La estrategia del gobierno morenista de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, para “recuperar” terrenos en la zona de Bahía de Banderas o Riviera Nayarit se ha convertido en un mecanismo institucionalizado de extorsión y despojo. 

El objetivo es apropiarse de bienes de alto valor y futura explotación turística sin indemnización, mediante fabricación de carpetas de investigación, aseguramientos ilegales, órdenes de aprehensión arbitrarias y prisión preventiva como herramienta de intimidación y hostigamiento a propietarios y abogados.

Navarro Quintero se ha embarcado en ese objetivo mediante un ejercicio pleno del poder: uso faccioso e irregular del aparato gubernamental, de la Fiscalía estatal y de funcionarios judiciales, con presiones a jueces y magistrados, elaboración de una ley de expropiación a modo y creación de un fondo inmobiliario en el que participan nuevos jugadores privados denominado Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn). Todo bajo el contexto del llamado Megaoperativo Nuevo Nayarit.

Las costas paradisíacas de Nayarit, con un vasto potencial turístico, son la manzana codiciada. Desde hace más de dos décadas, y a lo largo de administraciones de distintos partidos políticos, persiste un esquema de desposesión institucional y continuada. Durante al menos 16 años, este mecanismo benefició a políticos del PRI y a sus aliados –empresarios y desarrolladores– y en el actual gobierno de Morena continúa con el llamado “clan chilango” y sus socios inmobiliarios. 

El “clan”, denuncian los afectados, está integrado por... 

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0031 de la revista Proceso, correspondiente a enero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.