CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 19 años de la desaparición forzada de los milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, y de contar desde hace casi cuatro años con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) que ordena la creación de una comisión interinstitucional para encontrarlos y sancionar a los responsables, familiares de las víctimas, sus representantes legales y organizaciones que los acompañan, denunciaron “una política sistemática de negacionismo, dilación y simulación” como principal obstáculo del esclarecimiento de este caso. 

En conferencia de prensa, en las inmediaciones de la SCJN, Nadin Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya, recordó que en agosto de 2022, el máximo tribunal de justicia del país, resolvió el amparo en revisión 51/2000 a través del cual se crea una Comisión Especial de Búsqueda (CEB), que es la primera en su tipo encaminada a coordinar los trabajos de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) encargadas de resolver el caso de los eperristas desaparecidos en el centro de Oaxaca el 25 de mayo de 2007.

Reyes Maldonado acusó que la respuesta de las instituciones para atender el caso ha sido “la simulación, la apuesta al desgaste y al olvido”, contó que desde que se implementó la CEB, se han realizado 26 reuniones de trabajo y que apenas el 19 de mayo la CNB, que es la instancia responsable de coordinar los esfuerzos, entregó un plan  de búsqueda “que dista mucho de ser integral, dado que no contiene la suficiente rigurosidad para lograr la búsqueda efectiva” de las víctimas ni mucho menos ha integrado las observaciones de los familiares ni de su perito independiente, Miguel Nieva. 

En el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que culmina el 30 de mayo, la también integrante del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, señaló que como parte de las exigencias no sólo está el esclarecimiento de la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, las de Fidencio Gómez Santiz, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), de las indígenas triquis Daniela y Virginia Cruz Ramírez, así como de los más de 130 mil desaparecidos oficialmente reconocidos. 

Apuntó que a 19 años de la desaparición de su padre y de Cruz Sánchez, los familiares de las víctimas de desaparición forzada han confirmado que “existe una lógica de dilación y simulación por parte de las fiscalías de no investigar ni sancionar a los responsables”.

Reyes Maldonado explicó que las omisiones de la FGR han permitido que testigos como Daniel Santiago Matías, indígena Loxicha que pudo haber sido el último en ver con vida a Edmundo y a Gabriel “en las mazmorras de la policía ministerial de Oaxaca", murió sin que las autoridades le tomaran su declaración.

En entrevista, la activista contó que a unas semanas que se lleve a cabo la inauguración del Mundial de Futbol, las autoridades federales y en los estados “tratan de invisibilizar, tratan de borrar, pues ya lo hemos visto, todas las fichas de búsqueda que las familias han pegado, los rostros que se están tratando de visibilizar en varias partes de la ciudad, en cuestión de segundos son borrados, entonces eso te muestra esta negativa del gobierno a querer dar respuestas a la situación”.

Agregó que como colectivo de familiares de personas desaparecidas, realizarán acciones de protesta con otros colectivos porque “con el Mundial se está tratando de borrar todo lo que tenga que ver con el tema de las personas desaparecidas, y creo que es importante visibilizar este contexto que estamos viviendo y aprovechar también esta visita de muchas personas que vienen al país en torno al Mundial para que también vean realmente lo que estamos viviendo, que es algo que completamente ha querido ocultar y más ahorita con todo esto”.

Sandino Rivero, abogado de las familias de los eperristas desaparecidos, explicó que en la sentencia que dio paso a la creación de la CEB, la SCJN “determinó que hubo una responsabilidad institucional en la desaparición de Edmundo y de Gabriel, pero además una responsabilidad compartida entre el Ejército mexicano, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez”, instituciones que habrían participado en un operativo en el que fueron desaparecidos los dos milicianos. 

Al señalar que a pesar de que la SCJN emitió hace casi cuatro años su sentencia, apenas hace dos se instaló la CEB, tiempo en el que “se han hecho solamente algunas búsquedas en el estado de Oaxaca, y faltan otras, no sólo en el estado de Oaxaca, sino también, por ejemplo, en los cuarteles militares, que fue una medida también ordenada por la Suprema Corte de Justicia, que la búsqueda del mundo y de Gabriel se tiene que realizar en cuarteles militares”.

Lamentó que no haya “una voluntad de interrogar, por ejemplo, a todos los mandos militares que ordenó la Suprema Corte de Justicia que se tenían que citar, ni mucho menos tomar comparecencia de todos los testigos que tenían datos o que tienen datos importantes que aportar sobre la investigación”.

Sandino Rivero señaló que tanto familiares como representantes legales continuarán impulsando el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.