La decisión de la Suprema Corte Política de la Nación que avala el cobro de 2% como “aprovechamiento” a las plataformas de transporte y delivery en la Ciudad de México es, además de una mala política pública, una radiografía cruda de la explícita hostilidad de las autoridades hacia la economía digital.

La Corte Populista validó que empresas que intermedian viajes y entregas paguen una cuota de 2% bajo el argumento de compensar el uso de la infraestructura urbana. El silogismo legal no reduce el golpe económico que representa para un sector que ha sido motor de innovación y empleo.

Las declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel intentaron poner bálsamo retórico. Dijo que ese aprovechamiento “no se trasladará” a conductores, repartidores ni a usuarios. Es una promesa voluntariosa sin mecanismo eficaz de control que ignora que la presión económica siempre busca redistribirse en la cadena de valor.

Cuando el Estado obliga a una empresa a pagar más, la lógica de mercado empuja a transferir los costos: menos comisiones, menor inversión en tecnología, presiones sobre tarifas o menor remuneración para los socios. La simple enunciación de la ministra no anula esa lógica.

Es preciso explicar cómo y por qué el 2% golpea en todos los flancos de la economía digital. Para las plataformas significa una nueva carga administrativa y financiera que reduce su margen operativo, que ya es delgado para sostener inversiones en logística, seguridad, verificación de socios y tecnologías que mejoran experiencia y eficiencia como la inteligencia artificial.

Para los conductores y repartidores, aunque el gravamen no pese “legalmente” sobre ellos, la consecuencia práctica puede ser devastadora. Menos viajes, menor incentivo para conectar en franjas de alta demanda o ajustes en las tarifas que al final reducen sus ingresos reales.

Para los usuarios, el resultado será simple y predecible: servicios más caros y menor oferta (menos accesibilidad en zonas menos rentables) en una ciudad que necesita movilidad eficiente y opciones.

Y para los negocios que se apoyan de estas plataformas (restaurantes, farmacias, tiendas de conveniencia) significa absorber o trasladar un costo adicional que erosiona utilidades ya magras por la inflación y encarece productos al consumidor.

Recordemos algo elemental. Estas plataformas, sus colaboradores y los comercios asociados ya pagan impuestos. Durante la pandemia fueron actores de primera línea: pivotaron operaciones, garantizaron servicio a millones, sostuvieron cadenas de abastecimiento y ofrecieron ingresos a miles de trabajadores y sus familias que hubieran quedado sin alternativas formales. Magro reconocimiento al imponerles un impuesto adicional de 2%.

Penalizarlas con un cobro específico por “usar las calles” es castigarlas por haber sido útiles cuando más se las necesitó. Es una visión miope del entonces gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum y ahora de los ministros políticos porque la infraestructura urbana se utiliza por una multitud de causas y usuarios (vehículos particulares, transporte público, taxis, camiones de carga).

¿Por qué gravar a quienes operan por plataformas y no exigir un esquema similar a taxistas tradicionales, que ruedan horas y horas sobre la misma red vial sin este gravamen? No me malinterpreten: no se trata de cobrar más a todos o si la política es inconstitucional o no o si es sencillamente discriminatoria porque todos usamos la infraestructura urbana.

La CDMX y el país no actúan de manera aislada porque el contexto regulatorio y fiscal es una andanada de iniciativas que golpean y asfixian la economía digital. Desde paquetes económicos y administrativos que habilitan el acceso permanente y en tiempo real a sistemas y bases de datos de plataformas, hasta bloqueos temporales de servicios digitales por incumplimiento fiscal. Esas medidas son intrusivas para la privacidad y la seguridad de datos de millones de usuarios; son estrategias de presión que pueden apagar negocios y oportunidades de la noche a la mañana.

A eso súmese un paquete de obligaciones fiscales federales que aumentan las retenciones de impuestos sobre quienes venden por internet, con tasas de retención que pueden asfixiar a pymes que usan marketplaces para emprender y sobrevivir.

Por un lado, la autoridad local aplica un cobro extra a plataformas por “uso de calles”; por otro, el diseño fiscal nacional engorda la retención sobre los mismos ecosistemas digitales y amenaza con bloquearlos. El resultado es una múltiple penalización que encarece la operación y reduce la competitividad de las pymes que el país debería fortalecer.

Tampoco olvidemos las restricciones y operativos que dejan fuera de aeropuertos y terminales de autobuses a servicios de movilidad por aplicación. Son decisiones que privilegian modelos antiguos frente a soluciones tecnológicas que podrían coordinarse para ofrecer servicios eficientes y seguros.

El cóctel antidigital (gravámenes, retenciones, accesos en tiempo real, bloqueos y prohibiciones territoriales) configura una política pública hostil, coordinada en distintos niveles, que conculca derechos digitales, encarece servicios para usuarios, daña la sostenibilidad de modelos de negocio digitales y frena el crecimiento de la economía digital.

La responsabilidad de los gobiernos locales y federal, y una Suprema Corte que ya está tomando decisiones políticas, dibujan un entorno que no protege ni promueve a los usuarios ni potencia la innovación.

El cobro del 2% es la confesión de que la Ciudad de México no quiere y está decidida a frenar la economía digital. Eso debería preocuparnos a todos: trabajadores, consumidores y empresas, porque todo terminará digitalizado.

Si en nombre del mantenimiento urbano se mina la competitividad, se desincentiva la formalidad y se erosiona el valor social que estas plataformas han creado, el precio lo pagaremos en pérdida de empleo, menor oferta y servicios más caros.

Nadie se engaña. Seguiremos rodando por la CDMX a paso cada vez más lento por un tráfico que agota y frustra, esquivando no sólo los baches y los obstáculos físicos, también los mentales de quienes toman las decisiones.

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