Durante décadas hemos responsabilizado a los tres niveles de gobierno por sus omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en nuestro marco normativo para dar un manejo sustentable a nuestros residuos sólidos urbanos. El artículo 115 constitucional asigna la responsabilidad a los ayuntamientos de practicar un manejo integral de los residuos que recolecta en su territorio. Las leyes estatales de residuos o de protección al ambiente obligan a las entidades federativas a vigilar a sus ayuntamientos para que cumplan. La federación tiene la obligación de actuar coordinadamente con ayuntamientos y entidades federativas para cumplir los 13 principios de política del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (2009-2012), creado a partir de la publicación de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos en 2004, que establece la política ambiental en materia de residuos.

Esas omisiones son causas fundamentales de que nuestro país mantenga un retraso de cuando menos 30 años respecto de los países europeos en el manejo de nuestros residuos sólidos urbanos. Haré un análisis minucioso del modelo de gestión obsoleto, caro y contaminante basado en el “relleno sanitario” de eso que equivocadamente llamamos “basura”. Nosotros hacemos la basura porque mezclamos todos los residuos que generamos en casa. Incluyendo medicamentos caducos y residuos peligrosos del hogar (aceites, raticidas, plaguicidas, solventes, tintes de pelo, quitaesmalte, quitacochambre).

La fracción orgánica compuesta de residuos de frutas, verduras y legumbres (puede contener hasta un 90.0% de agua) se mezcla con todos los envases, empaques y embalajes en los que ahora nos venden todos los alimentos (incluyendo los “alimentos” procesados), bebidas y medicamentos, ensuciando diariamente decenas de tipos de envases y empaques hechos de polímeros (plásticos) de todo tipo: papel, cartón, vidrio, acero, aluminio, madera y textiles, al meterlos en una bolsa de polietileno de baja densidad de color negro. Esto conforma un mezcla tóxica de sustancias químicas, colorantes y agua (lixiviados), que afecta la naturaleza de los diferentes materiales.

Otra de las causas más importantes es la falta de educación de los mexicanos. Con esta premisa es casi imposible que podamos pensar en un manejo adecuado de 45.0 millones de ton/año de residuos sólidos urbanos. Durante más de 30 años he platicado con presidentes municipales. Invariablemente me han contestado: “¿Usted cree que vamos a educar a los mexicanos y convencerlos de que separen adecuadamente sus residuos sólidos urbanos? Eso jamás lo lograremos”.

Recuerdo una reunión con Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Educación Pública en 1993, como miembro del Movimiento Ecologista Mexicano, AC, donde le propuse incluir la educación ambiental en los programas educativos desde la educación preescolar hasta la universitaria. Me contestó: “Muy buena idea, ingeniero Álvarez”. Pero fue todo. Llegó circunstancialmente a la Presidencia de la República y jamás recordó mi propuesta.

También el 5 de junio de 2008, en un paraje muy bonito camino a Toluca, en La Marquesa, en un evento organizado por el gobierno federal que dirigía Felipe Calderón Hinojosa, a quien atajé al final del evento junto con Josefina Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, y José Luis Luege Tamargo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Le hice la misma propuesta: incluir la educación ambiental en los programas educativos de los sistemas educativos público y privado. Solamente publicaron 10 mil ejemplares de un texto: ¿Y el medio ambiente? Concluyo que nuestros gobernantes jamás han querido insistir en la educación ambiental, manteniendo a los mexicanos en el más profundo analfabetismo ambiental y climático.

Un obstáculo muy difícil de superar por nuestros gobernantes son los grupos de poder de empleados municipales del servicio de limpia, los pepenadores y ahora tenemos miles de voluntarios independientes de los otros dos. Estos mexicanos mantienen una situación de fuerza política que alimentan los propios gobernantes al permitirles realizar labores fuera de los leyes, normas y reglamentos a cambio de su voto en las elecciones por el partido gobernante en turno.

Bienvenida la propuesta “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, del gobierno de la CDMX encabezado por Clara Brugada Molina, de impulsar nuevamente la separación en el hogar. Es la continuación del esfuerzo que iniciara el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa publicando la norma NADF-024-AMBT-2013: “Norma ambiental para el Distrito Federal, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberán realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal”. Su meta es separar los residuos sólidos urbanos en cuatro categorías: Orgánicos: restos de comida, jardinería, podas. Inorgánicos Reciclables: plásticos (diferentes polímeros), vidrio, papel, cartón, metales, envases multicapa (tetra-pak). Inorgánicos No Reciclables: papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, colillas, preservativos, residuos sanitarios. Manejo Especial y Voluminosos. Electrodomésticos, muebles, cochones. Los días de recolección: martes, jueves y sábado: orgánicos. Lunes, miércoles, viernes y domingo: inorgánicos (reciclables y no reciclables). La nueva versión es prácticamente la misma, sólo agrega y enumera más corrientes de residuos inorgánicos no reciclables y enumera más residuos orgánicos.

Para alcanzar el concepto de “basura cero” es indispensable la inversión en infraestructura de unidades recolectoras modernas de los residuos sólidos urbanos, con compartimentos para cada grupo de residuos. Los gobiernos deben instalar plantas modernas de tratamiento de los residuos orgánicos para producir una verdadera composta y plantas modernas de transformación de la fracción inorgánica no reciclable para producir combustibles derivados de residuos, así como plantas termovalorizadoras para generar energía eléctrica limpia. Jamás han implementado el sistema de separación mediante contenedores de 2.0 metros cúbicos c/u, en la vía pública, como en Barcelona o Madrid. Los recursos económicos para esta enorme inversión deberán ser recabados mediante el cobro a los ciudadanos por la gestión de nuestros residuos (Articulo 10, fracción XI de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos) mediante una norma tarifaria federal que deberá proponer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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*Consultor ambiental. Experto en gestión de residuos y cambio climático. Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.

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