La reciente presentación de la plataforma de transparencia sobre las obras vinculadas al Mundial 2026 en la Ciudad de México abre una discusión incómoda, pero necesaria: no toda publicación de información pública puede llamarse transparencia. Conviene no confundir ambos conceptos.

El problema no es que exista un portal. Bienvenido sea. El problema es cuándo y cómo se presenta. La plataforma fue dada a conocer apenas el 1 de junio, cuando gran parte de las obras ya estaban avanzadas o incluso concluidas; los contratos habían sido firmados y los recursos, en buena medida, ejercidos. En otras palabras, se informa cuando ya no existe margen real para el seguimiento y la vigilancia ciudadana.

Eso contradice el sentido básico de la transparencia pública, que no debería ser un registro tardío de decisiones ya tomadas, sino un mecanismo de control desde el origen: licitaciones, adjudicaciones, convenios, permisos y seguimiento en tiempo real.

Como ha señalado Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, aunque es positivo concentrar información sobre el Mundial, la forma en que se presenta está lejos de los estándares de una verdadera política de transparencia. Un portal no puede ser sólo un escaparate de cifras, debe ser una herramienta de trazabilidad del gasto público.

Hoy, sin embargo, lo que se encuentra es otra cosa.

Al ingresar a la plataforma aparece una cifra de impacto: más de 23 mil millones de pesos en inversión estimada para obras vinculadas al Mundial, de los cuales más de 16 mil millones ya están registrados. Pero esa información no contiene datos específicos de la ejecución del recurso.

El portal desglosa montos por rubros, pero no responde preguntas fundamentales: ¿quién decidió qué obras se realizarían?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ganó los contratos?, ¿hubo competencia real?, ¿cómo se evaluaron las propuestas?

La información carece de elementos esenciales.

El caso se vuelve más evidente al revisar obras específicas, por ejemplo, no existe la información sobre quién se encargó de la rehabilitación de canchas de futbol cuya inversión fue de más de 472 millones de pesos. En materia de agua y medio ambiente, aparecen proyectos como la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Coyoacán por más de 140 millones de pesos, la construcción de colectores en Santa Úrsula Coapa por más de 100 millones o la instalación de infraestructura hidráulica en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, bastó la llegada de lluvias intensas para evidenciar que algunos problemas persisten. Esto abre dudas razonables sobre la planeación, la ejecución, la supervisión de las obras y la relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos.

El punto central no es únicamente técnico, sino institucional. Al revisar cada proyecto, el portal ofrece información fragmentada. Se conoce la dependencia ejecutora y el monto invertido, pero no la modalidad de contratación; tampoco las empresas beneficiadas, las propuestas técnicas y económicas, los fallos de licitación ni los mecanismos de supervisión.

En obras públicas de esta magnitud, esa información no es secundaria: es el corazón de la transparencia.

A ello se suman dudas sobre el uso de espacios públicos emblemáticos para actividades vinculadas al Mundial, como el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología o el Campo Marte, que es un jugoso negocio y no sabemos quién está detrás. La ciudadanía sabe que serán utilizados, pero no bajo qué condiciones, con qué criterios de autorización ni qué beneficios existirán para el interés público.

El problema de fondo es evidente: se ha construido un modelo de “transparencia” que informa demasiado tarde y demasiado poco.

La transparencia no es un portal publicado a semanas de un evento internacional. Tampoco es una base de datos con cifras aisladas. Es un proceso continuo que permite entender cómo se decide, cómo se gasta y quién se beneficia del dinero público. Eso sí es transparencia.

Cuando la información se presenta después de los hechos consumados, lo que queda no es rendición de cuentas, sino administración de datos cerrados.

Si la Ciudad de México quiere hablar en serio de transparencia, especialmente en proyectos de esta magnitud, debe garantizar que la información esté disponible desde el inicio de los procesos y no al final. Porque cuando la ciudadanía se entera tarde, ya no está vigilando: sólo está leyendo el resultado de decisiones en las que nunca tuvo oportunidad de incidir.