“… a los hombres grandes no hay que tocarlos y, si se los toca, es preciso acabar con ellos (Istorie fiorentini, libro IV, 30, en Machiavelli, tutte le opere, Sansoni Editore, Firenze, 1971, p. 735).

Este domingo que pasó (22 de febrero de 2026) fuimos testigos de una aplicación práctica del principio maquiavélico: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho y algunos de sus guardaespaldas fueron eliminados. La autoridad comenzó a imponerse. Lo hizo a cambio de pagar un precio elevado en vidas humanas. Esas pérdidas, por el lado que se les vea, son lamentables; mucho más lo son cuando se trata de elementos castrenses, cuya acción se enderezó a imponer la vigencia de la ley y en acatamiento de órdenes emanadas de superiores jerárquicos. Que alguien muera en cumplimiento del deber es lamentable; el sacrificio es digno de reconocimiento y encomio. Son héroes en un mundo en el que suponíamos ya no se daban. 

El costo en vidas, sobre todo de aquellos que cayeron en cumplimiento de su deber, fue inmenso. Muchas familias quedaron en estado de indefensión. 

La zona en que tuvieron lugar los hechos estuvo y está en estado de sitio: no se permite la libre circulación ni el ejercicio pleno de las libertades; está convertida en un distrito militar y sus habitantes sujetos a revisión: de sus personas y de sus domicilios. Lo que es explicable y, a la vez, lamentable. Lo es por cuanto a que en la Constitución existen bases para actuar de esa manera, que no se han agotado.

No se ha dispuesto una suspensión de derechos y garantías en los términos que establece el artículo 29 constitucional. Nadie lo ha hecho notar. Explica, pero no justifica, el que se haya procedido de esa manera el poder de fuego de la delincuencia, la violencia ejercida por ella, la gravedad de los hechos y el poder adquirido por Nemesio Oseguera, tanto en la zona de los hechos como en el país, en general. 

Nemesio Oseguera era un grande en el sentido maquiavélico. Lo era por razón de los hombres armados, recursos económicos y armamento con que contaba y de los que disponía. También lo era por las grandes porciones del territorio nacional que tenía bajo su control. Había que acabar con esa situación.

Pese a lo anterior, todo demuestra que el respeto de la Constitución, como sucedió durante los gobiernos priistas, sigue siendo potestativo y no obligatorio también para los gobiernos morenistas.

AMLO, por las razones que hayan sido, no se metió con Nemesio Oseguera pese a que sabía de su existencia, de su actuación, de su vida y milagros. Su inacción es imperdonable e inexcusable. Dejó crecer el problema hasta que se volvió incontrolable. Como en todo: en su ánimo de quedar bien con todos, el llamado “mejor presidente que ha tenido México”, dejó crecer también ese problema. 

Una vez iniciada la lucha contra la delincuencia, por aconsejarlo la prudencia política, es preciso llevarla hasta sus últimas consecuencias. La presidenta de la República, la señora Sheinbaum, los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, en general, saben que tienen el apoyo de los mexicanos. Ella, sabiendo que cuenta con el Congreso de la Unión, para no seguir violando la Carta Magna, debe echar mano de la institución prevista en el artículo 29 constitucional. Mucho más se justifica hacerlo para pacificar y reestablecer el orden en el territorio nacional.

Por virtud de las acciones emprendidas el domingo 22 de febrero se tocó a un grande: a Nemesio Oseguera; muerto éste, la política realista aconseja que también se toque a sus cómplices y a todas las ramificaciones de su organización criminal. Existen los medios constitucionales para fundar las acciones que se emprendan. 

De actuarse de manera tímida o ilegal, es esperarse que la reacción de la delincuencia organizada se deje sentir durante el Mundial de Futbol. Hay muchos elementos de tecnología avanzada para atentar contra quienes participen en la competencia o de quienes asistan a ella. Por ello, iniciada que fue la acción, nada debe detenerla; se debe ir hasta sus últimas consecuencias.

Ironía de la vida: la zona en que el Mencho operaba, detalles menos detalles más, es la misma en la que actuó el tuerto Manuel Lozada, alias el Tigre de Álica. Éste, aprovechándose de la inestabilidad en que cayó el país por virtud de la guerra de Tres años y de la invasión francesa, estuvo en posibilidad de levantar un ejército de bandoleros de más de siete mil hombres (J. Meyer, Manuel Lozada, Tusquets, México, 2015, p. 127); él, con base en su poder real, se dio el lujo de disponer de una reforma agraria aplicable en la zona bajo su control. Traicionó a la República y al presidente Juárez; apoyó a Maximiliano.

Porfirio Díaz, el 10 de noviembre de 1871, como general en jefe del Ejército Constitucionalista, reconoció y declaró como un muevo estado al séptimo cantón de esa entidad (Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, tomo XV, México, 1970, p. 546). El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, posteriormente, declaró la región como distrito militar y, con base en esa declaración, mandó al ejército; puso al frente del ejército a dos militares excepcionales: Ramón Corona y Sóstenes Rocha. Las tropas federales acabaron con el bandolerismo generalizado que había en la zona. Manuel Lozada fue fusilado el 19 de julio de 1873. Para resguardo de la zona, durante el resto del siglo XIX la región siguió siendo un distrito militar.

El Constituyente de 1917 dispuso que el séptimo distrito se convirtiera en un nuevo estado con el nombre de Nayarit (art. 47 de la Constitución). 

Entre el Tigre Manuel Lozada y el Mencho existe otra coincidencia: en la caída de ambos hubo faldas de mujer de por medio.

Una vez emprendida la acción de persecución y castigo contra esa delincuencia específica, es preciso llevar la acción hasta sus últimas consecuencias. Se tocó a un grande: es preciso, como dice Maquiavelo, spegnere, extinguirlo, acabarlo, pero hacerlo con base en la ley; se debe impedir que sus seguidores se reagrupen y reaccionen y que lo hagan con perjuicio de los mexicanos y del Estado de derecho.

Artículo de opinión publicado en la edición 0033 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.