Fuerzas Armadas
México, dilema constitucional de la seguridad
Hablar de soberanía en México se ha vuelto un mantra. Se repite al infinito. Basta salir a ciertas carreteras para comprender la contradicción. Ahí la soberanía no la ejerce el Estado, sino grupos criminales.CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oferta del presidente Trump de cooperar con fuerzas armadas para abatir los grupos delincuenciales de México genera un efecto inercial de rechazo: No, se perdería la soberanía. Ese concepto que cada día más se vuelve inasible para muchos: cobro de “derecho de piso”, extorsión, tráfico de personas y de sus órganos, reclutamiento obligatorio de niños y jóvenes condenados a perder su futuro para aumentar la fuerza del crimen y un amplio etcétera. La Constitución contiene una respuesta que incomoda. No es un invento de coyuntura. Es un mecanismo previsto en el diseño constitucional. Véase si no.
Primero. Hablar de soberanía en México se ha vuelto un mantra. Se repite al infinito. Basta salir a ciertas carreteras para comprender la contradicción. Ahí la soberanía no la ejerce el Estado, sino grupos criminales. Ahí está el golpe de realidad: la soberanía ya no es uniforme, es fragmentada. Cada intento de depuración interno de las fuerzas del orden ha terminado en fracaso. Las redes de corrupción son demasiado profundas. La población lo sabe y, por eso, desconfía. El artículo 1º de la Constitución es contundente: toda autoridad debe proteger los derechos humanos. El primero, el más básico, es el derecho a la vida. Muchas muertes violentas cada año revelan que ese deber no se cumple. El artículo 4o agrega la obligación de vivir libre de violencias como parte de la vida digna. La brecha entre el texto y la realidad es insostenible. Aceptar cooperación militar de Estados Unidos no significa entregar el país. Significa recuperar lo perdido. Es ejercer soberanía en los hechos y no solo en las palabras. El Senado, como representante de la Federación, tiene la llave. Puede fijar plazos, territorios y objetivos. Puede supervisar resultados. Es verdad que hay que atacar las causas estructurales de la violencia, pero no hay fechas ni compromisos puntuales para que eso suceda. Y no hay opciones antetéticas. Pueden correr por el mismo sendero. Lo cierto también es que la violencia no espera. La impunidad tampoco. La Constitución permite la cooperación con fuerzas extranjeras en operaciones específicas. ¿No es esa una herramienta legítima para recuperar el control inmediato del Estado? ¿Vale más una bandera abstracta de soberanía que la vida y/o la integridad física, patrimonial y emocional de miles de mexicanos? Negar la cooperación, ¿no equivale en realidad a renunciar a la verdadera soberanía?
Segundo. Hablar de cooperación militar extranjera no es solo discutir armas o tácticas. Es, sobre todo, pensar en lo que esa decisión provocaría en la vida política, en la sociedad y en la economía. El primer efecto sería simbólico, pero no menor: ver al Senado votando en una sola dirección. ¿Cuándo fue la última vez que todas las fuerzas coincidieron? Casi no hay memoria de algo parecido. La unidad, en un país fracturado, sería un mensaje en sí mismo. No de partido, sino de Estado. El segundo efecto llegaría a la calle. El ciudadano común no discute teorías sobre soberanía. Lo que quiere es llegar con bien a su trabajo, a su escuela, poder abrir su negocio sin que llegue el cobro de piso. Quiere vivir sin miedo. Si el Senado aprobara la cooperación, la gente sentiría que, por primera vez en mucho tiempo, se rompe la inercia de promesas que no hay condiciones para cumplir. Sería percibido como un acto de protección real, no como un discurso. En el ángulo económico, la violencia tiene un costo que se refleja en cada decisión de inversión. Seguros más caros. Créditos más restrictivos. Los mercados no leen discursos; leen realidades. Si México mostrara voluntad de enfrentar al crimen con todos los medios constitucionales y legales disponibles, la señal sería inmediata: estabilidad. Y con ella mejores condiciones para negociar el T-MEC, para alejar el amago de los aranceles americanos, para atraer capital extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum tendría la oportunidad de mostrar que su gobierno no se limita a administrar la tragedia heredada. Podría marcar un quiebre. Un acto de decisión que muestre liderazgo nacional e internacional a nivel narrativo que le daría a Trump una bocanada de oxígeno puro también frente a sus electores. El camino hacia la recuperación total del territorio por tres rutas: a) Atender las causas estructurales; b) Depurar progresivamente las perores expresiones de la corrupción en el gobierno y c) Aceptar con estricto apego a la Constitución la oferta de ayuda de Estados Unidos.
Tercero. La cooperación entre Estados Unidos y México no es nueva. Hoy es más intensa que en el sexenio pasado, aunque en secreto. Hablar de soberanía como dogma es un espejismo cuando los cárteles actúan como ejércitos. Tienen armas de guerra. Tienen control territorial. Tienen más poder de fuego incluso como para enfrentar en algunas regiones al propio Estado. Se dice –y es válido pensarlo– que aceptar ayuda es entregar la soberanía. Pero, ¿qué soberanía se defiende cuando municipios enteros obedecen a los criminales? Ahí el Estado no gobierna. Gobierna el crimen. El punto no es el “qué”, sino el “cómo”. Si EU ofrece apoyo, debe aceptarse bajo reglas firmes. Bajo la Constitución. Bajo jurisdicción mexicana. Con mandos militares nacionales al frente. Hoy la narrativa es un callejón sin salida: EU ofrece y México rechaza. Ese discurso está agotado. La presidenta Sheinbaum debería arrebatarle la bandera a Trump. Decir: bienvenida la ayuda y las tropas, pero bajo nuestras condiciones. México y EU comparten la frontera más larga del mundo. Si México se desestabiliza, EU también se hunde. Esa es la verdad. Y es irrebatible. Por supuesto, no faltará quien de buena fe considere que podría tratarse de traición a la patria, aunque tenga todo el sustento constitucional. Traición a la patria no es aceptar cooperación. Traición es abandonar a la gente a su suerte. Traición es permitir que los cárteles gobiernen regiones enteras. Traición es hablar de procesos de cambio (que efectivamente se están llevando a cabo, pero sin calendario para que en cada parte del territorio nacional gobierno en realidad el Estado y se recupere la paz perdida) cuando la gente muere aquí y ahora. La soberanía verdadera no se mide en discursos solemnes. Se mide en hechos. Se mide en la capacidad de defender a los ciudadanos. Negar la cooperación en nombre de una consigna ineficaz no es dignidad. Es rendirse. Y esa rendición, disfrazada de patriotismo, sí traiciona a la patria.