CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– No bien ha regresado a sus actividades y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) inicia el año 2022 con la noticia de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al cual está adscrito, ha decidido cancelar la contratación de su plantilla eventual de trabajadores, entre ellos 350 profesores de asignatura.

A través del oficio 401.4C.1-2021/17, el secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez Beltrán, notificó la medida e informó que a partir del 1 de enero de este 2022 no debe ser convocado a laborar ninguna persona contratada hasta el 31 de diciembre pasado, y que “su eventual contratación” estará sujeta a la autorización de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.

Fue el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien salió al paso a través de un tuit en el que aseguró:

En la ENAH “nadie será despedido; los eventuales que laboraron en 2021 serán recontratados. También los profesores de asignatura. Los que prestan servicios por honorarios, capítulo 3000 trabajarán como en 2021. Así informa el director del INAH”.

Lo cierto es que ni a través de un comunicado oficial, ni en su propia cuenta de Twitter, el director del INAH, Diego Prieto, había dado respuesta (tampoco lo ha hecho la Secretaría de Cultura). Sólo agregó algo al tuit de Ramírez:

“Gracias por la aclaración puntual y pertinente, apreciado Jesús. Espero estar pronto en la ENAH para platicar con los compañeros, maestros y estudiantes, despejar inquietudes infundadas y platicar sobre las perspectivas de la instrucción. ¡Feliz año!”.

Con la imagen del oficio firmado por Velázquez Beltrán, usuarios de la red aclararon a Prieto que sus inquietudes no son “infundadas” y le recordaron sobre los salarios que han dejado de cubrir en el INAH.

En respuesta al oficio administrativo, el director de la ENAH, Hilario Topete Lara, envió a Prieto Hernández el oficio 401.1S.1-2021/3824 para informar sobre las medidas y procesos que la institución académica dejará de atender de llevarse a cabo dicho recorte de personal.

La lista de los impactos es larga, abarca varias páginas, entre ellos pueden mencionarse la desatención al apoyo logístico y tecnológico necesario para la celebración de consejos académico y técnico del próximo 23 de enero; la realización de exámenes profesionales y de grado, en modalidad virtual y presenciales, cuyo inicio está planeado para el 17 de enero; se paraliza el proceso de nuevo ingreso a las licenciaturas: registro de aspirantes y su preparación logístico-académica tanto para el curso propedéutico en línea, como para la entrega de documentación oficial y examen de admisión; se afecta la preparación de los cursos de capacitación docente y la preparación de la evaluación docente; se paraliza la actualización, programación y sistematización de los 26 procesos realizados mediante el SIGA (Sistema Integral de Gestión Académica).

Asimismo, se imposibilita el cumplimiento de los tiempos establecidos en convocatoria para la inscripción de nuevo ingreso a posgrado a partir del 10 de enero de 2011; se detiene la atención y seguimiento de los problemas transversales de gobierno; se afecta el Programa Integral de Movilidad Académica (PIMA), que da inicio el 3 de enero de 2022; no se tendrán jefes de seguridad, control presupuestal, informática y de recursos humanos, con todo lo que ellos implica; se suspende el mantenimiento de primer nivel de todos los equipos, la conectividad, redes y procesos informáticos; se suspende la contratación de los 350 profesores (HSM) con vigencia del 16 de febrero al 15 de agosto de 2022; se suspende la validación de los registros de proyectos de investigación de tesis a nivel licenciatura y posgrado, lo que implica detener la postulación de las y los estudiantes para becas de distinta índole.

Topete Lara solicita “la pronta y total contratación de la plantilla del personal eventual” con el fin de evitar afectación del proceso educativo y recuerda a Prieto que “la educación constituye una actividad prioritaria para las políticas públicas del actual gobierno federal y la Secretaría de Cultura (encabezada por Alejandra Frausto) en específico”.

Décadas sin solución

A través de su cuenta de Twitter, el antropólogo e historiador Ricardo Fagoaga compartió un texto para mostrar cómo el problema de los profesores eventuales, contratados por hora, semana o mes, tiene décadas y no ha sido resuelto por las autoridades del INAH.

Debe recordarse ciertamente que una demanda permanente de los trabajadores eventuales y contratados por capítulos como el 1000 y 3000 ha sido la regularización de su situación laboral, pues no tienen plazas, ni salarios fijos y carecen de prestaciones como servicio médico o gratificaciones de fin de año, por poner sólo unos ejemplos. Y cada año la incertidumbre vuelve, pues son amenazados por los recortes presupuestales.

Luego de una asamblea realizada este domingo 2 de enero, estudiantes de la ENAH advirtieron por su parte, que la instrucción de la Secretaría Administrativa no sólo afectará a la escuela sino a gran parte de los centros de trabajo del INAH pues dependen de las labores del personal eventual.

Citaron el oficio de Topete Lara donde mencionó las dependencias escolares que serán afectadas: Oficina de la Dirección, Secretaría Académica, Subdirección Administrativa, Subdirección de Investigación, Dirección de Licenciatura, División de Posgrado, Subdirección de Extensión Académica y Subdirección de Servicios y Apoyos Académicos, que –subrayaron los estudiantes– “son esenciales para el funcionamiento de nuestra escuela”.

En su pronunciamiento, consideraron “inadmisible” que las autoridades estén poniendo en riesgo el inicio del semestre 2022-1 “y con ello la continuidad académica de miles de estudiantes de licenciatura y posgrado”.

Advirtieron que está en juego el futuro de miles de jóvenes y recordaron también que la situación no es nueva en la ENAH, sino recurrente, pero se ha intensificado en los últimos años. Apenas en 2021 se recortaron materias obligatorias y optativas en sus dos semestres y Diego Prieto se comprometió a que no volvería a ocurrir.

En 2018, mencionaron, estudiantes y profesores tuvieron que recurrir a un paro de labores para exponer las necesidades presupuestales y de reingeniería administrativa necesarias para la ENAH, y desde entonces hay acuerdos y compromisos, firmados por el propio Prieto, Velázquez Beltrán, y Aída Castilleja, secretaria técnica del INAH, pero “gran parte de ellos incumplidos”.

Consideraron inaudito que se desvalorice el trabajo de quienes han sido menos favorecidos salarialmente y exigen a las autoridades del INAH y a la Secretaría de Cultura garantizar los recursos presupuestarles “óptimos y necesarios para el digno funcionamiento de nuestra escuela y no se nos niegue el derecho a la educación pública y gratuita”.

El Sindicato Nacional de Investigadores del INAH también se manifestó y advirtió que los recortes presupuestales en el instituto ponen en riesgo a sus escuelas, lo cual es una tendencia generalizada contra el acceso a la educación gratuita, además de que afecta las actividades sustantivas del instituto.

Académicos de otras instituciones se han solidarizado con la comunidad de la ENAH y trabajadores del INAH, a través de redes sociales y han expresado su preocupación porque el gobierno federal, en su pretendida lucha contra la corrupción, está recortando presupuestos sin revisar exactamente la situación de queda instancia y sin actuar para solucionar ese problema esencial.

Otro de los cuestionamientos plantea por qué se pretende dejar sin trabajo a 350 profesores que ya de por sí vivían con un salario precarizado, en un gobierno que preconiza “primero los pobres”.