “preocupación” por la propuesta del Ejecutivo porque –dijo-- “viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”.

Añadió: “Tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de covid-19”.

Durante 2019, recordó, el CCE y los organismos que lo conforman participaron activamente en el parlamento abierto realizado por el Senado para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación.

Allí se alcanzó un consenso entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero a la vez conservara las fuentes de empleo, sostuvo el organismo encabezado por Carlos Salazar Lomelín.

“Asimismo, establecimos un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa. Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado”, acusó la máxima representación empresarial del país.

El CCE aclaró que está de acuerdo en que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse.

Sin embargo, alertó que una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

La figura de la subcontratación –precisó-- permite a las empresas acceder a personal calificado de forma inmediata.

“Con la legislación actual, los empleados cuentan con esquemas de prestaciones laborales que resguardan su salud, su patrimonio, fomentan su desarrollo profesional y les dan seguridad en el empleo. Por otro lado, para las empresas extranjeras que deciden establecer operaciones en México, o bien para los nuevos empresarios, los servicios de subcontratación constituyen un medio para dar cumplimiento a todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, disminuyendo el riesgo de incumplimientos y sanciones”, explicó.

Aún más, para el CCE, cuando se apega al marco legal y se hace cumplir la ley, la subcontratación garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Con una regulación y control adecuados, es una figura útil y respetuosa de los derechos, que se utiliza en todo el mundo, y debe continuar existiendo en la legislación mexicana para fortalecer el mercado laboral y la competitividad, abundó.

La cúpula empresarial hizo un llamado a los diputados federales a establecer un nuevo proceso de parlamento abierto, en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa y, por tanto, se puedan hacer las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de familias mexicanas.

“En momentos en que las empresas de todos los giros y tamaños están haciendo grandes esfuerzos para mantener su plantilla laboral debido a la pandemia de covid-19, es insostenible generar mayores obstáculos en materia laboral. Autoridades y empresarios deberíamos estar buscando opciones para fortalecer la economía, y no debilitarla”, finalizó.