En octubre de 2023 Polonia eligió un nuevo gobierno. La coalición encabezada por Donald Tusk ganó las elecciones con un mandato claro: revertir ocho años de desmantelamiento institucional, restaurar el Estado de derecho, recuperar lo que el partido Ley y Justicia (PiS) había destruido. Era, según el relato dominante, el inicio de la restauración democrática.

Año y medio después el Tribunal Constitucional polaco sigue siendo un campo de batalla. El presidente de la institución se niega a reconocer a los nuevos jueces nombrados por el Parlamento. El presidente de la República bloquea los juramentos. PiS llama “agentes de Berlín” a quienes intentan recomponer el órgano. Dos tribunales europeos –el de Derechos Humanos y el de Justicia de la Unión Europea– han declarado formalmente que el Tribunal polaco no puede considerarse un organismo independiente e imparcial. Y las consecuencias de esa captura no son abstractas: las mujeres polacas siguen sin poder abortar en casos de malformaciones fetales graves, porque una sentencia emitida por ese Tribunal ilegítimo eliminó en 2020 la última causal de excepción relevante, y nadie ha podido revertirla.

Este escenario ilustra el desafío de la reconstrucción democrática que no se percibe con claridad cuando se celebran las victorias electorales de los demócratas. Ganar las elecciones no es lo mismo que recuperar las instituciones.

La historia del Tribunal Constitucional polaco es, en muchos sentidos, el manual de cómo se destruye una democracia desde adentro. PiS llegó al poder en 2015 con una agenda conocida: ya había gobernado antes, entre 2005 y 2007, y en ese periodo había intentado exactamente lo mismo sin lograrlo del todo. El Tribunal era el único poder del Estado que no había podido controlar. Cuando regresaron con mayoría absoluta, sabían perfectamente por dónde empezar.

Lo que hicieron fue técnicamente sencillo y políticamente devastador. Nombraron cinco jueces de un golpe, incluidos tres que ocupaban plazas ya legítimamente asignadas. El presidente Duda tomó sus juramentos en una ceremonia cerrada, de madrugada. Cuando el Tribunal declaró ilegales esas designaciones y luego declaró inconstitucional la nueva legislación que PiS había aprobado para forzar su inclusión, el gobierno simplemente se negó a publicar los fallos –requisito formal para que tuvieran efecto legal– y los declaró “consultivos”. En menos de un año el órgano diseñado para controlar el poder político se había convertido en su propia extensión.

Lo que siguió fue predecible. Los nombramientos posteriores al Tribunal fueron ostensiblemente partidistas: entre los nuevos “jueces” había diputados activos de PiS, una exlegisladora que había firmado mociones para restringir el aborto antes de ser designada para juzgar exactamente ese asunto, y el actual presidente de la institución, quien, hasta semanas antes de su nombramiento, trabajaba codo a codo con el entonces ministro de Justicia desmantelando el sistema judicial según instrucciones políticas. La institución dejó de ser un tribunal para convertirse en una extensión del partido gobernante, solo que con la toga puesta.

Pero hay una parte de la historia que la narrativa del “regreso democrático” tiende a suavizar. Antes de que PiS ejecutara su captura, el gobierno saliente de Plataforma Cívica –el partido que hoy encabeza Tusk– intentó anticiparse nombrando de golpe a cinco jueces, incluidos dos cuyas plazas no vencían sino hasta después de que la nueva legislatura estuviera instalada. El propio Tribunal declaró inválidos dos de esos nombramientos. Los mecanismos institucionales funcionaron. El problema es que PiS usó esa irregularidad parcial como pretexto para rechazar los cinco nombramientos, incluidos los tres que el Tribunal había validado, y para nombrar en su lugar a los suyos. Plataforma no inventó el problema, pero cedió a la tentación de jugar al límite de las reglas con un adversario que había decidido ignorarlas.

Y hoy, intentando reparar el daño, el gobierno de Tusk ha recurrido al mismo mecanismo que PiS en 2016: no publicar las sentencias del Tribunal para privarlas de efecto, porque el Tribunal, en su composición actual, sigue siendo ilegítimo y sus fallos siguen siendo políticamente sesgados. La simetría es incómoda. Para restaurar el Estado de derecho, el gobierno democrático está usando exactamente la misma herramienta que el gobierno autocrático usó para destruirlo. No porque quiera, sino porque las alternativas disponibles son políticamente inviables o institucionalmente bloqueadas. Las vías legislativas requieren la promulgación presidencial y el presidente Nawrocki (del PiS) la niega. La reforma constitucional requiere mayorías que no existen. El Tribunal que debería revisar las leyes de reforma es el mismo Tribunal capturado al que se intenta reformar. Polonia está en una trampa institucional.

La democracia, dijo Churchill, es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás. La frase es graciosa y cierta, pero no dice nada sobre el costo real de perderla. Construir un Tribunal Constitucional con autoridad genuina toma décadas. Requiere nombramientos sucesivos de personas competentes e independientes, que los gobiernos acaten sus fallos incluso cuando los perjudican, y que la clase política en su conjunto trate las reglas como algo más que un obstáculo conveniente o inconveniente según el momento. Destruirlo tomó meses. Recuperarlo –si es que se puede– está tomando años y el resultado final sigue incierto.

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Texto de Opinión publicado en la edición 35 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.