Opinión
Cuando la fiscalización se cruza con intereses de poder
La ASF enfrenta un momento crucial: garantizar que la revisión de las cuentas públicas sea confiable, profesional y libre de presiones políticas. Que las revisiones se sustenten en metodología y no en dedazos.Concluyó el registro de aspirantes para dirigir la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano técnico encargado de revisar las cuentas públicas del país. Entre el 19 y el 28 de febrero, 92 personas se inscribieron para competir por este cargo.
El proceso seguirá un calendario definido, la revisión de documentos será del 1 al 5 de marzo; las entrevistas, del 6 al 10; y la votación en el pleno se llevará a cabo el 11 de marzo. Por ley, el actual titular concluye su periodo el 15 de marzo, por lo que el nuevo auditor deberá estar designado antes de esa fecha.
Entre los aspirantes destacan perfiles con experiencia dentro de la ASF y también externos. En plena etapa del proceso, varias y varios aspirantes que anteriormente formaron parte de la institución han denunciado presuntas irregularidades al interior.
La pregunta obligada es: si es así, ¿por qué no las denunciaron cuando estaban dentro?
La ley es clara: quien conoce irregularidades y no las denuncia también asume responsabilidad. Hoy se escuchan más denuncias que propuestas.
El silencio ante posibles irregularidades puede convertir en cómplice a quien conoce los procedimientos y no actúa.
Al mismo tiempo, la lista incluye perfiles totalmente desconocidos, cuyas postulaciones podrían responder más a dinámicas de grupos de poder que a una trayectoria técnica en fiscalización. La inscripción del actual titular, David Colmenares, generó expectativas que motivaron la aparición de candidatos técnicos que inicialmente no tenían previsto registrarse, lo que evidenció un ajuste de estrategias dentro del proceso.
Esta contienda refleja un riesgo constante: que un órgano técnico y autónomo dependa de intereses políticos, desviando su función de revisión y fiscalización hacia compromisos partidistas. Ninguna institución de esta naturaleza debe convertirse en rehén político ni en una “caja chica” de acuerdos; su prioridad debe ser la ética, la independencia y la capacidad técnica.
Quien finalmente asuma la titularidad deberá demostrar conocimiento sólido en fiscalización y un compromiso inequívoco con la transparencia y la rendición de cuentas. Personalmente, decidí no participar, pero confío en que la decisión final privilegie perfiles éticos, técnicos y con trayectoria intachable, procurando además un equilibrio entre hombres y mujeres.
La ASF enfrenta un momento crucial: garantizar que la revisión de las cuentas públicas sea confiable, profesional y libre de presiones políticas. Que las revisiones se sustenten en metodología y no en dedazos. Aunque el registro ha concluido, el verdadero proceso apenas comienza. Desde sus primeros días han salido a flote intereses políticos, rencores y disputas por el control del máximo órgano de rendición de cuentas del país. Varias y varios aspirantes no pasarán el filtro, de acuerdo con los requisitos establecidos.
El desenlace permitirá evaluar si la metodología implementada para la selección funcionó; pero, sobre todo, mostrará qué grupo de poder logró imponerse, incluso dentro de los propios movimientos internos. Esta contienda no sólo mide capacidades técnicas y trayectoria, sino también influencia, estrategias y fuerza política. La transparencia y la técnica deben prevalecer; sin embargo, la dinámica de poder estará presente y, en gran medida, definirá el resultado final.