Nuestro país es firmante y parte obligada de Convenios de sustancias químicas y residuos peligrosos, de clima y atmósfera, de biodiversidad y mares. Pero su incumplimiento está teniendo graves consecuencias para la salud de los mexicanos.

Por mi formación y expertis como ingeniero químico industrial, mencionaré solamente los convenios que se refieren a lucha contra la contaminación por sustancias químicas. 

• Convenio de Basilea, firmado en 1989. Regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. En palabras simples: ningún país desarrollado (G20) deberá enviar sus residuos peligrosos a países en desarrollo. Ratificado en 1991. 
• Convenio de Rotterdam firmado en 1998. Regula el comercio de sustancias químicas y plaguicidas peligrosos. Bajo el concepto de "consentimiento previo informado o principio precautorio". Ningún país puede enviar alguna sustancia química a otro país, sin identificarla plenamente. Ratificado en 2005.
• El Convenio de Estocolmo firmado en 2001. Regula los contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs). Con el objetivo de eliminar y prohibir el uso de 34 sustancias químicas (altamente tóxicas), que no se degradan y se acumulan en tejidos grasos. Ratificado 2003.
• Convenio de Minamata, firmado en 2013 con el objetivo de reducir uso y emisiones de mercurio. Prohíbe nuevas minas y eliminar las existentes. Restringe su comercio internacional. Propone eliminar gradualmente usos en baterías, interruptores, ciertas lámparas fluorescentes, cosméticos, pesticidas y dispositivos médicos como termómetros y amalgamas en dientes. Prohíbe el uso de celdas de mercurio del proceso industrial cloro-álcali. Ratificado en 2015. 
• Marco Mundial sobre los Productos químicos (en inglés Global Framework on Chemicals), acuerdo internacional adoptado en septiembre de 2023 durante la Quinta Conferencia Internacional sobre la Gestión de Productos químicos (ICCM5) en Bonn, Alemania. Sustituye a SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management), en español es Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel Internacional.  Es un acuerdo voluntario para que podamos regular, sustituir y prohibir gradualmente todas aquellas sustancias químicas, que, aunque son muy útiles para nuestra vida urbana, tienen efectos sobre nuestra salud. 

Después de cuatro décadas de investigaciones, estudios epidemiológios y largas discusiones, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con la industria química mundial, se concluye que es urgente mejorar la gestión de dichas sustancias.

Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador y la actual administración han omitido la difusión y cumplimiento de los objetivos del Convenio de Estocolmo, desde su ratificación en 2004.

Los productores agrícolas jamás han sido convocados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se encuentra el punto focal de nuestro país ante los Convenios Globales. Me refiero a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, cuyo titular actualmente es Arturo Gavilán García, a quien por supuesto no le importa llevar a cabo los objetivos que señala el Convenio de Estocolmo. Específicamente señalo la obligación de eliminar y reducir las emisiones de dioxinas y furanos (que son las sustancias más tóxicas conocidas como compuestos orgánicos persistentes no intencionales, COPNIs) señalada en el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, página 200 numeral 4.2 que dice “Reducción o eliminación de la liberación de COPNI por la quema de residuos domésticos, incendios en vertederos y el uso de fuego en agricultura”.

El absurdo llega al grado de tener un Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SEMARNAT/SADER-2022, “Que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales, temporalmente forestales, preferentemente forestales, en los terrenos de uso agropecuario y colindantes” donde la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales institucionalizan la destrucción del suelo agrícola y generación de dioxinas y furanos por la quema de esta biomasa, con los objetivos de “eliminar residuos de cosechas anteriores, propiciar el rebrote de pasto cultivado, facilitar labores de cosecha caña de azúcar, controlar plagas y parásitos, eliminar arbustos y herbáceas que compiten con pastos, eliminar vegetación, previo a las actividades de siembra, controlar maleza”. Esta criminal quema de residuos de la producción agrícola genera cantidades gigantescas de dioxinas y furanos que afectan terriblemente la salud de los mexicanos, de la biota animal y vegetal. 

La destrucción ambientalmente adecuada de 2015 a 2025 de 37 mil 667 toneladas de equipos y materiales contaminados con policlorobifenilos, (equivalentes a 11 mil ton/aceites en aproximadamente 120 mil transformadores) que arrojó el inventario del proyecto PNUD 59701 Manejo y Destrucción Ambientalmente Adecuados de PCBs en México (2009-2015) es un fracaso total. 

El inventario nacional de la Semarnat a 2023 reporta mil 611 toneladas de equipos contaminados con BPCs en los reportes voluntarios (con 811 ton eliminadas), cifras que no son verificables ni creíbles porque no existen empresas autorizadas en México que los puedan destruir. De 2015 a 2023 analizaron en promedio anual 70 Cédulas de Operación Anual (COAs), de un total de cinco mil COAs anuales.

El Convenio de Minamata aportó siete millones de dólares (asignados desde 2020) para reducir los riesgos ambientales en México mediante el desarrollo de mejoras en la forma de vida de los mineros de mercurio de bajos ingresos, con una meta global de reducción/eliminación de mercurio de 140 ton/Hg. No han presentado resultados después de cinco años. Para el manejo adecuado en el sector industrial de cloro-sosa, aportó 12 millones de dólares para reducir/eliminar 130 ton/Hg. No ha podido iniciarse pese a que fueron asignados hace más de tres años. 

*Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC. Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático 

X: @calvarezflores