josé gil olmos
Reforma judicial sí, pero no así
Trabajadores, empleados y estudiantes han formado el dique que no se esperaban el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena.Los estudiantes siempre han sido actores del cambio. Basta con recordar que Claudia Sheinbaum y una buena parte del equipo del gobierno amloista y de Morena vienen de los movimientos de la UNAM que en 1987 y 1996 encabezaron las manifestaciones estudiantiles que luego se unieron a otros movimientos y partidos que hoy están en el poder. La memoria es fundamental.
A partir de la aparición de grupos de diferentes universidades públicas y privadas, que con el grito “Reforma judicial sí, pero no así” se hicieron presentes, las manifestaciones de empleados y trabajadores del Poder Judicial de todo el país en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tomaron un ímpetu que no tenían previsto en Palacio Nacional.
Los estudiantes han dicho que no están en contra de una reforma al Poder Judicial, pues saben de los enormes déficits, corrupción, impunidad y falta de personal que existe y que urge para dar respuesta a una de las necesidades sociales más apremiantes. No es posible, por ejemplo, que exista más de 90% de impunidad en los casos que llegan a tribunales, que en los ministerios públicos se dirima la justicia con dinero o que las familias de miles de desaparecidos y asesinados no sean escuchadas.
Nadie está en contra de cambiar el Poder Judicial, pero los estudiantes supieron resumir en una sola frase, en una sola idea, la razón de su rechazo: no como la quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, no a la voluntad del presidente que quiere irse cumpliendo una de sus venganzas, no de la manera en que está planteada de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, desapareciendo la carrera judicial.
Y tampoco de la forma en que está siendo aprobada en las cámaras de Diputados y Senadores, que con todo el poder presidencial detrás se quiere aprobar de manera oprobiosa, eliminando el equilibrio de poderes tan necesario para la gobernabilidad.
Trabajadores, empleados y estudiantes han formado el dique que no se esperaban el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena. Sobre todo, porque estos tres sectores sociales fueron literalmente ninguneados en los foros donde se discutieron las reformas propuestas por el presidente y cuando algunos de ellos participó fue bajo la consigna de Morena de que sus propuestas no serían tomadas en cuenta, pues la orden desde Palacio Nacional era no mover ni una sola coma a la iniciativa de reforma constitucional.
El bloqueo que llevan a cabo los estudiantes, trabajadores y empleados del Poder Judicial a las instalaciones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pretende extenderse hasta el 1 de octubre, dándole un mensaje a Claudia Sheinbaum en su toma de protesta como presidenta de la República de que no están dispuestos a aceptar una reforma que sí les afecta y que no resuelve los problemas del Poder Judicial, entre ellos la corrupción.
El ímpetu estudiantil ayudó no sólo a empleados y trabajadores del Poder Judicial que se sintieron acompañados, sino también a las ministras y ministros que están en contra de la reforma presidencial y no tenían un apoyo de un grupo social tan importante como el estudiantado.
Pero también dio fuerza a los senadores de oposición que en un bloque de 43 (número fatídico para este gobierno que no dio respuesta a los familiares de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa) ya anunciaron que votarán en contra de la reforma presidencial.
Esta semana será fundamental para conocer el destino de la reforma al Poder Judicial que elaboró, envió e impulsó Andrés Manuel López Obrador, que con la prisa a cuestas en vísperas de dejar el poder presidencial quiere irse con la medalla de cumplir un capricho, una venganza, en contra de quienes considera sus adversarios.
Por cierto... Con ese deseo de no dejar nada suelto y mantener su poder en Morena, Andrés Manuel López Obrador ya tiene un plan: dejar en la presidencia del partido a Luisa María Alcalde, una joven política de 37 años de edad hecha a su manera, y a su hijo Andy en la secretaría general, quien será la correa de transmisión de sus deseos y órdenes para con la presidenta Claudia Sheinbaum.