Sin extender su mandato ni convocar a una Asamblea Constituyente, Andrés Manuel López Obrador logró que su Plan C se convirtiera en norma constitucional.

En 2014 un tribunal falló en favor de 67 ejidatarios ordenando a la minera Penmont restituir cerca de 700 millones de dólares. Sin embargo, la empresa negó la deuda ante sus accionistas en Londres. Los ejidatarios denuncian que la compañía ha recurrido al uso de narcotraficantes y guardias privados.

Pese al control militar de las aduanas prometido por el entonces presidente López Obrador para acabar con el huachicol, una red de contrabando de combustibles se expandió en su sexenio con la complicidad de funcionarios y empresarios.