En las últimas semanas el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha desplegado una estrategia política y mediática acusando de narco al actual gobierno y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Atemorizado por ser llevado a juicio político y desaforado, Alito lanza mechas para incendiar a la opinión pública desgranando una serie de calificativos y amenazas, como haber denunciado ante el FBI al “Cártel de Macuspana”, como bautizó al grupo político de Tabasco.

Pero la memoria pública no es tan débil como quisieran los estrategas electorales del PRI, que desearían borrar de su pasado una larga lista de miembros importantes de sus filas involucrados en el narcotráfico desde hace medio siglo o que han estado implicados en delitos graves de corrupción. De hecho, es el PRI el partido con el mayor numero de expedientes de narco entre sus filas.

En las hojas del libro de la historia priista están registrados pasajes que el hoy dirigente del partido y senador Alito Moreno quiere evadir, evitar o sacudirse cuando califica y denuncia que la actual administración es la que tiene el mayor historial de vínculos un narco gobierno.

No obstante, dichos pasajes están escritos con tinta indeleble en la memoria social que identifica al PRI por esa larga cauda de corrupción, generando un rechazo general que lo está llevando a la posibilidad de perder el registro nacional en la elección de 2030.

Cómo olvidar, por ejemplo, que Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de jefes y líder de una organización bautizada como Cártel de Guadalajara, fuese cobijado y prohijado por el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis.

También ese pasaje donde quedó registrado que en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) hubo estrechos lazos con el Cártel de Guadalajara a través de su cuñado Rubén Zuno Arce, quien estaba casado con la hermana de Echeverría, María Esther.

De la misma manera que durante los gobiernos de los presidentes José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988) el manto del gobierno cubrió a Ernesto y Rafael Caro Quintero en Guadalajara.

Asimismo, que en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo se hayan entronizado los hermanos Jesús y Adán Amezcua, “Los reyes de las metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, quienes mantenían vínculos con la familia de la esposa del presidente, Nilda Patricia.

En algún momento reciente hubo por lo menos 30 militantes del PRI señalados o investigados por presuntas relaciones con el crimen organizado o actos de corrupción. De éstos, 21 eran exgobernadores que han incurrido, cinco de ellos acusados de colusión con el narcotráfico.

En esta lista negra está Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) por enriquecimiento ilícito se encuentra ahora en la cárcel acusado de lavado de dinero y falsificación de documentos. Además, se le acusa de proteger al exfiscal Édgar Veytia, preso en Estados Unidos por importación y distribución de drogas.

También aparece en esta zaga delincuencial Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán (2012-2014) del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Luego estuvo rodeado de escándalo después de que su hijo Rodrigo Vallejo Mora, apodado El Gerber, fuera grabado en un encuentro con Servando Gómez alias La Tuta.

Jesús Reyna García (del PRI), encargado de ocupar el cargo de gobernador interino de Michoacán, tras la salida de Fausto Vallejo, fue llevado a la cárcel en 2014 por la fiscalía mexicana, investigado de “posibles contactos” con el cártel narcotraficante de Los Caballeros Templarios.

Otro más de los priistas es Humberto Moreira, exlíder nacional del PRI y hermano del ahora diputado Rubén Moreira, detenido en España en enero de este 2016, señalado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, así como malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

El caso del exgobernador de Quintana Roo, es emblemático. Mario Villanueva Madrid fue acusado directamente de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue condenado en México y Estados Unidos, y liberado en 2020 por motivos de salud.

Igualmente es el tamaulipeco Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, quien durante su mandato como gobernador (1999-2005) fue encontrado culpable de recibir sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas. También incurrió en lavado de dinero mediante la compra de propiedades en EU. Extraditado desde Francia en 2018, se declaró culpable en Estados Unidos en 2021 y actualmente está preso.

Eugenio Hernández Flores, también exgobernador de Tamaulipas (2005-2010), fue acusado de lavado de dinero a través de empresas fantasma y de presuntos vínculos con el narcotráfico.

En tanto que Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz (2004-2010), fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña.

En esta fila de nombres de priistas destacados no se incluyen los que están involucrados en escándalos de pederastia como el exgobernador poblano Mario Marín Torres, de corrupción y lavado de dinero como el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez o el de Veracruz, Javier Duarte.

Y en esta lista, por cierto, también estaría el propio Alito Alejandro Moreno, quien tiene una investigación de la fiscalía de Campeche, donde fue gobernador, acusado por el presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos de las arcas públicas.