CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al cumplir dos años de su triunfo, Claudia Sheinbaum convocó a un acto que presentó como una “rendición de cuentas”. No lo fue, y conviene empezar por ahí, porque el nombre es ya el primer acto de construcción. Un discurso de poder no se mide por su coherencia interna, sino por su distancia con los hechos. Merece la pena nombrar esa distancia con cuidado: no son dos verdades opuestas —la realidad es una sola—, sino dos lecturas desiguales de ella, la del oficialismo y la de los indicadores. La brecha se vuelve crítica cuando el relato omite, justamente, aquello que más compromete su promesa. Veamos. 

Primero. El primer objeto que el discurso construye es su propio nombre. Se presentó como una rendición de cuentas y no lo fue. Andreas Schedler, en The Self-Restraining State (1999), la definió por dos componentes inseparables:  la obligación de responder —informar y justificar lo actuado— y la capacidad de sancionar —que el escrutinio tenga consecuencias—. Faltaron las dos. No hubo respuesta: dar cuenta exige exponer también lo que falló, y el acto solo reunió aciertos, expulsando lo incómodo —deuda, calificadoras, desapariciones, territorio cedido—. Y no hubo sanción: no existió contraparte —ni oposición, ni prensa, ni órgano evaluador—, sino una base reunida para refrendar. Tampoco fue el informe constitucional —ese llega en septiembre—, sino un mitin de partido por un triunfo electoral. Por eso la etiqueta no es un descuido, sino el primer movimiento del relato: viste de transparencia un acto de proselitismo. No rindió cuentas: las celebró. Y lo que vale para el nombre vale para el resto: el discurso no describe el país, lo construye. Lo advirtió Walter Lippmann en Public Opinion (1922) —entre el ciudadano y el mundo se interpone un pseudo-entorno— y lo radicalizó Jean Baudrillard en Simulacres et simulation (1981): el simulacro ya no representa lo real, lo sustituye. Su gramática es reconocible: frente a la complejidad, certezas; frente al dato, emoción. Es el reaseguramiento simbólico de Murray Edelman en The Symbolic Uses of Politics (1964), operando con un framing, en el sentido de George Lakoff (Don’t Think of an Elephant!, 2004), que los hechos incómodos no se refutan: no entran en el marco. Tiene, además, una estructura populista en el sentido técnico de Cas Mudde, The Populist Zeitgeist (2004): divide a la sociedad entre un pueblo puro y una élite corrupta, y necesita un enemigo que le dé contorno: el conservadurismo, la “ultraderecha”, la injerencia extranjera. Y seamos justos: la amenaza no es invención —la presión externa existe—; pero el relato la transforma en un principio que ordena la identidad y blinda al gobierno frente a su crítica: cuando todo viene de afuera, nada se debe a la conducción propia. 

Segundo. La primera grieta es económica. Mientras el relato celebra prosperidad, las tres principales calificadoras dibujan el cuadro inverso: el país quedó al filo de perder el grado de inversión, con la deuda al alza, un déficit elevado, una empresa pública que drena recursos y un crecimiento casi nulo. No es un tecnicismo: es la viga que sostiene la promesa social. Y esa viga es delgada: México recauda apenas 16,5% del PIB —muy por debajo del promedio latinoamericano— y más de la mitad de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, fuera del padrón. Se ofrece un Estado de bienestar con los ingresos de un Estado mínimo, y la diferencia se cubre, una y otra vez, con deuda. Hay que concederlo: el salario mínimo creció sustancialmente en términos reales, un avance verificable y de impacto directo; el relato conserva ahí una base real, y negarlo sería deshonesto. Pero una conquista del presente no garantiza su permanencia: la cuestión no es si hubo avances, sino si el modelo que los produjo puede sostenerlos.  Y ahí la crítica se vuelve estructural. La paradoja es que la propia política que define a la transformación —el gasto redistributivo y el rescate permanente de PEMEX— es, según Moody’s, la que erosiona las finanzas: se paga hoy el bienestar con la deuda que mañana obligará a recortarlo. Hay una segunda paradoja, de diseño: una asistencia universal y sin contraprestación, desligada del empleo, premia la permanencia en el programa más que la superación de la persona. Pensada como puente, puede volverse destino. Porque los números no militan, no aplauden, no se forman en las plazas: solo cuentan. El discurso habla de hoy; la deuda habla de mañana. Los mercados no votan, pero cobran; no acuden a las plazas, pero leen los balances. Una calificación no se debate, se paga; un déficit no se conjura con consignas. El bienestar financiado con deuda es bienestar aplazado, y la cuenta, puntual, siempre llega. Se puede gobernar contra la oposición, contra la prensa, contra el pasado; contra la aritmética, no. 

Tercero. La segunda grieta es más profunda, porque toca la definición misma del Estado. El discurso proyecta una soberanía firme; los datos describen un poder replegado de buena parte de su territorio. Según un estudio de la consultora AC Consultores, difundido por El Universal, el crimen organizado tiene presencia en cerca de 1.488 de los 2.471 municipios del país y en torno al 81% del territorio. No es una abstracción estadística: donde el crimen manda, cobra cuotas a comercios y transportistas, decide quién puede trabajar y desplaza a familias enteras. Es una fiscalidad paralela —un poder que cobra, ordena y expulsa—; y donde eso ocurre, lo que falta no es un programa social: es el monopolio legítimo de la fuerza. La honestidad obliga a reconocer un avance: según el Índice de Paz, los homicidios cayeron alrededor de 23% en 2025, el mejor registro en años. Pero la violencia tiene más de un rostro. Mientras los asesinatos bajan, las desapariciones subieron, según el registro oficial, a su nivel más alto —cerca de cuarenta al día, el peor dato desde que hay registro—, y México Evalúa advierte que la baja podría no deberse solo a la eficacia oficial, sino a que ciertos grupos “ordenan” el territorio que dominan, o a fallas de registro. Un país más pacífico en las estadísticas puede ser, a la vez, uno donde el Estado cede el control. De ahí la contradicción más aguda: el propio Estado legisla contra la infiltración criminal que su relato minimiza, y no se legisla contra lo inexistente. La medida es, sin proponérselo, una confesión. Hannah Arendt lo formuló en Truth and Politics (1967): la verdad fáctica es frágil y el poder tiende a sustituirla, pero los hechos son tercos. Puede proclamarse una soberanía hacia afuera mientras se erosiona hacia adentro. Un Estado no se mide por sus discursos, sino por sus límites internos: donde no llega, manda otro; donde no cobra, cobra el crimen; donde no protege, protege quien extorsiona. La soberanía no se proclama: se ejerce. 

No hay dos países: hay uno solo, contado de dos maneras. Uno se enuncia, otro se mide. Uno promete, otro registra. Uno tranquiliza, otro advierte. El discurso fue impecable, sin una sola fisura, y esa perfección fue su confesión: solo una realidad construida puede ser tan redonda. Lo que no se nombra no desaparece, se acumula; y los datos, tercos, tarde o temprano cobran. Gobernar es elegir cuál de las dos lecturas se atiende; porque ningún relato, por perfecto que sea, ha gobernado nunca a la realidad, y la realidad ignorada no espera, no negocia, no perdona: cobra. 

@evillanuevamx 

ernestovillanueva@hushmail.com