Administración Pública

Millones para El Grito; migajas para hospitales, universidades y desaparecidos

Los gobiernos de 23 estados y 11 alcaldías de la CDMX destinaron cerca de 317 millones de pesos para los festejos por el 215 aniversario de la Independencia, superando en muchos casos los presupuestos anuales de universidades, programas de atención a víctimas y servicios de salud.
domingo, 1 de marzo de 2026 · 07:00

PACHUCA, Hgo.– Con derroche de artistas y grupos musicales de todo tipo, espectáculos con pirotecnia y drones, así como brindis para invitados especiales, los gobiernos de la mayoría de los estados gastaron más en los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México celebrados en septiembre último que en otros rubros como el presupuesto a universidades públicas o la atención a víctimas de violencia.

Así ocurrió en los casos de 23 estados y 11 demarcaciones de la Ciudad de México, de acuerdo con solicitudes de información hechas por Proceso, y que arrojaron gastos que entre todos sumaron cerca de 317 millones de pesos para esa ocasión.

En la parafernalia millonaria con cargo al erario para dar El Grito no hay distingos de partidos en el poder, lo hicieron Morena, PAN, MC y PRI.

Los festejos por el 15 de Septiembre a lo largo del territorio nacional no sólo incluyeron los contratos de artistas estelares –quienes se llevaron montos millonarios–, sino espectáculos de pirotecnia y proyecciones de luces, además de cenas, catering y regalos para la clase política asistente, entre otros conceptos facturados.

Sin embargo, en otros casos prevaleció la opacidad y los gobiernos optaron por negarse a revelar los montos destinados a esos rubros de El Grito, comenzando por el gobierno federal.

El costo de las presentaciones artísticas con motivo de El Grito de Independencia 2025 –el primero de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la primera presidenta en encabezar esta ceremonia– está clasificado como reservado con el argumento de que transparentarlos “representa un riesgo” para la titular del Ejecutivo federal.

La Oficina de la Presidencia aseguró que dar cuenta de remuneraciones a agrupaciones e intérpretes como La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, que encabezaron la cartelera artística, así como los relacionados con el montaje de escenario, la sonorización o de cualquier otra índole, expone a Sheinbaum a un posible daño.

Por este criterio, ningún monto del acto público que se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre de 2025 puede ser divulgado, estableció el comité de transparencia de la Presidencia en una respuesta a la solicitud de Proceso, para conocer sus montos y rubros.

Páginas interiores de la edición 32 de Proceso.

En cambio, este reportero requirió vía transparencia a las 32 entidades federativas todas las facturas y contratos relacionados con las fiestas patrias, además de revisar sus procesos de licitación y adjudicaciones directas.

Aunque hubo negativas entre las dependencias, que van desde las Secretarías de Cultura, Administración y Finanzas, Gobierno, así como las Oficialías Mayores y otros organismos locales, fue posible conocer los servicios disponibles cargados al erario con motivo de los Gritos de Independencia.

El cotejo con los Presupuestos de Egresos de 2025, aprobados por cada Congreso estatal, revela que la noche de los festejos patrios superó gastos en materia de salud, procuración de justicia y educación, incluidos programas para atención a huérfanos por la violencia del crimen organizado, así como el rastreo de restos óseos para identificar personas desaparecidas.

 

Un grito… de opacidad

La “contratación inherente a la Adjudicación Directa Nacional Electrónica identificada con el número de control interno AD-SN-007-2025 del cual deriva el contrato número C45-25/AD-SN-007-2025”, fue clasificada “en la modalidad de reservada de manera total”; lo anterior, a consideración de la oficina, “derivado de que el expediente contiene información establecida como seguridad nacional”, dice.

Aunque después se reconoce que “el contrato de mérito se celebró a efecto de que se llevara a cabo la prestación del ‘Servicio integral para la organización del evento de conmemoración del CCXV Aniversario del Grito de Independencia de México’”; es decir, en una sola asignación se distribuyen todos los conceptos financiados.

Para la Oficina de Presidencia, “la presente prueba de daño se sustenta en que la divulgación de la información del expediente que contiene procedimiento de contratación (...) representaría en cualquier sentido la vulneración de seguridad nacional y pública, respecto de la titular del Ejecutivo Federal y su entorno, así como de las personas servidoras públicas que le asisten en las actividades encomendadas”; por ello, no accedió a dar a conocer los costos ni proporcionar una versión pública del contrato en la respuesta a solicitudes de información.

“En el caso concreto, la divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional, toda vez que de proporcionarse la información de referencia se dejaría en estado de vulnerabilidad a la titular del Ejecutivo Federal y su entorno, es decir, se puede ejecutar cualquier atentado en contra de su integridad física, ocasionando que en determinado momento se encuentre desprotegida y se vulnere en consecuencia, su vida, su salud, su libertad y su seguridad, así como la de su familia, de las personas que la acompañan, así como de las personas servidoras públicas en su entorno, bienes jurídicamente protegidos, que en consecuencia comprometen la seguridad nacional, la seguridad pública y la defensa nacional”, sostuvo Presidencia.

Lo anterior, porque la información sobre los costos del festejo patrio “puede ser aprovechada por agentes externos que, con una postura mal intencionada puedan conocer la capacidad de reacción de la Oficina de la Presidencia de la República; es decir, conocer sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de eventos y poner en peligro el orden público, ya que puede entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública”, insistió.

Por lo tanto, Presidencia sostuvo que “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación” de los datos de este contrato “supera el interés público general de que se difunda”.

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Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

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