El 1 de mayo es una fecha emblemática. Nos recuerda una de las luchas sociales más importantes de la historia: la exigencia de jornadas dignas, salarios justos y respeto a los derechos de las y los trabajadores. Pero no es una conmemoración anclada en el pasado, es un llamado vigente. La defensa del trabajo digno sigue siendo una tarea permanente.

Hoy esa lucha ha cambiado de forma. Ya no se libra únicamente en fábricas o centros de trabajo físicos, sino también en el entorno digital. Un ejemplo de ello son las medidas de presión en contra de las personas, como el acoso laboral, el cual transitó de los espacios laborales a las plataformas digitales. Esta práctica nociva ocurre tanto en los gobiernos como en la iniciativa privada.

Ahí está el caso de la plataforma “Nódica”, en Puebla, aplicación que utilizaba el gobierno del estado para registrar la participación de empleados en actividades de difusión a favor de la administración del mandatario Alejandro Armenta. Es decir, se les obligaba a interactuar en las redes sociales cuando en el fondo para eso no habían sido contratadas las personas.

El caso de Puebla no fue un incidente menor ni una simple anécdota administrativa. Fue un episodio que debe señalarse con firmeza, porque exhibe cómo un gobierno puede cruzar límites laborales, éticos y democráticos bajo el disfraz de “trabajo”.

Gracias a denuncias el caso salió a la luz pública. El medio e-consulta documentó las exigencias del gobierno que estaban por encima de los contratos y las funciones del personal. A partir de esa revelación, el tema escaló al debate público.

Aquí hay una primera lección: cuando las instituciones fallan en transparentar, la ciudadanía y el periodismo se convierten en el último muro de defensa.

Los reportes señalan que servidores públicos fueron presionados para instalar aplicaciones en sus teléfonos personales, participar en campañas digitales y reportar actividad en línea alineada a una narrativa política. No es modernización ni innovación; es una forma de coacción laboral digitalizada que nada tiene que ver con la finalidad de las instituciones.

El uso de dispositivos personales agrava el problema. Se desdibuja la frontera entre la vida laboral y la privada, y se normaliza el uso de datos personales como herramienta de control. La participación deja de ser voluntaria y se convierte en imposición.

Aunque la plataforma fue desactivada tras su exposición pública en septiembre de 2025, el cierre no borra lo ocurrido ni responde las preguntas de fondo: ¿quién autorizó estas prácticas?, ¿por qué se implementaron?, ¿a cuántas personas se presionó?

Este caso confirma algo esencial: sin vigilancia ciudadana y sin denuncia pública, estas prácticas pueden permanecer ocultas. Fue la presión social y el trabajo periodístico lo que obligó a poner el tema sobre la mesa. En el actual México en el que vivimos, denunciar no es opcional; es necesario.

Porque cuando el poder convierte herramientas digitales en mecanismos de control, no estamos ante un problema técnico, sino frente a un abuso que vulnera derechos laborales, la privacidad y la libertad.

Y no es un hecho aislado. También se encendieron alertas cuando trabajadores de la Secretaría de Hacienda denunciaron intentos para obligarlos a registrar sus líneas telefónicas en programas institucionales. La presión pública frenó la medida, pero evidenció la forma en la cual altos funcionarios o gobernantes manipulan a la plantilla de trabajadores para sus intereses políticos.

Permitir (o imponer) la instalación de aplicaciones en teléfonos personales para fines laborales o políticos no es un tema menor. Puede constituir hostigamiento, abuso de poder y violaciones a la legislación laboral y de protección de datos en México.

Conviene recordar el caso Pegasus, el software utilizado para intervenir comunicaciones de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Ese episodio marcó un punto crítico en la discusión sobre vigilancia y uso indebido de tecnologías desde el poder.

En ese contexto, el entonces extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desempeñó un papel clave al ordenar la transparencia sobre la adquisición y uso de ese software, exigir la entrega de contratos e investigar posibles vulneraciones a datos personales. También dejó claro que la intervención sin controles representa una grave afectación a derechos fundamentales.

La lección es contundente: la tecnología, sin controles, sin transparencia y sin rendición de cuentas, puede convertirse en un instrumento de vigilancia que pone en riesgo la democracia. Porque no se trata sólo de “usar una app”. Se trata del acceso potencial a información sensible: ubicación, contactos, archivos, micrófono, cámara, etcétera. Es la posibilidad de vigilancia fuera del control del trabajador.

Cuando esto ocurre bajo presión, la persona pierde control sobre su vida digital. Entrega datos sin garantías claras sobre su uso o resguardo. Y eso, en cualquier contexto, es inadmisible. Estas prácticas pueden contravenir la Ley Federal del Trabajo y las leyes de protección de datos personales, además de implicar responsabilidades administrativas o incluso penales.

No es un asunto tecnológico. Es un asunto de derechos y de límites al poder.

Honrar el 1 de mayo implica más que recordar, actuar. Implica decir “nunca más” a cualquier forma de control que vulnere la dignidad laboral. Implica transformar el silencio en denuncia, y la denuncia en justicia.

Porque, al final, el trabajo digno también pasa por algo esencial: que nadie, nunca, vuelva a sentirse dueño de nuestra vida.