El desarrollo de capacidades científicas en México ha sido una aspiración y trayectoria de largo tiempo, prácticamente desde nuestro origen como nación. Antecedentes valiosos fueron el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Establecimiento de Ciencias Médicas, fundados en 1833; la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en 1851; el Observatorio Astronómico Nacional, en 1878, así como el Instituto Médico Nacional y el Instituto Geológico Nacional en 1888.

Antecedentes más cercanos son el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, creados por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Poco después se fundó El Colegio de México (1940) y la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, en 1942, iniciativa que avanzó hacia una política de Estado para las ciencias. De aquí surgió el Instituto Nacional de la Investigación Científica, en 1950, que dos décadas después evolucionó como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual abrió una nueva etapa de la política nacional de excelencia científica y para el desarrollo nacional.

Como política de Estado, la ruta de institucionalización de la ciencia, tecnología y la formación especializada fue un esfuerzo paralelo al realizado por otras instituciones, como las universidades y, en especial, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y su Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Por supuesto, existen a lo largo del país otras instituciones dedicadas a la ciencia y tecnología, que referimos ahora en conjunto.

A partir del Conacyt fueron creados o articulados al sistema un conjunto de instituciones que tenían un deliberado enfoque de alta especialización y competencia internacional en diferentes campos científicos: los Centros Públicos de Investigación (25), actualmente adscritos a la Secretaría de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación. Sus sedes están distribuidas en todo el territorio nacional, contribuyendo así a la descentralización de las ciencias y tecnologías.

Desde su consolidación en 1999, mediante la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, los CPI fortalecieron el desarrollo institucional, capacidades propias y su articulación como un sistema científico nacional. Medida su evolución a partir de indicadores de excelencia, como producción científica, formación de personal científico, desarrollos tecnológicos, vinculación con sectores empresarial, social y gubernamental, los CPI continuamente innovaron sus tareas sustantivas. Fue decisiva para su exitosa trayectoria la autonomía administrativa y la implementación de instancias internas y externas, colegiadas y especializadas, que evalúan continuamente su desempeño. 

Difícilmente se encontrará en la administración pública un sistema de evaluación más riguroso que el operado para los CPI. Originalmente fue dirigido por Conacyt (hoy SECIHTI) y por juntas de gobierno con participación gubernamental, social y con pares académicos. Un criterio fundamental, irrenunciable en el funcionamiento de los CPI, es el predominio de los criterios y procedimientos académicos, especializados, para el ingreso, promoción y permanencia de su personal; también, para la integración y funcionamiento de los órganos internos colegiados e incluso para el nombramiento de su personal en puestos directivos.

La política de “recomendaciones”, el pago de favores y otros desvíos burocráticos son incompatibles con el hacer científico y con los cargos de estas instituciones. La política burocrática no equivale a capacidades científicas, ni liderazgo académico, ni horizonte de desarrollo para instituciones que generan conocimiento y tecnología; por el contrario, causan estancamiento e involución.

La Ley de Ciencia y Tecnología del año 2002 fue el avance más notable hacia la especialización de los CPI y la vigencia de un marco jurídico mejor adaptado a instituciones científicas y a sus tareas especializadas. Posibilitó una mayor autonomía de gestión, técnica, operativa y administrativa; nuevamente, bajo rigurosos criterios de evaluación de desempeño, midiendo semestralmente avances y compromisos utilizando indicadores medibles.

Considerando los antecedentes legislativos de 1999 y de 2002, se hubiera esperado que la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada en 2023, enfatizara la autonomía de los CPI y sus capacidades de auto regulación. 

Con la nueva ley los vientos cambiaron, entre otros aspectos al definir centralmente los objetivos de investigación mediante los Programas Nacionales Estratégicos –ya no por los centros– y al eliminar los Fideicomisos de Investigación que eran pieza fundamental de gestión para las actividades sustantivas de los CPI. 

En general, un espíritu de centralización –y escasa valoración del conocimiento– interrumpió la trayectoria que había sido abierta al iniciar el siglo XXI. 

En materia de ciencia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 apenas dedicó cinco renglones al tema: apoyar la ciencia, otorgar becas y estímulos y coordinar un Plan Nacional de Innovación, del que se publicó algo hasta mayo de 2024, al finalizar el sexenio. 

En materia de presupuesto, los recursos destinados por el gobierno federal a ciencia y tecnología, mediante el Ramo 38 del Presupuesto de Egresos –el ejercido y reportado por la Cuenta Pública– muestra un pronunciado declive durante los últimos años. Más allá de los cambios legislativos recientes, el hecho práctico para los CPI es deterioro presupuestal, complicaciones de gestión en prácticamente todos los centros, centralización de decisiones, reducción de capacidades propias y, sobre todo, un horizonte frenado que contrasta con el periodo de crecimiento de las primeras décadas del siglo XXI.

Comparando el gasto ejercido en 2016 con el de 2025, con pesos constantes de este último año, la reducción acumulada para el sector es de 21.1 por ciento. Es decir, el conjunto de los CPI y la actual SECIHTI tienen muchos menos recursos que hace 10 años, cuando lo esperado es lo contrario. Para algunos centros, los que han perdido menos (nueve), la caída en el gasto ronda entre 12 y 18 por ciento; para otro grupo (12) la reducción oscila entre 20 y 33%: y para los que han perdido más recursos (cuatro) la reducción es drástica: entre 37 y 45% (justo los especializados en tecnología e ingenierías).

La larga historia del país para construir una política científica e instituciones capaces de promover el desarrollo nacional ha encontrado, en la actual coyuntura, un periodo de estancamiento. Los cambios en la legislación de 2023 y en 2024 –que creó a la actual SECIHTI– desde la perspectiva de los recursos financieros y consolidación de las capacidades de los CPI no tienen, hasta ahora, mejores resultados. 

Un obstáculo evidente es la reducida asignación financiera para las actividades científicas; un obstáculo paralelo es haber limitado las capacidades propias de gestión de recursos que tenían los CPI; otros más son de naturaleza burocrática que han limitado su funcionalidad.

Ante la coyuntura, por lo pronto, es deseable abrir espacios para que las comunidades científicas participen en el análisis objetivo del funcionamiento de los CPI, del sistema de centros y del marco normativo general. El propósito sería diseñar iniciativas que permitan fortalecer una política científica nacional, federal, especializada y rigurosa, distante de poderes e intereses burocráticos. Se trata de una cuestión crucial para la nación y su desarrollo.

*Expresidente de El Colegio de la Frontera Norte