Ahora que se discutió y aprobaron las reformas a la Ley de Amparo, de manera casi natural en los medios de comunicación salió a relucir el caso de Ricardo Salinas Pliego, quien desde el 2008 a la fecha acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos.

El nombre del personaje se hizo notorio luego de que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que el empresario dueño del corporativo Elektra ha interpuesto hasta la fecha decenas de amparos en 32 juicios usando recursos judiciales en instancias administrativas y judiciales, interponiendo bajo el amparo de la ley impedimentos para dilatar resoluciones.

El punto central de la discusión dentro y fuera del Poder Legislativo fue un artículo transitorio que al final se aprobó, el cual deja a criterio de las instancias judiciales establecer que las etapas procesales de juicio de amparo concluidas se rijan por las disposiciones vigentes al inicio de su tramitación, y para etapas posteriores se apliquen las nuevas.

El dictamen aprobado tanto por diputados y por senadores en su mayoría de Morena, modifica la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución mexicana, además del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La lectura política de estos cambios que establecen que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) —producto de la reforma judicial— será el encargado de determinar la integración de los expedientes de juicio de amparo es que la presente administración quiere recuperar más de dos billones de pesos, en su mayoría de micro y pequeñas empresas.

“El propósito del oficialismo es muy claro: quebraron al país y ya no saben de dónde sacar recursos. De esos créditos fiscales, más de 190 mil son de pequeños comercios y microempresas”, dijo la senadora Carolina Viggiano en la discusión de la Cámara Alta.

La oposición centró su discusión en que se viola la Constitución por una retroactividad disfrazada en el juicio de amparo, que es un mecanismo constitucional y una herramienta esencial en el derecho mexicano, que busca proteger a las personas frente a actos de autoridad que puedan ser violatorios de derechos.

Es bajo esta figura que personajes como Ricardo Salinas Pliego, al frente de un equipo de abogados, se ha escudado para no pagar la deuda millonaria al Sistema de Administración Tributaria. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiso negociar para pagar una cantidad ínfima de la deuda, 8 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta los intereses generados al paso del tiempo que han ido acumulando y ahora son 74 mil millones.

Escudándose en el amparo y en la ley desde 2008 el grupo empresarial de Salinas Pliego ha recurrido, según la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación: con 3 juicios con un monto superior a 26 mil millones de pesos.

Mientras ante Tribunales Colegiados de Circuito: 5 juicios relevantes con más de 20 mil millones de pesos. En Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 11 juicios por aproximadamente 8 mil millones de pesos. En el Sistema de Administración Tributaria: 13 juicios/instancias que suman cerca de 20 mil millones de pesos.

Salinas Pliego, a través de sus redes sociales y de los noticieros de TV Azteca y Canal 40, ha alegado que los ministros y ahora los legisladores de Morena y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum tienen intereses personales en contra del grupo.

Pero lo que no dice el empresario que luce yates y aviones de lujo en sus vacaciones es que si un ciudadano de a pie le debe a Elektra será demandado por la empresa, que puede aplicar un embargo judicial o vender esa deuda a un despacho de cobranza. Y si no puede pagar, entonces se podría llegar a un embargo y las autoridades accederán al domicilio para sustraer los bienes que se requieran para ser vendidos y pagar la parte correspondiente a Elektra.