CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante décadas el debate fue sencillo y lineal: censura o libertad. Callar o permitir hablar. Ese marco hoy es insuficiente, casi ingenuo. El derecho a la información no está siendo erosionado principalmente por prohibiciones explícitas, sino por un fenómeno más sofisticado y eficaz: la saturación informativa sistemática. No se impide el acceso. Se anula la comprensión. No se silencia el discurso. Se lo disuelve en un mar de estímulos irrelevantes, fragmentados y emocionalmente manipulados. La información existe, circula y se multiplica, pero ya no orienta. Confunde. Fatiga. Neutraliza. El efecto final es equivalente a la censura, pero sin su costo político.

Primero. El derecho a la información surgió históricamente como respuesta a la opacidad del poder. Su enemigo era la ausencia de datos. Hoy su enemigo es el exceso. Nunca hubo tanta información disponible. Nunca fue tan difícil comprender la realidad social y política. La saturación informativa no es un accidente.
Es una condición estructural del ecosistema digital contemporáneo. Produce cansancio cognitivo. Reduce la atención. Desactiva el interés por los asuntos públicos.La ciudadanía no deja de informarse por apatía.Deja de informarse por agotamiento.Cuando todo es urgente, nada lo es. Cuando todo es noticia, nada se asimila.El ciudadano se repliega. Desconecta. Simplifica. Este entorno no fortalece la deliberación democrática.La debilita desde su base. El derecho a la información no se agota en el acceso técnico a datos.Exige inteligibilidad, contexto y relevancia pública.Sin estas condiciones, el derecho se vacía de contenido material. La Corte Interamericana ha sido clara: el derecho protege la posibilidad real de formarse una opinión libre e informada, no la mera existencia abstracta de información (CIDH, Claude Reyes vs. Chile). La saturación informativa rompe esa posibilidad.
No prohíbe saber. Impide entender.

Segundo. El problema ya no es solo la cantidad de información. Es quién decide su visibilidad. La circulación informativa está mediada por algoritmos opacos, diseñados para maximizar permanencia y rentabilidad, no comprensión ni interés público. No seleccionan lo más relevante. Seleccionan lo que provoca reacción.La indignación desplaza al análisis. La emoción desplaza al contexto. La velocidad desplaza a la verificación. El ciudadano no elige plenamente qué ve. Un sistema invisible jerarquiza por él. Define agendas. Amplifica discursos. Silencia otros por simple irrelevancia algorítmica. Aquí no hay censura directa. Hay dilución estratégica. La desinformación contemporánea no opera solo mediante noticias falsas. Opera mediante fragmentación del sentido. Un dato veraz, aislado de su contexto, reiterado hasta el cansancio, también desinforma.Un escándalo permanente impide ver los problemas estructurales. Este modelo erosiona el juicio crítico. No destruye la información. Destruye el criterio para evaluarla. El resultado es funcional al poder, público y privado. Un ciudadano saturado no es un ciudadano informado. Es un ciudadano manejable. No porque crea todo. Sino porque deja de creer que comprender sea posible. La UNESCO ha advertido que los entornos digitales actuales generan una crisis global de integridad informativa que afecta directamente a la democracia, la confianza institucional y la cohesión social.
No por censura estatal. Por diseño tecnológico. Aquí surge un vacío constitucional grave. Los intermediarios privados ejercen poder estructural sobre derechos fundamentales sin controles equivalentes. No legislan, pero condicionan.
No gobiernan, pero influyen.No rinden cuentas, pero deciden qué importa.

Tercero. El discurso jurídico dominante sigue anclado en una premisa hoy insuficiente: a mayor cantidad de expresión, mayor libertad. Eso ya no es cierto. Cuando todo circula sin jerarquía, sin responsabilidad y sin transparencia,
la libertad se convierte en ruido. Y el ruido no emancipa. Paraliza. La libertad de expresión no puede analizarse de forma aislada. Debe entenderse en relación directa con el derecho a la información. Ambos forman un sistema. Si uno se expande sin límites, el otro colapsa. La Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresión no es absoluta. Tiene límites legítimos cuando entra en tensión con otros derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a recibir información veraz, contextualizada y útil para la deliberación democrática. El desafío actual no es callar voces. Es reconstruir las condiciones del sentido. No se trata, de ninguna manera, de regular contenidos ideológicos. Se trata de regular condiciones estructurales: transparencia algorítmica, responsabilidad de plataformas, protección del interés público informativo. El Estado no puede ser censor. Pero tampoco puede ser indiferente. Debe asumir su papel de garante del ecosistema informativo. De lo contrario, el derecho a la información seguirá intacto en los textos constitucionales, pero ausente en la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

La censura clásica imponía silencio. La saturación informativa impone confusión. Ambas anulan el derecho a la información. Pero la segunda es más eficaz, más barata y políticamente invisible. Hoy no se prohíbe saber. Se hace inútil saber. Defender el derecho a la información exige abandonar esquemas del siglo pasado. El problema ya no es quién habla. Es quién organiza el sentido. Mientras no se enfrente esta realidad, la democracia seguirá hablando sin parar y entendiendo cada vez menos.

@evillanuevamx

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