CUERNAVACA, Mor. (apro).- Durante la primera comparecencia del fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, diputadas confrontaron y exhibieron al funcionario por la dilación en la investigación contra el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado del presunto delito de violación en grado de tentativa, un caso que permanece sin judicializar mientras conserva fuero constitucional. 

En medio de cuestionamientos sobre el estado de la carpeta de investigación, legisladoras reclamaron la falta de avances sustanciales en un caso que sigue sin judicializar pese al tiempo transcurrido desde la denuncia, mientras el exmandatario mantiene inmunidad procesal como integrante de la Cámara de Diputados. 

El caso deriva de la denuncia presentada por Fabiola “N”, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien acusó que en diciembre de 2023 el entonces gobernador habría intentado agredirla sexualmente al interior de la residencia oficial de Casa Morelos. La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 2024. 

El fiscal respondió de manera evasiva a los señalamientos y evitó establecer un plazo para concluir las indagatorias, pese a que la carpeta lleva más de un año y medio en proceso de integración, situación que fue señalada por diputadas como un indicio de dilación institucional y falta de voluntad para judicializar el caso. 

La diputada de Nueva Alianza, Ruth Clotilde Rodríguez López, advirtió desde tribuna que el caso “no solamente tiene implicaciones jurídicas, sino también institucionales y políticas para el estado de Morelos”, al señalar que la ciudadanía observa si las instituciones actuarán “con la misma firmeza” frente a figuras de poder político nacional. 

La legisladora lanzó uno de los señalamientos más duros al afirmar: “Lo que está en juego en Morelos es saber si existe una Fiscalía capaz de investigar incluso a quienes históricamente parecían intocables o si las investigaciones se debilitan conforme aumenta el poder político del señalado”. 

Rodríguez López cuestionó si la Fiscalía ha integrado la carpeta “sin presiones políticas, sin acuerdos externos y con los elementos suficientes para sostener jurídicamente las actuaciones”. 

En respuesta, Blumenkron Escobar aseguró que la Fiscalía ha actuado “con estricto apego a derecho” y “sin presiones políticas”, aunque evitó precisar qué diligencias continúan pendientes, por qué el caso no ha sido judicializado y cuánto tiempo más tomará concluir la investigación. 

El fiscal tampoco aclaró si existe la intención de volver a solicitar el desafuero del exgobernador, pese a que la investigación permanece abierta desde hace más de un año y medio, luego de que la Cámara de Diputados federal desechó la solicitud de declaración de procedencia. 

Más adelante, la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo Maldonado, retomó el tema y sostuvo que el caso “no puede reducirse a un debate político ni a una discusión técnica entre poderes”. 

Desde tribuna, afirmó: “Detrás de este caso hay una denunciante, una acusación grave y una exigencia social de justicia”. 

La legisladora advirtió además que la desestimación de la solicitud de desafuero generó “una profunda preocupación pública” ante la percepción de que “el poder político puede convertirse en escudo frente a la ley”. 

Quevedo Maldonado cuestionó qué diligencias están pendientes para judicializar la carpeta y cuánto tiempo más pretende la Fiscalía mantener el caso abierto “sin una resolución clara”. 

También sostuvo: “Las mujeres de Morelos y de México necesitan saber que ninguna persona, sin importar su cargo o poder político, está por encima de la ley”. 

En su intervención final, Luz Dary Quevedo Maldonado recordó que el Congreso local aprobó por unanimidad un exhorto para que la Fiscalía retomara las investigaciones “lo más pronto posible” y, de ser procedente, promoviera nuevamente la solicitud de declaración de procedencia contra el exgobernador. 

"Es un asunto de interés social porque hay una víctima detrás”, expresó. 

Durante la comparecencia en el recinto legislativo se observó la presencia de personal de diversas dependencias cercano al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, quienes acudieron al acto en horario laboral para respaldar al fiscal. Entre ellos se identificó a Antonio Petatán, administrador de la gasolinera del DIF, y a Claudia Vázquez, jefa de departamento del IEBEM.