En lugar de responder a las demandas de conectividad, inclusión digital y libertad de expresión, la iniciativa de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión está diseñada para concentrar poder, censurar y restringir, no para ampliar derechos, fomentar pluralidad ni promover un ecosistema digital convergente.

Presentada y aprobada en comisiones legislativas a un ritmo acelerado, la iniciativa representa un retroceso en el marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión en México. El país enfrenta una encrucijada: abrazar la digitalización con base en derechos o volver a modelos centralistas y oficialistas que priorizan la verticalidad del poder por encima de los servicios públicos de interés general.

Uno de los ejes más preocupantes de la propuesta es la concentración de poder y atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un órgano subordinado al Ejecutivo federal que concentrará funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona.

Este diseño institucional rompe con el principio de independencia regulatoria, pone en entredicho la imparcialidad en la toma de decisiones y contradice lo estipulado por el T-MEC, que exige que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.

La propuesta legal contempla la facultad de la ATDT para bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos. Cualquier aplicación o servicio digital podría ser bloqueado. Esto no sólo vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información: representa una peligrosa concentración de poder que coloca en manos de una autoridad administrativa la capacidad de silenciar voces, controlar el acceso a contenidos y limitar derechos habilitados por internet como educación, salud, cultura o movilidad.

Este afán controlador se confirma en otro apartado: la exigencia de autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos audiovisuales patrocinados por gobiernos extranjeros. La censura previa es rechazada por tratados internacionales de derechos humanos. Introducirla en pleno siglo XXI revela una visión anacrónica, autoritaria y profundamente desconectada del ecosistema informativo global.

Otro punto grave es la eliminación del régimen de propiedad cruzada de medios. La legislación vigente contiene disposiciones destinadas a evitar la concentración de frecuencias y mercados, elementos esenciales para preservar la pluralidad informativa. Suprimir estas salvaguardas legales abre la puerta a una mayor concentración mediática y de frecuencias, debilitando la diversidad de voces y contenidos en un país que ya enfrenta serios desafíos en materia de pluralismo informativo.

La iniciativa también amenaza la neutralidad de la red. Al suprimir los lineamientos técnicos que garantizaban que los proveedores de servicios de internet no discriminaran contenidos ni limitaran el acceso o la velocidad contratada. La neutralidad de la red es una condición para garantizar que todos los usuarios tengan acceso igualitario a los contenidos y servicios disponibles en línea.

No se detiene ahí: la ley contempla un registro de usuarios móviles, un intento ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte por poner en riesgo la privacidad, la protección de datos personales y abrir la puerta al ciberespionaje institucional.

En el ámbito de la radiodifusión pública, la iniciativa elimina los principios establecidos en la reforma constitucional de 2013: independencia editorial, autonomía financiera, participación ciudadana y acceso a tecnologías. La omisión no es casual; busca consolidar medios oficialistas bajo control vertical, debilitando su misión como garantes del derecho a la información plural y culturalmente diverso.

A los medios comunitarios, sociales, indígenas y afromexicanos se les apoya con migajas. Aunque se les reserva 10% del espectro en FM y una mínima capacidad de comercialización de 40 segundos por hora, estos medios requieren más espacio en el espectro, mayor acceso a financiamiento público federal y libertad de organización para representar genuinamente la voz de las comunidades que sirven.

En cuanto al acceso a servicios digitales, la propuesta no soluciona uno de los principales obstáculos a la conectividad en México: el costo elevadísimo del espectro radioeléctrico, uno de los más caros del mundo.

Espectro caro equivale a conectividad limitada y exclusión digital. Si el Estado realmente quiere cerrar la brecha digital, debe repensar su política fiscal en esta materia. Más que recaudar a corto plazo, el verdadero beneficio económico y social del espectro está en su uso intensivo para habilitar redes, servicios e innovación en todo el territorio.

Por si fuera poco, los operadores públicos como CFE Telecom e Internet para Todos están compitiendo en mercados urbanos y rentables, en lugar de concentrarse en su misión social: llevar conectividad a las comunidades rurales, marginadas y desconectadas. Se desvirtúa así su razón de ser y se desperdician o trasladan a actores privados recursos públicos que deberían destinarse a cerrar la brecha digital del país. Las redes públicas deben operar con total transparencia, bajo objetivos medibles de cobertura y sin ninguna posibilidad de censura de contenidos o plataformas digitales.

México necesita una política digital basada en derechos, no en controles. Necesita instituciones técnicas, independientes, que regulen con base en evidencia y no en intereses políticos. Necesita fortalecer su ecosistema de medios públicos y comunitarios, ampliar el acceso al espectro y garantizar una internet abierta, plural, incluyente y segura.

La nueva ley telecom no responde a estos desafíos. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. La digitalización del país no puede construirse sobre una arquitectura legal diseñada para controlar, cuando lo que urge es conectar, digitalizar, habilitar y democratizar el acceso a las tecnologías. Porque sin inclusión digital, no hay democracia plena.

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