Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuyo origen se remonta a la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es un día para reflexionar sobre el estado que guardan en el mundo y en México las libertades y garantías de la sociedad. Sin embargo, no podemos pasar por alto las crisis estructurales en las que se encuentran los derechos hoy en día.

En las democracias contemporáneas los derechos humanos están reconocidos en constituciones y leyes secundarias. Cuando los derechos se amplifican estamos ante la expansión de la ciudadanía: las personas tienen mayores márgenes de libertad. No obstante, cuando se limitan, entonces la ciudadanía ve acotado el margen de maniobra.

A escala mundial, durante la última década hemos presenciado conflictos armados, inseguridad global, crisis económicas, problemas ambientales y una profunda desigualdad social. Incluso, los procesos democráticos son cada vez más inciertos y conflictivos. En el caso de América Latina los cambios políticos en gran parte de los países, incluyendo México, propiciaron reformas al marco normativo y la reestructuración del propio Estado.

Un ejemplo es el derecho que tienen las personas a conocer lo público. Si bien es cierto que el artículo 6 constitucional garantiza el derecho de acceso a la información y la libertad informativa, y el artículo 16 protege los datos personales, la manera en la cual se garantizaban y ejercían estas garantías ha cambiado radicalmente. Mediante reformas el sistema político actual desapareció a los órganos autónomos que tutelaban estos derechos. Hoy la tutela ya no depende de una entidad autónoma del Estado, sino del mismo Estado.

La manera en la cual se protegían el acceso a la información pública y la protección de datos personales era precisamente para evitar la subordinación de su ejercicio a lo político. Su garantía requería vigilancia técnica y profesional. La autonomía de estas instituciones no era un capricho, sino una medida funcional: la configuración democrática de México requería de este tipo de instituciones dado el largo pasado de opacidad y control de la información. Hoy, la centralización de estas funciones deja el ejercicio de estos derechos en un escenario de incertidumbre.

Otro derecho que cambió por las políticas recientes es el derecho a la salud. La reducción de presupuesto en varios rubros ha derivado en desabasto de medicamentos, falta de equipos, insuficiencia de personal y problemas logísticos que afectan directamente la atención médica. La transición hacia el modelo IMSS-Bienestar tampoco logró consolidarse plenamente ocasionando incertidumbre: las personas no tienen claro cómo, dónde y bajo qué reglas deben ser atendidas. La salud es un derecho basado en la dignidad y el bienestar. Un derecho constitucional que no se materializa en la vida cotidiana pierde su utilidad y se convierte en un simple ideal.

En materia de justicia, recientes cambios (particularmente la reforma que propone la elección directa de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) han generado preocupación sobre la independencia judicial y la estabilidad del sistema jurídico. Sin un Poder Judicial con autonomía plena, se pierde la protección efectiva de los derechos humanos. La justicia no puede estar sujeta a criterios políticos y a procesos electorales que comprometan su imparcialidad.

El derecho al agua también enfrenta un escenario complejo. El reciente debate nacional sobre concesiones de agua para productores y campesinos, caracterizado por la opacidad informativa y la confusión ocasionada por los mismos actores políticos, lo único que demuestra es que todos estos cambios en un periodo de tiempo largo tendrán efectos secundarios sobre la vida de las personas.

Ante este escenario, el 10 de diciembre es una fecha para reflexionar sobre el estado actual de cada derecho humano y preguntarnos: ¿qué está pasando con las leyes reglamentarias?, ¿siguen garantizando realmente lo que promete la Constitución?, ¿se están fortaleciendo los derechos o están siendo diluidos?

Un derecho humano no se mide por su presencia en el texto constitucional, sino por la práctica efectiva. Cuando las instituciones se debilitan, cuando el presupuesto se reduce, cuando hay confusión normativa o concentración de funciones, los derechos humanos pierden relevancia y dejan de ser funcionales.

Este 10 de diciembre la invitación no fue para celebrar avances, sino para reconocer el escenario en el que se encuentran los derechos humanos. Todas las garantías como el acceso a la información, la salud, la justicia, la privacidad o la educación deben ser protegidas por el Estado; no mediante discursos, sino con leyes claras, producidas bajo el escrutinio público, con instituciones sólidas y políticas públicas que respeten y promuevan la dignidad humana.