CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un tribunal federal revocó la vinculación a proceso contra Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), investigado por el caso “La Estafa Maestra”, y ordenó su inmediata libertad al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la acusación de delincuencia organizada, informó su abogado Julio Hernández Barros. 

La sentencia fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito dentro del toca penal 8/2026, relacionado con la causa penal 400/2020. Por unanimidad, las magistradas Sara Olimpia Reyes García y Karla Guadalupe Pinedo Magaña, así como el magistrado ponente Josué Osvaldo Garduño Sánchez concluyeron que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron insuficientes para demostrar la existencia de una organización criminal destinada a operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En la parte resolutiva del fallo, el Tribunal establece que “se revoca el auto de vinculación a proceso” dictado por la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, dentro de la audiencia inicial del 13 de noviembre de 2025. 

Asimismo, precisa que “se dicta auto de no vinculación a proceso a favor de Jesús Alejandro Vera Jiménez por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita”, previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, “sin efectos de sobreseimiento”. 

El resolutivo agrega que “se ordena su inmediata libertad”. 

En entrevista exclusiva con Proceso, el abogado Julio Hernández Barros informó que la resolución ordena la libertad inmediata de su cliente y que, al momento de la conversación, se dirigía al penal federal del Altiplano para esperar su salida. 

“Tenemos la sentencia del Tribunal Colegiado en materia de apelaciones que ordena la libertad inmediata de Alejandro Vera”, declaró el litigante. 

El abogado afirmó que el fallo confirma que no existen elementos para acreditar la participación de Vera Jiménez en los hechos imputados. 

“Señala que él no participó y que no hay ninguna prueba de que haya intervenido en ningún contrato ni que haya tenido relación con los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República”, sostuvo. 

Vera Jiménez fue detenido por la FGR en noviembre de 2025 en el municipio de Cuautla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en 2018, dentro de las investigaciones relacionadas con el esquema de desvío de recursos públicos conocido como “La Estafa Maestra”. 

La acusación deriva de un convenio firmado el 1 de septiembre de 2014 entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la UAEM por 77 millones 847 mil 14 pesos, destinado al levantamiento de encuestas vinculadas con programas sociales. 

De acuerdo con las investigaciones federales, durante la gestión de Vera Jiménez al frente de la UAEM se habrían firmado convenios mediante los cuales presuntamente se desviaron recursos públicos federales relacionados con el programa “Cruzada Nacional contra el Hambre”, implementado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Sin embargo, el Tribunal estableció que Vera Jiménez no suscribió el convenio y que no existen elementos que lo vinculen con la licitación pública, la adjudicación de contratos ni la autorización de transferencias bancarias posteriores. El documento fue firmado por Gerardo Ávila García, representante legal de la universidad, y Wistano Luis Orozco García, entonces director de Empresas y Servicios de la UAEM. 

La sentencia también señala que no quedó acreditado “cuándo se conformó” la supuesta organización criminal ni “bajo qué circunstancias” sus integrantes habrían acordado cometer delitos. Incluso, los magistrados calificaron de “ilógico” sostener que Vera Jiménez integró una estructura delictiva únicamente por haber sido rector de la universidad. 

Además, precisaron que los recursos investigados provenían del erario federal y no de actividades ilícitas previas, por lo que el caso no encuadraba técnicamente en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita bajo la modalidad de delincuencia organizada. 

Pese a ello, la resolución retoma observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades detectadas en la ejecución del convenio. Entre ellas, que de los 6.9 millones de registros entregados por la UAEM a la Sedesol, más de 1.3 millones estaban duplicados hasta en 408 ocasiones, y que únicamente se realizó el 15.6 por ciento de las encuestas previstas. 

Hernández Barros sostuvo que su cliente “jamás debió haber pasado por este proceso” y aseguró que no tenía conocimiento de alguna otra causa penal pendiente en su contra. 

“Realmente no tengo ninguna duda de que él vaya a ser puesto en libertad en las próximas horas”, agregó. 

El Tribunal aclaró que el auto de no vinculación a proceso fue emitido “sin efectos de sobreseimiento”, por lo que la investigación de la FGR podría continuar si surgen nuevos elementos.