Cultura

Hacia una política económica de la cultura

El diseño de una política económica en materia de cultura trae consigo el desafío de comprender cuál es el sector cultural, cómo está compuesto, quiénes son sus agentes y cómo se desarrollan sus dinámicas.
domingo, 22 de diciembre de 2024 · 18:01

Este artículo se publica en medio de la discusión del presupuesto 2025 para el Sector Cultura (el más bajo en los últimos años, si bien se logró un incremento de último momento en la Cámara de Diputados). Con autorización de su autor, se reproduce de la revista digital Paso libre, del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (GRECU).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dos datos recientes nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la agenda nacional en materia de cultura. Por un lado, la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del impacto de la cultura en el Producto Interno Bruto (PIB), mismo que significó 2.7% en el año 2023 y, por el otro, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2025, con la asignación más baja al rubro de cultura en los últimos años.

La política cultural es un tema complejo que en ocasiones se ha prestado a una retórica que cae en lugares comunes como el de afirmar que “es un detonante para el desarrollo económico” o que “es un aliciente para la recomposición del tejido social”. Frases que sin duda pueden ser ciertas, pero que poco han demostrado su veracidad a través de datos duros.

A diferencia de otros sectores públicos, el de la cultura representa un reto, pues su propia definición significa un problema. No es lo mismo medir, por ejemplo, una política pública en materia de salud, que una en el ámbito de la cultura. En la primera los indicadores son relativamente fáciles de comprender; por ejemplo, si el gobierno aplica determinado número de vacunas para erradicar alguna enfermedad, podrá valorarse si dicha acción fue efectiva una vez que se observe con indicadores si ésta disminuyó.

En el campo de la cultura, contrariamente, los indicadores requieren una definición más elaborada, pues ¿cómo mostrar si determinada política en efecto trae consigo mayores beneficios culturales? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha construido una serie de indicadores útiles para esos propósitos. Sin embargo, quizá los indicadores que mejor logran acercarse a entender uno de los componentes de las dinámicas culturales, son los que están ligados a su impacto en la economía; es decir, los calculados por el INEGI a través de la Cuenta Satélite de la Cultura.

El INEGI basa su metodología haciendo uso primeramente del Sistema de Cuentas Nacionales, alineado con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), que México comparte con nuestros socios comerciales. Se trata de un desagregado de actividades específicas que tienen como componente principal la creatividad. El segundo elemento para elaborar la Cuenta es el de las fuentes de donde surgen los ingresos; en tal sentido, por la derrama económica que generan está primero el comercio de bienes y servicios culturales, luego el gasto de los hogares y, por último, el gasto público.

Cifras actualizadas al año 2023, dio a conocer el INEGI de la Cuenta Satélite de la Cultura el pasado 19 de noviembre. (Imagen tomada del comunicado 670).

La Cuenta Satélite de la Cultura es un rico instrumento que retrata la dinámica de la economía cultural a través de una gran cantidad de variables e información asequible que puede servir para la toma de decisiones basadas en la objetividad que dan los números. De este instrumento puede valerse el sector público, creadores, empresarios, académicos, donatarias y todo aquel que pretenda inmiscuirse en el vasto universo de la cultura.

Desafortunadamente, la racionalidad no ha sido una constante en materia de política cultural; contrariamente, en ocasiones vemos presentes decisiones unilaterales, gustos y hasta ocurrencias de los responsables de su aplicación.

Si bien el modelo de política cultural diseñado por José Vasconcelos ha estado vigente prácticamente por un siglo, es necesario reconsiderar un nuevo paradigma que pueda también generar beneficios materiales a la sociedad. Como afirma Eduardo Cruz Vázquez en su reciente libro Vislumbres del sector cultural (UANL, 2024), hay que girar de la concepción tradicional de política cultural hacia la construcción de un modelo de política económica de la cultura.

El diseño de una política económica en materia de cultura trae consigo el desafío de comprender cuál es el sector cultural, cómo está compuesto, quiénes son sus agentes y cómo se desarrollan sus dinámicas. Es decir, se requiere su “caracterización”. Eduardo ha llevado a cabo una encomiable labor en dicho sentido, tanto como investigador y periodista, como en su gestión de coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU, fundado en 2009). Su persistencia en el tema fue crucial para que el INEGI calcule desde 2014 la Cuenta Satélite de la Cultura.

Vislumbres del sector cultural es un detallado análisis de la economía de la cultura en México. Un texto que permite comprender la dinámica de la cultura en la economía, comenzando por una referencia histórica respecto al comercio cultural desde la Conquista. La economía cultural no es un fenómeno nuevo, sino que de alguna manera “siempre ha estado ahí”. Lo novedoso es la construcción de herramientas y metodologías para calcular su impacto. Algunos esfuerzos se dieron antes de la publicación de la Cuenta Satélite de la Cultura del INEGI, como los de Néstor García Canclini, Ernesto Piedras y del propio Cruz Vázquez. Eduardo, por ejemplo, encabezó el estudio de la aportación de la cultura al PIB de Oaxaca en 2011 antes de los cálculos del INEGI. Asimismo, realizó recientemente el análisis del sector en Baja California, un estudio más detallado utilizando ya los indicadores del INEGI para elaborar un análisis prospectivo de la entidad.

La vasta información que el INEGI pone al servicio de la sociedad y del gobierno se vuelve crucial para la toma de decisiones más informadas y racionales. Su utilización contribuiría no sólo a la optimización de los recursos con que cuenta el sector, sino al diseño de políticas orientadas a detonar procesos que resulten en beneficios materiales para la sociedad.

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