Los funcionarios públicos, por su propia naturaleza y por el cargo que ocupan, están bajo escrutinio. La crítica (cuando es verídica, razonada y de interés social) no debería incomodarlos: es parte de su responsabilidad pública.

Más allá de que sus acuerdos se cuestionen a través de recursos de reclamación, en los últimos días hemos atestiguado el abandono de las formas y un declive del Estado de derecho, acentuado desde la institución que debía velar por lo contrario.

La vida pública se volvió digital sin que el Estado haya construido una defensa mínima. Afecta derechos, servicios, seguridad y confianza.

El ministro de la Defensa, Israel Katz, recientemente ha afirmado que si Hezbolá no está desarmado al finalizar el año, podrá intervenir con fuerza en Líbano, porque no cree que se desarmará por su propia voluntad.

Atacar a una viuda que acaba de perder a su pareja en un contexto de narcoviolencia extrema revela no sólo insensibilidad, sino una estrategia comunicativa que sustituye argumentos por golpes y oportunismo, que polariza y revictimiza.