El gaschicol, o robo de gas LP a instalaciones de Pemex, es un problema de seguridad nacional, como lo es el huachicol o robo de gasolina. Y aunque no tiene la misma atención pública, en el último sexenio esta rapiña se ha incrementado de forma alarmante, impactando a las empresas permisionarias que en las últimas semanas han solicitado una reunión urgente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con cifras de los permisionarios, en los últimos seis años se han descubierto 11 mil 720 tomas clandestinas, es decir, más de 5 diarias, con una extracción estimada en 60 mil toneladas mensuales y una afectación económica de 16 mil millones de pesos cada año.

De esa magnitud es este problema de robo y venta de gas LP a instalaciones de Pemex que se ha convertido en uno de los negocios más importantes y lucrativos de las bandas delincuenciales, pues se estima que al menos 40% del combustible que se suministra al mercado nacional proviene del llamado gaschicol.

Recientemente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amexgas), denunció que estiman que cada mes se distribuyen más de 30 mil toneladas del gas por grupos que “no pueden acreditar la trazabilidad ni la compra y que no son permisionarios”.

Por su parte, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal denunció que el mayor número de tomas clandestinas para cometer el gaschicol fueron detectadas en Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México.

El ducto que transporta este combustible atraviesa los estados de Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco, por lo que ésta es la zona de mayor consumo y disponibilidad del combustible.

En el estado de Puebla se han detectado recientemente 426 perforaciones ilegales en ductos que transportaban gas LP, es decir, se identificó una toma cada 20 horas.

Mientras que en Veracruz se ubicaron 245 tomas clandestinas, con un promedio de una al día; en Tlaxcala, donde el fenómeno de robo de combustibles se ha incrementado, fueron encontradas 127 tomas clandestinas, una casi cada tres días; y en el Estado de México se contabilizaron 94.

El robo de gas se inicia con la perforación del ducto, pero para poder realizar una toma clandestina es necesario que el ducto no tenga mucha presión (por lo que es muy frecuente que lo hagan de noche), esto con el fin de colocar una válvula y mangueras que permitan desviar el gas.

Se trata de técnicos muy especializados que, en grupo de cinco a diez personas, con equipo especial se conectan con un tubo y una manguera y extraen para llenar pipas grandes.

Cuando extraen el gas LP sale en estado líquido y gaseoso, y con los equipos ilegalmente conectados llenan pipas con capacidad para 12 mil, 18 mil y 24 mil litros, las cuales son enviadas a los llamados “encierros”: bodegas o terrenos a los cuales llegan pipas de menor tamaño (de cuatro mil litros) para el reparto directo al mercado, ya sea doméstico o para las estaciones de carburación.

El otro modo de operación es que esas pipas que salen también van a estaciones de carburación clandestinas, a donde también llegan otros vehículos de reparto a llenarse.

Según directivos de las empresas permisionarias de gas LP, en México operan 379 mil estaciones de carburación, sin embargo, de éstas, 45.6%, equivalente a 170 puntos, son ilegales.

A esta situación también se suman los robos de camiones, extorsiones o derecho de piso que cobra el crimen organizado a los distribuidores que operan de manera legal.

Según empresarios permisionarios, hay grupos que están pidiendo hasta 5 mil pesos por entrar a ciertas regiones o de 500 pesos a mil pesos semanales.

Las consecuencias del gaschicol trascienden a los empresarios y llegan hasta el gobierno por la falta de recaudación fiscal, el daño a la infraestructura petrolera y el robo de pipas, entre otros.

Por cierto... El gaschicol golpea las ventas de Pemex. Se estima una sustracción ilícita de poco más de 50 mil toneladas mensuales y un daño económico a Pemex de 20 mil millones de pesos anuales. Mientras, los permisionarios de gas LP, con 85 años de trabajo desarrollando una cadena de suministro, no han recibido respuesta de las autoridades del gobierno de contar con una “tarifa de distribución” que les permita solventar los costos, gastos e inversiones de su actividad permisionada.