El 16 de enero último entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud, la cual pasó casi desapercibida en el debate público, eclipsada por la discusión sobre vapeadores y cigarrillos electrónicos. Sin embargo, sus implicaciones son profundas y preocupantes: miles de pacientes con enfermedades graves hoy enfrentan incertidumbre sobre su acceso a tratamientos de alto costo, como los relacionados con el cáncer, VIH/SIDA y la enfermedad renal crónica.

La reforma aprobada el 9 de diciembre de 2025 eliminó silenciosamente la obligación legal de destinar un porcentaje específico del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) a la atención de enfermedades graves y de alto costo, como cáncer, VIH/SIDA, trasplantes y cuidados intensivos neonatales.

Este porcentaje no era un detalle administrativo, sino un blindaje legal que garantizaba recursos para quienes enfrentan padecimientos que ponen en riesgo su vida. Con su eliminación, los recursos del FONSABI dejaron de estar etiquetados y ahora pueden destinarse a cualquier otra necesidad gubernamental, quedando sujetos a la discrecionalidad administrativa. Para los pacientes y sus familias, esto es una fuente real de miedo e incertidumbre ante la posibilidad de perder tratamientos vitales.

La situación se agrava en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta un presupuesto estancado, hospitales saturados y personal insuficiente. Quitar recursos previamente garantizados para tratamientos de alto costo incrementa el riesgo de desabasto de medicamentos y retrasos críticos en la atención de los pacientes más vulnerables.

Las cifras muestran la magnitud del problema. En 2025 se registraron en México más de 207 mil nuevos casos de cáncer y alrededor de 96 mil muertes por tumores malignos. En cuanto al VIH/SIDA, se notificaron más de 16 mil nuevos diagnósticos; cerca de 400 mil personas viven con VIH y alrededor de 40% de los casos se detecta en etapas avanzadas. La enfermedad renal crónica afecta a más de 12% de la población y sólo en el primer semestre de 2024 causó más de 12 mil muertes.

La reforma debilita este derecho al eliminar una garantía legal y convertirlo en una promesa condicionada al presupuesto y a decisiones administrativas, justo cuando la transición al IMSS-Bienestar sigue siendo incompleta.

Organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa y la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, entre muchas otras, manifestaron su preocupación ante la nueva reforma a la Ley General de Salud, al advertir que la modificación en la gobernanza del FONSABI “abre la puerta a la discrecionalidad”. 

En un comunicado señalaron que anteriormente la ley establecía una distribución porcentual clara de los recursos del Fondo: 8% para enfermedades de alto costo, 2% para infraestructura y 1% para el abasto de medicamentos y estudios, mientras que la reforma elimina la obligatoriedad de esta repartición,trasladando la decisión de asignación al Comité Técnico del Fideicomiso. La eliminación de estos “candados” legales podría reducir la transparencia y la previsibilidad del gasto, derivando en una posible disminución de recursos destinados a padecimientos de alto costo. Por ello, las organizaciones subrayan la urgencia de definir con claridad los mecanismos mediante los cuales se determinará la atención de pacientes y los tratamientos previamente establecidos en los convenios entre instituciones.

En este contexto, resulta urgente que se transparenten las adquisiciones, los gastos realizados en los hospitales y los costos de atención para enfermedades crónicas, ya que sin acceso a esta información es imposible conocer con precisión el presupuesto realmente asignado y ejercido. 

Expertos advierten que, sin regulación y transparencia en estos costos, los seguros de gastos médicos podrían volverse insostenibles, afectando directamente la cobertura y protección de los pacientes.

Ignorar este cambio implica aceptar que los costos recaigan en los pacientes. Informarnos es importante, porque aquí el costo no es político: es profundamente humano.