Nuestro orden constitucional se ha violado, un producto de esa violación es la reforma judicial, ella viola derechos de la sociedad y de las personas juzgadoras, y ahora resulta que los derechos de la “elección judicial” que se han creado con esa violación se sobreponen a todos los demás derechos que han quedado en juego. Peor, hay un trío de personajes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con entera disposición a salvaguardar aquella “elección”.

La realidad es tan grave que no soportan lo expresado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, programado para discutirse en el Pleno de la Corte este jueves. Un texto que debería convertirse en lectura obligada en cada clase de Civismo y en cada aula de Derecho para entender hasta dónde hemos tropezado.

Su estudio de fondo lo puede entender cualquiera, sin poder pretextar lo formalista del lenguaje jurídico. En él se admite que ahora cada autoridad puede decidir, a su conveniencia, cuándo acatar el Derecho y cuándo incumplirlo. Más en concreto, escoger qué resoluciones judiciales observar y cuáles ignorar. Al dar este paso, en mi opinión, le han confirmado a nuestra sociedad que la legalidad es mero adorno.

Si el trío de la Sala Superior del Tribunal Electoral exhibe un adelanto de lo que nos espera con la nueva impartición de justicia, desconozco hasta dónde vamos a parar. En el proyecto se le exhibe a toda luz, irrumpió en una competencia que no le corresponde, invalidó decisiones judiciales de amparo, se atribuyó una facultad que no tiene para juzgar a las instancias de amparo y con ello violó su independencia.

Tristemente, en el proyecto también se afirma que las suspensiones de amparo que han pretendido frenar la “elección judicial” son equivocadas, porque el juicio de amparo resulta improcedente en materia electoral y aunque excepcionalmente puedan combatirse en esta vía violaciones a derechos humanos ocasionadas por actos electorales, no abarca la impugnación de normas y actuaciones que versen sobre el ejercicio de derechos electorales. Más contundente, a partir de la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, el proyecto recuerda que la Corte falló que las normas de la reforma judicial integran un sistema normativo electoral.

Aclara que no todos los contenidos de la reforma judicial son electorales y sólo respecto de ellos los juzgados y tribunales de amparo mantienen la posibilidad de estimar procedentes los amparos intentados y conservar las suspensiones que se acoten a aquellos componentes no electorales; como por ejemplo las regresiones a los alcances de protección para los derechos que ofrece el propio juicio de amparo.

Sin embargo, de aprobarse el proyecto, es muy clara la consecuencia propuesta, deberán modificarse las suspensiones dictadas y nada frenará la “elección judicial”. Lo cual me regresa al inicio de esta opinión, sin importar que nuestro orden constitucional se haya violado, la “elección judicial” que se ha creado con dicha violación se coloca encima de todos los demás derechos que han sido vulnerados.

Si el Pleno de la Corte logra sesionar, dado que se han planteado impedimentos de sus integrantes, y de reunirse votos suficientes respecto de esta segunda parte del proyecto comentado, las violaciones a los derechos de la sociedad y de personas juzgadoras provocados por la reforma judicial ya no encontrarán remedio oportuno en sedes nacionales. Nos habremos quedado sin estos derechos en esta realidad.

Escenario en el cual, ahora sí, de una vez por todas, ante la inutilidad de nuestras instancias judiciales internas, podrá avanzarse a sedes internacionales de garantía de derechos humanos, sin tener que aguardar la resolución de cientos de amparos. Pero un gravísimo daño estará consumado, porque en la práctica la sociedad podrá apreciar con toda crudeza que aquí no hay derechos que valgan más que el poder. La última esperanza sería el dictado de medidas cautelares desde sede externa que ordenaran conservar en sus cargos a las personas juzgadoras, pero sin Derecho, ¿alguien piensa que las autoridades oficialistas acatarán esa orden internacional?